SANTA FE
Pullaro diputado: cómo fue la sesión que indignó y decepcionó a las Madres del Dolor
Lunes 09 de
Diciembre 2019
El ex ministro de Seguridad asumió su banca en medio de duros cuestionamientos por su gestión. Además de rechazarse su impugnación sin tratarla, durante la sesión fue nombrado miembro de un comité que trató las impugnaciones a otros diputados.
"Se ve que a los diputados no les importa el pueblo. Todo lo que llevamos lo tiraron al basurero, ni lo leyeron". Quien hablaba por LT10 el último viernes es Azucena Ponce de León, referente de Madres del Dolor. Su hijo, Maximiliano Olmos, fue asesinado mientras le robaban su moto en septiembre pasado en barrio Fomento 9 de Julio.
La crítica de Azucena refiere a lo sucedido el jueves 5, cuando se realizó la sesión preparatoria de la Cámara Baja. Durante la misma, además de elegir a las autoridades del Cuerpo, juraron 50 legisladores electos en los comicios provinciales del 16 de junio de 2019. Entre ellos, Maximiliano Pullaro.
El ministro de Seguridad saliente es duramente cuestionado por la mencionada agrupación y por Familiares de Víctimas de la Inseguridad, que presentaron un petitorio con 7 mil firmas de vecinos santafesinos solicitando que el ex funcionario no ocupe un escaño en Diputados.
Impugnación y rechazo
Apenas iniciada la sesión se leyeron las notas con impugnaciones. El objetivo de quienes las presentan es que los diputados cuestionados no asuman sus bancas. En esta oportunidad fueron siete, entre las cuales se contaron las ingresadas contra Pullaro y contra Amalia Granata. Ambas impugnaciones fueron votadas en contra, por unanimidad, sin ser tratadas por la Cámara Baja, y por iguales argumentos.
Quienes tomaron la voz cantante fueron Joaquín Blanco, del Frente Progesista Cívico y Social, Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador) y Gabriel Real (bloque Demócrata Progresista).
"Mocionamos que se vote el rechazo in límine de esas dos notas", comenzó Blanco, e indicó que el procedimiento utilizado por quienes presentaron las impugnaciones contra Pullaro y Granata era "incorrecto"; y agregó: "los fundamentos expresados no se corresponden con las causales de impugnación".
Lo que quiso decir sobre el procedimiento es que los particulares (los vecinos, los ciudadanos comunes) no están habilitados para intervenir en esta cuestión. Fue Martínez quien ahondó en ello. "Esto está expresamete establecido en el reglamento de la Cámara: para poder hacer impugnaciones existe una serie de requisitos formales. Los casos planteados están establecidos en los artículos 33 y 52 de la Constitución Nacional y las impugnaciones tienen que ser formuladas por un diputado en ejercicio o por las autoridades máximas de un partido".
Así, Pullaro y Granata asumieron el cargo minutos después. Junto a otros siete pares, el ex ministro juró "por la memoria de Raúl Alfonsín, padre de la democracia" y se comprometió a que "la Unión Cívica Radical y el pueblo de la provincia de Santa Fe" se lo demanden si no cumple con ellos.
De impugnado a miembro del comité de impugnaciones
Tras la jura de los diputados, quedaban por tratar cinco impugnaciones que sí se ajustaban al reglamento y las formalidades correspondientes, porque habían sido presentadas por el titular del partido respectivo y por una colega diputada.
Para resolver la cuestión se conformó una "comisión de poderes" que evaluaría las presentaciones. En esa comisión fueron nombrados ocho diputados del FPCyS y cinco de otros espacios. Entre los primeros estuvo Maximiliano Pullaro, y entre los segundos, Amalia Granata. El criterio fue el de "respetar las proporcionaildades de representación política de la Cámara", exceptuando por supuesto a los partidos que estaban en plena disputa por bancas.
En el caso de Granata, su bloque sólo consta de una legisladora más, y además ella fue cabeza -y rostro visible- de su lista. Pero en el de Pullaro, había más de una opción para integrar la comisión. Entonces, probablemente no sea tan desacertado observar su inclusión en esa comisión como un "espaldarazo" del Cuerpo a quien minutos antes había sorteado un cuestionamiento que, aunque fuera de las normas requeridas, incluía la firma de 7 mil vecinos.
Cabe destacar que sólo prosperó la impugnación ingresada por la diputada Cesira Arcando, que finalmente se quedó con la banca que pretendía Sebastián Julierac por Juntos por el Cambio.
Palabra empeñada
El 9 de octubre pasado, más de 20 referentes de Madres del Dolor y Familiares de Víctimas de la Inseguridad se reunieron con un grupo de diputados. La mayoría de ellos integraban la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja. Según confirmaron fuentes de ambas agrupaciones a LT10, los concurrentes fueron Oscar Pieroni (presidente de la mencionada comisión), Rubén Galassi, Julio Eggiman, Leandro Busatto, Gabriel Real, María Victoria Tejeda, Santiago Mascheroni y Carlos Del Frade.
Todos ellos se comprometieron a llevar adelante acciones contra la inseguridad reinante en Santa Fe, e incluso --aseguran ellas-, a hacer propia la impugnación contra Maximiliano Pullaro, para que no asumiera su banca. Esas mujeres sabían que los necesitaban para que la presentación tuviera cabida en la Cámara Baja. Conocían el reglamento, y por eso les pidieron ayuda. Y se fueron del encuentro tranquilas, confiando en la palabra empeñada.
