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¿Cómo harán para detener la ola de crímenes en Santa Fe?
Martes 21 de
Enero 2020
21 días, 20 homicidios. Un nuevo récord para una Rosario que creía haber visto todo en materia criminal.
La novedad, además de la brutal estadística, es el amargo recibimiento para un gobierno provincial que ganó prometiendo “Orden y paz” y que en su primer mes de gestión se topó con semejante situación. No es sólo Rosario; es también la ciudad de Santa Fe; Venado Tuerto y Reconquista evidencian situaciones serias de inseguridad; y Rafaela, la ciudad del gobernador, está en carne viva tras dos marchas de 5 mil personas por la muerte de un joven cuando perseguía en moto a dos ladrones.
En medio de las dificultades que plantean la crisis y la presión social por el número de homicidios, el gobierno de Omar Perotti atiende varios frentes.
Fronteras adentro organiza mesas de trabajo por ciudades, donde se sientan el Ministerio de Seguridad de la provincia, gobiernos municipales, fiscales y representantes de Justicia y fuerzas federales, algo que los gobiernos anteriores tuvieron y ahora se espera que funcione mejor por la sintonía partidaria entre Nación-provincia.
A su vez adelantaron las gestiones para la llegada de agentes federales. Se deslizan unos 3.000, pero la realidad es que Nación va tapando agujeros. Hoy los manda a Santa Fe, pero si mañana se pone espeso algún sector del Gran Buenos Aires la sábana corta se mueve hacia allá. Al igual que cuando la ministra era Patricia Bullrich, el número final de agentes será siempre el secreto mejor guardado. Lo importante, dicen en Santa Fe, es la función que se les asigne. El jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, los apunta para controlar “portación de armas de guerra y narcotráfico”, dos delitos federales.
El tercer frente es la Legislatura. En diciembre Perotti envió un megaproyecto que incluía 9 emergencias diferentes, entre ellas seguridad. La oposición la mandó al archivo. El gobierno avisó que insistirá en febrero.
Por lo pronto el socialista Miguel Lifschitz, hoy en la Presidencia de la Cámara de Diputados, aprovechó que Perotti puso en pausa al Estado provincial en enero para tomar la iniciativa. En base a pedidos como el del diputado de centroizquierda Rubén Giustiniani, convocó para este miércoles a la comisión de Seguridad para analizar la crisis de seguridad. Hacía añares que no había actividad legislativa en enero.
¿Doble comando?
Hay un aspecto propio del gobierno que hizo ruido. Fuentes judiciales, de la oposición e incluso del propio peronismo señalaron a Infobae en estricto off (nadie quiere aparecer echando nafta al fuego) lo poco conveniente que resulta que el ministro Marcelo Sain y el jefe de Policía Víctor Sarnaglia hablen tanto y al mismo tiempo en los medios. Sobre todo si lo que transmiten no siempre es el mismo mensaje.
Por ejemplo, sobre el origen de la crisis, Sarnaglia puso el foco en que "las bandas aumentan el terror para lograr que el Estado (en referencia a las nuevas autoridades) vaya a negociar con ellos por una tregua a cambio de mirar para otro lado”.
Para el ministro Sain se trata de la reacción a los cambios en las “jerarquías policiales” con las que las bandas criminales “estaban aliadas”. Desde que asumió, pasó a retiro 29 altos oficiales, cambió los 19 jefes de unidades regionales y a menos de un mes ya echó dos de ellos, los de Rosario y Reconquista, por entender que no ejecutaban las órdenes o mantenían lazos con antiguos jefes sospechados de delitos.
A su vez el ministro afirmó que la estructura policial de 19 unidades regionales (una por cada departamento de la provincia) está en crisis y en revisión. Sarnaglia no se muestra afín a ese criterio.
Listo para disparar
El punto crítico llegó cuando Sarnaglia derogó una resolución de 1998 para permitir que los 21 mil policías de la provincia lleven una bala en la recámara de sus armas, es decir que porten sus armas listas para disparar. El silencio del ministro sonó como un alarido.
Eso se debe a que no fue consultado sobre una medida con la que no está de acuerdo, pero manifestarlo implicaría admitir que Sarnaglia, respaldado por algún sector del gobierno, decide con autonomía. Al final, lo que no pudo decir Sain lo expresó Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos y Género.
