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La reestructuración de la deuda entró en tiempo de descuento
Viernes 24 de
Enero 2020
Marzo parece ser un mes bisagra para lograr un acuerdo con los acreedores y reestructurar la deuda pública. La carga de vencimientos en manos del sector privado es muy elevada en los próximos meses y la falta de un mercado de deuda en pesos desarrollado dificulta su financiamiento, las condicionalidades del FMI chocan contra la política económica del Gobierno y el riesgo de default de la provincia de Buenos Aires sumó presión extra. ¿Cómo venimos y hacia dónde vamos en el proceso de reestructuración?
El plan económico del Gobierno es claro: incentivar la reactivación económica y despejar dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda, para poder allanar el terreno de cara a una inminente negociación con acreedores. Hasta ahora, los avances más concretos incluyeron el re-reperfilamiento de los vencimientos de letras en dólares en manos de institucionales hasta el mes de agosto por unos US$ 6.7000 millones, pero sin dejar de pagar los vencimientos de las letras en pesos, además de haberse realizado un canje de estas últimas por Letras del Tesoro con tasa Badlar (Lebad).
¿Por qué lo hecho hasta ahora es insuficiente? Si bien desde el Gobierno celebraron el “exitoso” canje voluntario de letras en pesos que logró alargar los plazos de pago, bajar la tasa y reducir el stock de deuda, lo cierto es que dos tercios del monto canjeado corresponden al sector público. Esto implica que los vencimientos de letras en pesos en manos privadas entre febrero y mayo sólo se redujeron en unos $ 30.000 millones y pasaron a ser unos $ 260.000 millones. Teniendo en cuenta que el Gobierno debe afrontar también los vencimientos del Bonar Dual el 13 de febrero, el Bogato el 6 de marzo y el Boncer el 28 de abril, entre otros, sólo en concepto de amortizaciones de capital al sector privado (sin considerar el pago de intereses) deberá desembolsar unos $ 440.000 millones en los próximos cuatro meses, es decir el equivalente a unos US$ 7.200 millones. Este monto luce muy difícil de cubrir en tanto no se tenga acceso al crédito externo y no haya un instrumento en pesos desarrollado que resulte atractivo para los inversores privados. La buena noticia es que con el canje de Lecap por Lebad (estas últimas con vencimiento el 18 de septiembre y el 2 de diciembre) se comenzó a completar la curva de rendimientos en pesos, extendiéndola en el tiempo a casi un año.
Otro de los desafíos que deberá afrontar el Gobierno previamente a encarar una posible reestructuración de la deuda pública es el de negociar con el FMI, con el objetivo de reperfilar los pagos al organismo. Además de ser un importante acreedor, el FMI es el “auditor” que evalúa si ha mejorado la capacidad de pago del país para que la nueva deuda sea sustentable; por esta razón, los bonistas seguramente querrán escuchar la evaluación del Fondo antes de aceptar una oferta de canje, ya que de lo contrario, asumirían el riesgo de aceptar un canje de bonos que con alta probabilidad esté sujeto a un nuevo canje en el futuro cercano.
El principal obstáculo en este sentido son las condicionalidades que pondría el Fondo para renegociar el acuerdo, las cuales irían a contramano de la política económica actual. Si bien el gobierno pareciera estar avanzando en la dirección correcta en cuanto a las condiciones fiscales (se alcanzó la meta del programa en 2019 y se avanzó en reformas impositivas y de gasto para este año), las principales diferencias surgen en el plano monetario. La estrategia de emisión combinada con tasas reales negativas que está llevando adelante el Banco Central no está para nada avalada por los manuales del FMI.
