Lula da Silva y Rousseff, absueltos por un supuesto desvío de dinero público hacia su partido
Jueves 05 de
Diciembre 2019
La Justicia Federal de Brasil ha decidido este miércoles absolver a los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a otros dos ex ministros y a un ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), de las acusaciones de formar parte de una organización criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido tras comprobar que en la “denuncia no había elementos constitutivos de delito” y era un intento de “criminalizar la actividad política”.
Lula y Rousseff, junto a los antiguos ministros Antonio Palocci (jefe de Gabinete, 2011) y Guido Mantega (Economía 2006-2015), y el tesorero Joao Vaccari Neto, se enfrentaban a una acusación por pertenencia a banda criminal en el llamado caso de la ‘banda del PT’ (‘quadrilhão do PT’, en portugués) con el fin de desviar dinero público de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales.
El juez Marcus Vinicius Reis Bastos ha asegurado que las acusaciones “no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación, estructuralmente ordenada, de cuatro o más personas, con división de tareas, o alguna forma de jerarquía y estabilidad”, tal y como ha publicado el diario brasileño ‘O’Globo’.
La denuncia es un intento de “criminalizar la actividad política”, pues “supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva”, ha explicado el magistrado.
La denuncia fue presentada en 2017 por el que era el fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes de dejar su cargo. Según acusó, la cúpula del Partido de los Trabajadores recibió más de 1.400 millones de fondos desviados de las arcas públicas.
Por otra parte, casi dos años después del juicio que llevó a Lula a la cárcel, los jueces del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4) -segunda instancia- se reunieron este miércoles para decidir un caso que puede ser decisivo para el futuro del líder del Partido de los Trabajadores, quien puede regresar a prisión. Los magistrados juzgarán la apelación de Lula contra la condena en primera instancia por corrupción y lavado en el llamado caso Atibaia.
Lula fue condenado en primera instancia después de que la justicia determinase que se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, a cambio de ayudar en la obtención de contratos de Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS.
El juez Marcus Vinicius Reis Bastos ha asegurado que las acusaciones “no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación, estructuralmente ordenada, de cuatro o más personas, con división de tareas, o alguna forma de jerarquía y estabilidad”, tal y como ha publicado el diario brasileño ‘O’Globo’.
La denuncia es un intento de “criminalizar la actividad política”, pues “supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva”, ha explicado el magistrado.
La denuncia fue presentada en 2017 por el que era el fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes de dejar su cargo. Según acusó, la cúpula del Partido de los Trabajadores recibió más de 1.400 millones de fondos desviados de las arcas públicas.
Por otra parte, casi dos años después del juicio que llevó a Lula a la cárcel, los jueces del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4) -segunda instancia- se reunieron este miércoles para decidir un caso que puede ser decisivo para el futuro del líder del Partido de los Trabajadores, quien puede regresar a prisión. Los magistrados juzgarán la apelación de Lula contra la condena en primera instancia por corrupción y lavado en el llamado caso Atibaia.
Lula fue condenado en primera instancia después de que la justicia determinase que se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, a cambio de ayudar en la obtención de contratos de Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS.
Con información de
El Litoral