El último ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro alertó que la medida es contradictoria. Recordó que mientras Sain hace un diagnóstico de una Policía con jerarquías aliadas a las bandas criminales, a esa misma Policía Sarnaglia le incentiva el uso letal de la fuerza. En buen criollo, lo que está diciendo es que no está claro si la Policía es parte del problema o la solución. ¿Puede ser ambas?
Una medida de esa talla avalada por el gobernador, promovida por un Sarnaglia de alto perfil mediático, que analiza y diagnostica con la impronta de un ministro más que un jefe de Policía, puso en duda el respaldo político a Sain.
El jefe de diputados provinciales Leandro Busatto (cercano a la Casa Rosada), el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade, el Movimiento Evita y concejales del Frente de Todos, entre otros, corrieron en su socorro con apoyos explícitos.
Germán Martínez, diputado nacional y mano derecha de Agustín Rossi, twitteó: “Me encantaría que los autoproclamados perottistas banquen a @omarperotti y @marcelo_sain como lo hicimos hoy en La Corriente. Pero bueno. Seguro en algún momento lo harán”.
El tembladeral terminó, al menos por ahora, cuando Perotti se mostró junto con Sain y el intendente de la capital provincial. Ahí mismo el ministro aprovechó para anunciar que analiza comprar armamento no letal. Perotti quiere equilibrar el imaginario duro y policiaco representado por Sarnaglia con el imaginario garantista que encarna el ministro.
El ministro
Sain debutó en la gestión con los tapones de punta. Justificó los cambios policiales y retiros en clave de corrupción; explicó la crisis de violencia como una reacción a sus medidas; chuceó a los senadores del PJ a los que luego Perotti debió acudir para que lo ayudaran en la Legislatura; acusó al ex gobernador Lifschitz por los incidentes en una marcha por Seguridad sin que nadie del gobierno lo siguiera.
El domingo, tras la balacera al casino City Center donde murió un apostador, volvió contra las jerarquías policiales que él desplazó. Habló de zonas liberadas para el delito y apuntó responsables: “Quien decidía lo que se hacía era Marcelo Villanúa (ex jefe de la Policía provincial) y Daniel Corbellini (ex jefe de la PDI). Acá no volaba una mosca si no pasaba por Villanúa y Corbellini. Esto es lo que encontramos y vamos a revertir”. Hay un detalle en el que Sain debio reparar. El jefe de Policía que acaba de nombrar en Rosario, Danilo Villán, fue un oficial leal a Villanúa. “Fue su mano derecha”, describió a Infobae una fuente de adentro.
Si bien en el gobierno aseguran que entre Sarnaglia y Sain no hay fisuras, no son pocos los que advierten que necesitan a la Policía para alcanzar “el orden y la paz” prometidos. La contracara del vehemente ministro es Sarnaglia pidiendo aumento de sueldo para los policías y dándoles la falsa expectativa de protección permitiéndoles llevar el arma lista para disparar.
Las zonas calientes
En medio de los reacomodamientos políticos y policiales, ciertos barrios de Rosario arden a balazos. Las Flores vuelve a ser el más caliente, aunque lo que allí pasa termina repercutiendo en Tablada, Municipal, Bella Vista y Zona Cero.
Se habla de dos sectores de la banda de Los Monos que disputan el control de los negocios. Los investigadores detectaron un grupo que desafía a Dylan Cantero, el más chico de los hermanos, y Guille Cantero, que pretende seguir comandando desde Marcos Paz, donde cumple cuatro sentencias. La balacera al casino estaría inscripta en esa trama.
Los problemas de planificación en el inicio de la gestión son evidentes y probablemente tengan relación directa con la ausencia total de transición entre las dos grandes fuerzas políticas de Santa Fe.
Según las anteriores autoridades, el año pasado hubo entre 150 y 170 móviles permanentes en las calles de Rosario. Hoy hay medio centenar. Si bien en enero cae por las licencias, al no haber transición no hubo planificación. Ahora hay autos pero no hay agentes. Justo en enero; mes caliente si los hay.
“El ministro mismo puede controlar cantidad y ubicación de móviles desde su teléfono si quiere. Puede ir a la rampa de la Unidad Regional, ponerse junto al jefe de tercio y ver cómo sus equipos salen a la cancha. Hora que entran, salen y cuántos. Si no estás encima, estás frito. La realidad te pasa por encima”, relata un ex funcionario que conoce el sistema.
