El respaldo del FMI: la carta secreta para aplicar retenciones
Por:
Carlos Burgueño
Martes 17 de
Diciembre 2019
Según la visión oficial, será más creíble un plan fiscal que incluya un alza de la recaudación sobre la base de la alícuota a las exportaciones al agro.
La decisión de Alberto Fernández de volver a aplicar retenciones porcentuales a las exportaciones primarias, especialmente soja; tiene un destinatario encriptado: el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Presidente terminó por volcarse por esta medida, sabiendo lo incómoda que será para su futura relación con el campo, teniendo en cuenta un dato clave que obtuvo de sus charlas con altos representantes del FMI como el mexicano Alejandro Werner. Sabe el jefe de Estado, que aplicando este duro ajuste al principal generador de divisas que tiene el país; se analizarán con mayor seriedad las promesas de solvencia fiscal que la Argentina quiere plantear para comenzar a renegociar la deuda con el FMI y los privados. Y que la idea de garantizar un déficit fiscal primario ordenado para el 2020 y un equilibrio para el 2021 es una promesa seria y una convicción. Que sea con un ajuste sobre los privados y no sobre el gasto público, sabe Fernández, no debería ser una queja de los hombres de Washington.
El Presidente tiene un antecedente que lo convenció. El propio organismo financiero había presionado en la última semana de agosto de 2018 al gobierno de Mauricio Macri al negociar la segunda versión del stand-by; para que aplique retenciones duras y clásicas contra el campo; para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas nacionales ante el reclamo de una mejora de las condiciones del paquete de desembolsos del organismo. Fue en una reunión en Washington, durante los primeros días de septiembre del año pasado, donde Werner y el italiano Roberto Cardarelli le reprocharon a Nicolás Dujovne, la poca solvencia en los números fiscales que le mostraba el ministro de Hacienda. El entonces hombre fuerte de la relación del país con el FMI, le aseguraba a sus interlocutores del Fondo; que la intención del gobierno de Mauricio Macri era la de llegar este año a un nivel final de déficit primario cero. El ministro se comprometía a demoler todos los proyectos de obra pública, a congelar los gastos con proveedores, a reducir cualquier atisbo de gastos superfluo; como garantía para lograr el equilibrio fiscal.
Sin embargo los hombres de Washington ya no creían en sus promesas, y le reclamaban mayores esfuerzos fiscales para liberar el dinero que se negociaba. Al no haber mayores avances en las negociaciones, avanzó el equipo negociador de Christine Lagarde y, con los números fiscales sobre la mesa generados luego de la devaluación de abril del 2018; sin mayores vueltas le reclamaron por un regreso a las retenciones según el modelo que Macri había heredado del último kirchnerismo. Al regreso de Dujovne a Buenos Aires, comenzó una batalla en el gabinete macrista entre el ministro de Hacienda, al que acompañaba Marcos Peña; y el titular de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, que incluso amenazó con renunciar si el proyecto avanzaba.
A esa altura, eran varios los medios que ya adelantaban que volverían las retenciones al campo y que se gestaba el divorcio entre el sector y el oficialismo. Finalmente, el 3 de septiembre llegó la paz dentro del gabinete. Lidió Mauricio Macri, que aceptó una versión devaluada de las retenciones directas; aceptando la propuesta alternativa de una suma fija según el commoditie exportando; aclarando que se trataría de una presión extra y antipática temporal, justificada porque “el país está en crisis”. En Washington aceptaron, a regañadientes, la segunda versión; luego de una nueva presión llegada desde la Casa Blanca para que se le libere el acuerdo al país en las condiciones que imponga la Argentina. Fue en esos tiempos en los que Werner y sus colaboradores acuñaron el concepto que en realidad el plan económico que se aplicaba en el país era el que el propio gobierno de Mauricio Macri había presentado; y no el que originalmente había sido diseñado desde Washington. Este sostenía que las retenciones en su máximo nivel y con una alícuota porcentual, eran la única garantía que tenía el país para mostrar un programa fiscal sustentable.
