Bolivia: un comité investigará las denuncias de persecución política durante los años de gobierno de Evo Morales
Miércoles 04 de
Diciembre 2019
La junta fue creada a instancias del Ministerio de Justicia y coordinará sus actividades con el poder Judicial. La presidenta interina Jeanine Áñez aclaró que no se trata de “un acto de venganza, sino de responsabilidad”. El Ejecutivo sostiene que hay registrados cerca de 1.300 casos
Un comité investigará los supuestos casos de persecución política e ideológica durante los casi catorce años de Evo Morales en el poder, de acuerdo a lo informado este miércoles por el gobierno interino de Jeanine Áñez. El Ejecutivo boliviano asegura que hay registrados cerca de 1.300 casos.
“No es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”, aseguró Áñez, tras recibir la resolución que crea esa instancia de manos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en el palacio de Gobierno en La Paz.
El comité estudiará casos de “perseguidos y exiliados políticos de manera injusta en estos catorce años de dictadura del Gobierno de Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa”, sentenció la mandataria de transición.
El denominado Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos atenderá los casos “con inmediatez y celeridad”, afirmó la presidenta interina.
No obstante, no incorporará “delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico”, precisó.
La instancia está conformada por reparticiones del Ministerio de Justicia y coordinará su labor con el poder Judicial.
A su turno, Coimbra, en rueda de prensa, precisó que quienes salieron de Bolivia “debido a motivos políticos, ideológicos y una persecución judicial” suman alrededor de 1.300 en los casi catorce años de Gobierno de Morales.
El ministro de Justicia, que no dio nombres ni identificó casos, manifestó que los afectados podrán retornar a Bolivia sin necesidad de que se los aprehenda, para que se acerquen a instancias judiciales y después al comité.
Algunos de los considerados perseguidos son el ex gobernador de la región boliviana de Tarija Mario Cossío, que se encuentra desde hace años en Paraguay y anunció su retorno a Bolivia este mes, o el ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic, que lleva años en Brasil.
Cossío fue condenado a seis años de cárcel por delitos de corrupción, tras un proceso emprendido por el Gobierno de Morales, mientras que sobre Marinkovic pesaron demandas por terrorismo y asociación delictiva, entre otras.
Otras ex autoridades que salieron del país por considerar que en su contra hubo una injusta persecución judicial fueron los ex prefectos de Cochabamba y La Paz, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente.
Uno de los casos más emblemáticos de los detractores de Morales fue el del ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, que cumple alrededor de once años de reclusión en Bolivia por lo que se conoce como la masacre del Porvenir en 2008, en los que murieron trece campesinos y dos funcionarios.
Áñez asumió la Presidencia interina después de que Evo Morales anunciara el pasado 10 de noviembre su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre.
Al día siguiente, Morales salió hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales ha sido calificada como “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países, en cambio, han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
“No es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”, aseguró Áñez, tras recibir la resolución que crea esa instancia de manos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en el palacio de Gobierno en La Paz.
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El denominado Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos atenderá los casos “con inmediatez y celeridad”, afirmó la presidenta interina.
No obstante, no incorporará “delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico”, precisó.
La instancia está conformada por reparticiones del Ministerio de Justicia y coordinará su labor con el poder Judicial.
A su turno, Coimbra, en rueda de prensa, precisó que quienes salieron de Bolivia “debido a motivos políticos, ideológicos y una persecución judicial” suman alrededor de 1.300 en los casi catorce años de Gobierno de Morales.
El ministro de Justicia, que no dio nombres ni identificó casos, manifestó que los afectados podrán retornar a Bolivia sin necesidad de que se los aprehenda, para que se acerquen a instancias judiciales y después al comité.
Algunos de los considerados perseguidos son el ex gobernador de la región boliviana de Tarija Mario Cossío, que se encuentra desde hace años en Paraguay y anunció su retorno a Bolivia este mes, o el ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic, que lleva años en Brasil.
Cossío fue condenado a seis años de cárcel por delitos de corrupción, tras un proceso emprendido por el Gobierno de Morales, mientras que sobre Marinkovic pesaron demandas por terrorismo y asociación delictiva, entre otras.
Otras ex autoridades que salieron del país por considerar que en su contra hubo una injusta persecución judicial fueron los ex prefectos de Cochabamba y La Paz, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente.
Uno de los casos más emblemáticos de los detractores de Morales fue el del ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, que cumple alrededor de once años de reclusión en Bolivia por lo que se conoce como la masacre del Porvenir en 2008, en los que murieron trece campesinos y dos funcionarios.
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Con información de
Infobae
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