Las hipótesis sobre la crisis de violencia se reparten entre los que ven un complot y reacción al desplazamiento de cúpulas judiciales corruptas, y los que creen que el problema es más de gestión. Éstos últimos creen que la falta de directivas únicas y concretas en el primer mes comprometió la capacidad de “enfriamiento territorial” de la Policía.
En medio de las dificultades que plantean la crisis y la presión social por el número de homicidios, el gobierno de Omar Perotti atiende varios frentes.
Fronteras adentro organiza mesas de trabajo por ciudades, donde se sientan el Ministerio de Seguridad de la provincia, gobiernos municipales, fiscales y representantes de Justicia y fuerzas federales, algo que los gobiernos anteriores tuvieron y ahora se espera que funcione mejor por la sintonía partidaria entre Nación-provincia.
A su vez adelantaron las gestiones para la llegada de agentes federales. Se deslizan unos 3.000, pero la realidad es que Nación va tapando agujeros. Hoy los manda a Santa Fe, pero si mañana se pone espeso algún sector del Gran Buenos Aires la sábana corta se mueve hacia allá. Al igual que cuando la ministra era Patricia Bullrich, el número final de agentes será siempre el secreto mejor guardado. Lo importante, dicen en Santa Fe, es la función que se les asigne. El jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, los apunta para controlar “portación de armas de guerra y narcotráfico”, dos delitos federales.
El tercer frente es la Legislatura. En diciembre Perotti envió un megaproyecto que incluía 9 emergencias diferentes, entre ellas seguridad. La oposición la mandó al archivo. El gobierno avisó que insistirá en febrero.
Por lo pronto el socialista Miguel Lifschitz, hoy en la Presidencia de la Cámara de Diputados, aprovechó que Perotti puso en pausa al Estado provincial en enero para tomar la iniciativa. En base a pedidos como el del diputado de centroizquierda Rubén Giustiniani, convocó para este miércoles a la comisión de Seguridad para analizar la crisis de seguridad. Hacía añares que no había actividad legislativa en enero.
¿Doble comando?
Hay un aspecto propio del gobierno que hizo ruido. Fuentes judiciales, de la oposición e incluso del propio peronismo señalaron a Infobae en estricto off (nadie quiere aparecer echando nafta al fuego) lo poco conveniente que resulta que el ministro Marcelo Sain y el jefe de Policía Víctor Sarnaglia hablen tanto y al mismo tiempo en los medios. Sobre todo si lo que transmiten no siempre es el mismo mensaje.
Por ejemplo, sobre el origen de la crisis, Sarnaglia puso el foco en que "las bandas aumentan el terror para lograr que el Estado (en referencia a las nuevas autoridades) vaya a negociar con ellos por una tregua a cambio de mirar para otro lado”.
Para el ministro Sain se trata de la reacción a los cambios en las “jerarquías policiales” con las que las bandas criminales “estaban aliadas”. Desde que asumió, pasó a retiro 29 altos oficiales, cambió los 19 jefes de unidades regionales y a menos de un mes ya echó dos de ellos, los de Rosario y Reconquista, por entender que no ejecutaban las órdenes o mantenían lazos con antiguos jefes sospechados de delitos.
A su vez el ministro afirmó que la estructura policial de 19 unidades regionales (una por cada departamento de la provincia) está en crisis y en revisión. Sarnaglia no se muestra afín a ese criterio.
Listo para disparar
El punto crítico llegó cuando Sarnaglia derogó una resolución de 1998 para permitir que los 21 mil policías de la provincia lleven una bala en la recámara de sus armas, es decir que porten sus armas listas para disparar. El silencio del ministro sonó como un alarido.
Eso se debe a que no fue consultado sobre una medida con la que no está de acuerdo, pero manifestarlo implicaría admitir que Sarnaglia, respaldado por algún sector del gobierno, decide con autonomía. Al final, lo que no pudo decir Sain lo expresó Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos y Género.
El último ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro alertó que la medida es contradictoria. Recordó que mientras Sain hace un diagnóstico de una Policía con jerarquías aliadas a las bandas criminales, a esa misma Policía Sarnaglia le incentiva el uso letal de la fuerza. En buen criollo, lo que está diciendo es que no está claro si la Policía es parte del problema o la solución. ¿Puede ser ambas?