Hasta el 5 de diciembre, cuando todo se volvió indignación y decepción: ninguno cumplió lo prometido. Y el funcionario que consideran responsable de la pérdida más dolorosa de sus vidas seguirá en carrera, por al menos cuatro años más.
La crítica de Azucena refiere a lo sucedido el jueves 5, cuando se realizó la sesión preparatoria de la Cámara Baja. Durante la misma, además de elegir a las autoridades del Cuerpo, juraron 50 legisladores electos en los comicios provinciales del 16 de junio de 2019. Entre ellos, Maximiliano Pullaro.
El ministro de Seguridad saliente es duramente cuestionado por la mencionada agrupación y por Familiares de Víctimas de la Inseguridad, que presentaron un petitorio con 7 mil firmas de vecinos santafesinos solicitando que el ex funcionario no ocupe un escaño en Diputados.
Impugnación y rechazo
Apenas iniciada la sesión se leyeron las notas con impugnaciones. El objetivo de quienes las presentan es que los diputados cuestionados no asuman sus bancas. En esta oportunidad fueron siete, entre las cuales se contaron las ingresadas contra Pullaro y contra Amalia Granata. Ambas impugnaciones fueron votadas en contra, por unanimidad, sin ser tratadas por la Cámara Baja, y por iguales argumentos.
Quienes tomaron la voz cantante fueron Joaquín Blanco, del Frente Progesista Cívico y Social, Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador) y Gabriel Real (bloque Demócrata Progresista).
"Mocionamos que se vote el rechazo in límine de esas dos notas", comenzó Blanco, e indicó que el procedimiento utilizado por quienes presentaron las impugnaciones contra Pullaro y Granata era "incorrecto"; y agregó: "los fundamentos expresados no se corresponden con las causales de impugnación".
Lo que quiso decir sobre el procedimiento es que los particulares (los vecinos, los ciudadanos comunes) no están habilitados para intervenir en esta cuestión. Fue Martínez quien ahondó en ello. "Esto está expresamete establecido en el reglamento de la Cámara: para poder hacer impugnaciones existe una serie de requisitos formales. Los casos planteados están establecidos en los artículos 33 y 52 de la Constitución Nacional y las impugnaciones tienen que ser formuladas por un diputado en ejercicio o por las autoridades máximas de un partido".
Así, Pullaro y Granata asumieron el cargo minutos después. Junto a otros siete pares, el ex ministro juró "por la memoria de Raúl Alfonsín, padre de la democracia" y se comprometió a que "la Unión Cívica Radical y el pueblo de la provincia de Santa Fe" se lo demanden si no cumple con ellos.
De impugnado a miembro del comité de impugnaciones
Tras la jura de los diputados, quedaban por tratar cinco impugnaciones que sí se ajustaban al reglamento y las formalidades correspondientes, porque habían sido presentadas por el titular del partido respectivo y por una colega diputada.
Para resolver la cuestión se conformó una "comisión de poderes" que evaluaría las presentaciones. En esa comisión fueron nombrados ocho diputados del FPCyS y cinco de otros espacios. Entre los primeros estuvo Maximiliano Pullaro, y entre los segundos, Amalia Granata. El criterio fue el de "respetar las proporcionaildades de representación política de la Cámara", exceptuando por supuesto a los partidos que estaban en plena disputa por bancas.
En el caso de Granata, su bloque sólo consta de una legisladora más, y además ella fue cabeza -y rostro visible- de su lista. Pero en el de Pullaro, había más de una opción para integrar la comisión. Entonces, probablemente no sea tan desacertado observar su inclusión en esa comisión como un "espaldarazo" del Cuerpo a quien minutos antes había sorteado un cuestionamiento que, aunque fuera de las normas requeridas, incluía la firma de 7 mil vecinos.
Cabe destacar que sólo prosperó la impugnación ingresada por la diputada Cesira Arcando, que finalmente se quedó con la banca que pretendía Sebastián Julierac por Juntos por el Cambio.
Palabra empeñada
El 9 de octubre pasado, más de 20 referentes de Madres del Dolor y Familiares de Víctimas de la Inseguridad se reunieron con un grupo de diputados. La mayoría de ellos integraban la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja. Según confirmaron fuentes de ambas agrupaciones a LT10, los concurrentes fueron Oscar Pieroni (presidente de la mencionada comisión), Rubén Galassi, Julio Eggiman, Leandro Busatto, Gabriel Real, María Victoria Tejeda, Santiago Mascheroni y Carlos Del Frade.
Todos ellos se comprometieron a llevar adelante acciones contra la inseguridad reinante en Santa Fe, e incluso --aseguran ellas-, a hacer propia la impugnación contra Maximiliano Pullaro, para que no asumiera su banca. Esas mujeres sabían que los necesitaban para que la presentación tuviera cabida en la Cámara Baja. Conocían el reglamento, y por eso les pidieron ayuda. Y se fueron del encuentro tranquilas, confiando en la palabra empeñada.
Hasta el 5 de diciembre, cuando todo se volvió indignación y decepción: ninguno cumplió lo prometido. Y el funcionario que consideran responsable de la pérdida más dolorosa de sus vidas seguirá en carrera, por al menos cuatro años más.
Con información de
LT10
