La Justicia le exige al macrismo explicar por qué suspendió la vacuna contra la meningitis en 2018
Martes 07 de
Enero 2020
La Justicia ordenó al Estado que explique las razones por las que suspendió la distribución de la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años en agosto del 2018, informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que inició la demanda.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Estado a publicar los motivos por los cuales se suspendió la vacuna tras el recurso de amparo iniciado por al ACIJ.
El juzgado federal número 2 de La Plata ya había determinado en octubre que la Secretaría de Salud había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de la dosis mediante un comunicado de prensa.
"La política de inmunización del gobierno anterior dejó un vacío e interrogantes sobre las decisiones que tomó. Suspendieron la vacunación contra la meningitis y fue una decisión irregular y nunca nadie tuvo la posibilidad de conocer los motivos", explicó a la agencia Télam el abogado de ACIJ, Rodrigo Robles Tristán.
"Las políticas de austeridad nunca deben evadir las explicaciones e informaciones públicas que sustentan decisiones que pueden implicar retrocesos en la garantía de derechos", sostuvieron desde ACIJ en un comunicado y agregaron que "es necesario que el Estado Nacional informe acabadamente a la sociedad respecto de la situación de la política de inmunización". La suspensión de la aplicación del refuerzo de la vacuna a los 11 años, incorporada al calendario en 2015, se dio a conocer en agosto de 2018 a través de un comunicado de prensa.
La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a una acción de amparo presentada por la ONG y ordenó entregar toda la información en un plazo de 10 días, pero el gobierno apeló y evitó brindar esa información.
La acción judicial fue promovida en el mes de febrero de 2019, luego de que la Secretaría de Gobierno de Salud incumpliera una decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública de diciembre de 2018, que intimaba al Gobierno a explicar, entre otras cuestiones, los fundamentos técnicos y científicos de la suspensión de la vacuna.
"La Secretaría de Gobierno de Salud nunca explicó las acciones que llevaría a cabo para reanudar la aplicación de esta vacuna, qué sucedió con los fondos destinados a la compra de esas dosis ni los detalles de su sistema de compra y distribución", aseguraron desde ACIJ.
"Hasta el día de hoy no se sabe por qué se decidió la suspensión, el gobierno saliente apeló y no respondió nunca", explicó Robles Tristán y aseveró que "el gobierno actual deberá recabar la información y arbitrar las medidas que correspondan, el Estado tiene que cumplir las sentencias".
El juzgado federal número 2 de La Plata ya había determinado en octubre que la Secretaría de Salud había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de la dosis mediante un comunicado de prensa.
"La política de inmunización del gobierno anterior dejó un vacío e interrogantes sobre las decisiones que tomó. Suspendieron la vacunación contra la meningitis y fue una decisión irregular y nunca nadie tuvo la posibilidad de conocer los motivos", explicó a la agencia Télam el abogado de ACIJ, Rodrigo Robles Tristán.
"Las políticas de austeridad nunca deben evadir las explicaciones e informaciones públicas que sustentan decisiones que pueden implicar retrocesos en la garantía de derechos", sostuvieron desde ACIJ en un comunicado y agregaron que "es necesario que el Estado Nacional informe acabadamente a la sociedad respecto de la situación de la política de inmunización". La suspensión de la aplicación del refuerzo de la vacuna a los 11 años, incorporada al calendario en 2015, se dio a conocer en agosto de 2018 a través de un comunicado de prensa.
La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a una acción de amparo presentada por la ONG y ordenó entregar toda la información en un plazo de 10 días, pero el gobierno apeló y evitó brindar esa información.
La acción judicial fue promovida en el mes de febrero de 2019, luego de que la Secretaría de Gobierno de Salud incumpliera una decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública de diciembre de 2018, que intimaba al Gobierno a explicar, entre otras cuestiones, los fundamentos técnicos y científicos de la suspensión de la vacuna.
"La Secretaría de Gobierno de Salud nunca explicó las acciones que llevaría a cabo para reanudar la aplicación de esta vacuna, qué sucedió con los fondos destinados a la compra de esas dosis ni los detalles de su sistema de compra y distribución", aseguraron desde ACIJ.
"Hasta el día de hoy no se sabe por qué se decidió la suspensión, el gobierno saliente apeló y no respondió nunca", explicó Robles Tristán y aseveró que "el gobierno actual deberá recabar la información y arbitrar las medidas que correspondan, el Estado tiene que cumplir las sentencias".
Con información de
El Destape Web
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