Una medida de esa talla avalada por el gobernador, promovida por un Sarnaglia de alto perfil mediático, que analiza y diagnostica con la impronta de un ministro más que un jefe de Policía, puso en duda el respaldo político a Sain.
El jefe de diputados provinciales Leandro Busatto (cercano a la Casa Rosada), el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade, el Movimiento Evita y concejales del Frente de Todos, entre otros, corrieron en su socorro con apoyos explícitos.
Germán Martínez, diputado nacional y mano derecha de Agustín Rossi, twitteó: “Me encantaría que los autoproclamados perottistas banquen a @omarperotti y @marcelo_sain como lo hicimos hoy en La Corriente. Pero bueno. Seguro en algún momento lo harán”.
El tembladeral terminó, al menos por ahora, cuando Perotti se mostró junto con Sain y el intendente de la capital provincial. Ahí mismo el ministro aprovechó para anunciar que analiza comprar armamento no letal. Perotti quiere equilibrar el imaginario duro y policiaco representado por Sarnaglia con el imaginario garantista que encarna el ministro.
El ministro
Sain debutó en la gestión con los tapones de punta. Justificó los cambios policiales y retiros en clave de corrupción; explicó la crisis de violencia como una reacción a sus medidas; chuceó a los senadores del PJ a los que luego Perotti debió acudir para que lo ayudaran en la Legislatura; acusó al ex gobernador Lifschitz por los incidentes en una marcha por Seguridad sin que nadie del gobierno lo siguiera.
El domingo, tras la balacera al casino City Center donde murió un apostador, volvió contra las jerarquías policiales que él desplazó. Habló de zonas liberadas para el delito y apuntó responsables: “Quien decidía lo que se hacía era Marcelo Villanúa (ex jefe de la Policía provincial) y Daniel Corbellini (ex jefe de la PDI). Acá no volaba una mosca si no pasaba por Villanúa y Corbellini. Esto es lo que encontramos y vamos a revertir”. Hay un detalle en el que Sain debio reparar. El jefe de Policía que acaba de nombrar en Rosario, Danilo Villán, fue un oficial leal a Villanúa. “Fue su mano derecha”, describió a Infobae una fuente de adentro.
Si bien en el gobierno aseguran que entre Sarnaglia y Sain no hay fisuras, no son pocos los que advierten que necesitan a la Policía para alcanzar “el orden y la paz” prometidos. La contracara del vehemente ministro es Sarnaglia pidiendo aumento de sueldo para los policías y dándoles la falsa expectativa de protección permitiéndoles llevar el arma lista para disparar.
Las zonas calientes
En medio de los reacomodamientos políticos y policiales, ciertos barrios de Rosario arden a balazos. Las Flores vuelve a ser el más caliente, aunque lo que allí pasa termina repercutiendo en Tablada, Municipal, Bella Vista y Zona Cero.
Se habla de dos sectores de la banda de Los Monos que disputan el control de los negocios. Los investigadores detectaron un grupo que desafía a Dylan Cantero, el más chico de los hermanos, y Guille Cantero, que pretende seguir comandando desde Marcos Paz, donde cumple cuatro sentencias. La balacera al casino estaría inscripta en esa trama.
Los problemas de planificación en el inicio de la gestión son evidentes y probablemente tengan relación directa con la ausencia total de transición entre las dos grandes fuerzas políticas de Santa Fe.
Según las anteriores autoridades, el año pasado hubo entre 150 y 170 móviles permanentes en las calles de Rosario. Hoy hay medio centenar. Si bien en enero cae por las licencias, al no haber transición no hubo planificación. Ahora hay autos pero no hay agentes. Justo en enero; mes caliente si los hay.
“El ministro mismo puede controlar cantidad y ubicación de móviles desde su teléfono si quiere. Puede ir a la rampa de la Unidad Regional, ponerse junto al jefe de tercio y ver cómo sus equipos salen a la cancha. Hora que entran, salen y cuántos. Si no estás encima, estás frito. La realidad te pasa por encima”, relata un ex funcionario que conoce el sistema.
Las hipótesis sobre la crisis de violencia se reparten entre los que ven un complot y reacción al desplazamiento de cúpulas judiciales corruptas, y los que creen que el problema es más de gestión. Éstos últimos creen que la falta de directivas únicas y concretas en el primer mes comprometió la capacidad de “enfriamiento territorial” de la Policía.
Con información de
Infobae
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