Ayer, en la Casa Rosada, Fernández terminó de darle al proyecto de ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica”, en reunión privada con Guzmán, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca y el ministro de Producción Matías Kulfas. La intención del cónclave fue terminar de pulir los números fiscales de la ley, para que la promesa de un déficit máximo de 1% en 2020 sea creíble. Especialmente a días de abrir la batalla por la primer gran misión económica del gobierno de Alberto Fernández: negociar la deuda con los acreedores internacionales y el FMI.
El Presidente tiene un antecedente que lo convenció. El propio organismo financiero había presionado en la última semana de agosto de 2018 al gobierno de Mauricio Macri al negociar la segunda versión del stand-by; para que aplique retenciones duras y clásicas contra el campo; para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas nacionales ante el reclamo de una mejora de las condiciones del paquete de desembolsos del organismo. Fue en una reunión en Washington, durante los primeros días de septiembre del año pasado, donde Werner y el italiano Roberto Cardarelli le reprocharon a Nicolás Dujovne, la poca solvencia en los números fiscales que le mostraba el ministro de Hacienda. El entonces hombre fuerte de la relación del país con el FMI, le aseguraba a sus interlocutores del Fondo; que la intención del gobierno de Mauricio Macri era la de llegar este año a un nivel final de déficit primario cero. El ministro se comprometía a demoler todos los proyectos de obra pública, a congelar los gastos con proveedores, a reducir cualquier atisbo de gastos superfluo; como garantía para lograr el equilibrio fiscal.
Sin embargo los hombres de Washington ya no creían en sus promesas, y le reclamaban mayores esfuerzos fiscales para liberar el dinero que se negociaba. Al no haber mayores avances en las negociaciones, avanzó el equipo negociador de Christine Lagarde y, con los números fiscales sobre la mesa generados luego de la devaluación de abril del 2018; sin mayores vueltas le reclamaron por un regreso a las retenciones según el modelo que Macri había heredado del último kirchnerismo. Al regreso de Dujovne a Buenos Aires, comenzó una batalla en el gabinete macrista entre el ministro de Hacienda, al que acompañaba Marcos Peña; y el titular de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, que incluso amenazó con renunciar si el proyecto avanzaba.
A esa altura, eran varios los medios que ya adelantaban que volverían las retenciones al campo y que se gestaba el divorcio entre el sector y el oficialismo. Finalmente, el 3 de septiembre llegó la paz dentro del gabinete. Lidió Mauricio Macri, que aceptó una versión devaluada de las retenciones directas; aceptando la propuesta alternativa de una suma fija según el commoditie exportando; aclarando que se trataría de una presión extra y antipática temporal, justificada porque “el país está en crisis”. En Washington aceptaron, a regañadientes, la segunda versión; luego de una nueva presión llegada desde la Casa Blanca para que se le libere el acuerdo al país en las condiciones que imponga la Argentina. Fue en esos tiempos en los que Werner y sus colaboradores acuñaron el concepto que en realidad el plan económico que se aplicaba en el país era el que el propio gobierno de Mauricio Macri había presentado; y no el que originalmente había sido diseñado desde Washington. Este sostenía que las retenciones en su máximo nivel y con una alícuota porcentual, eran la única garantía que tenía el país para mostrar un programa fiscal sustentable.
Ayer, en la Casa Rosada, Fernández terminó de darle al proyecto de ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica”, en reunión privada con Guzmán, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca y el ministro de Producción Matías Kulfas. La intención del cónclave fue terminar de pulir los números fiscales de la ley, para que la promesa de un déficit máximo de 1% en 2020 sea creíble. Especialmente a días de abrir la batalla por la primer gran misión económica del gobierno de Alberto Fernández: negociar la deuda con los acreedores internacionales y el FMI.
Con información de
Ámbito
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