El problema de la deuda en la provincia de Buenos Aires es otro contratiempo para los planes de Martín Guzmán. Si para el 31 de enero no se llegara a contar con el aval de al menos el 75% de los tenedores del bono BP21 para postergar hasta el 1 de mayo el pago de capital que vence el 26 de enero, las opciones con las que contaría la Provincia serían apelar a la asistencia de último momento del gobierno nacional o de algún organismo multilateral, o bien entrar en default afectando también al resto de la deuda emitida por la provincia y nublando el panorama para la reestructuración a nivel nacional. El escenario ideal para el gobierno sería de una aceptación voluntaria de la postergación de plazos, que permita por un lado disipar el riesgo moral de asistir a la provincia, y por el otro sentar antecedentes para avanzar en el diálogo con tenedores de deuda soberana.
Está claro que las negociaciones son contrarreloj. Una exitosa reestructuración de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera en el corto plazo es sólo el último escalón de una serie de importantes desafíos. Empezar a desarrollar un instrumento de deuda en pesos que logre seducir a los inversores privados, es el primer paso a seguir en la lista, que luego se retroalimentará de un canje exitoso. Y recobrar la confianza, es indudablemente una condición necesaria.
¿Por qué lo hecho hasta ahora es insuficiente? Si bien desde el Gobierno celebraron el “exitoso” canje voluntario de letras en pesos que logró alargar los plazos de pago, bajar la tasa y reducir el stock de deuda, lo cierto es que dos tercios del monto canjeado corresponden al sector público. Esto implica que los vencimientos de letras en pesos en manos privadas entre febrero y mayo sólo se redujeron en unos $ 30.000 millones y pasaron a ser unos $ 260.000 millones. Teniendo en cuenta que el Gobierno debe afrontar también los vencimientos del Bonar Dual el 13 de febrero, el Bogato el 6 de marzo y el Boncer el 28 de abril, entre otros, sólo en concepto de amortizaciones de capital al sector privado (sin considerar el pago de intereses) deberá desembolsar unos $ 440.000 millones en los próximos cuatro meses, es decir el equivalente a unos US$ 7.200 millones. Este monto luce muy difícil de cubrir en tanto no se tenga acceso al crédito externo y no haya un instrumento en pesos desarrollado que resulte atractivo para los inversores privados. La buena noticia es que con el canje de Lecap por Lebad (estas últimas con vencimiento el 18 de septiembre y el 2 de diciembre) se comenzó a completar la curva de rendimientos en pesos, extendiéndola en el tiempo a casi un año.
Otro de los desafíos que deberá afrontar el Gobierno previamente a encarar una posible reestructuración de la deuda pública es el de negociar con el FMI, con el objetivo de reperfilar los pagos al organismo. Además de ser un importante acreedor, el FMI es el “auditor” que evalúa si ha mejorado la capacidad de pago del país para que la nueva deuda sea sustentable; por esta razón, los bonistas seguramente querrán escuchar la evaluación del Fondo antes de aceptar una oferta de canje, ya que de lo contrario, asumirían el riesgo de aceptar un canje de bonos que con alta probabilidad esté sujeto a un nuevo canje en el futuro cercano.
El principal obstáculo en este sentido son las condicionalidades que pondría el Fondo para renegociar el acuerdo, las cuales irían a contramano de la política económica actual. Si bien el gobierno pareciera estar avanzando en la dirección correcta en cuanto a las condiciones fiscales (se alcanzó la meta del programa en 2019 y se avanzó en reformas impositivas y de gasto para este año), las principales diferencias surgen en el plano monetario. La estrategia de emisión combinada con tasas reales negativas que está llevando adelante el Banco Central no está para nada avalada por los manuales del FMI.
El problema de la deuda en la provincia de Buenos Aires es otro contratiempo para los planes de Martín Guzmán. Si para el 31 de enero no se llegara a contar con el aval de al menos el 75% de los tenedores del bono BP21 para postergar hasta el 1 de mayo el pago de capital que vence el 26 de enero, las opciones con las que contaría la Provincia serían apelar a la asistencia de último momento del gobierno nacional o de algún organismo multilateral, o bien entrar en default afectando también al resto de la deuda emitida por la provincia y nublando el panorama para la reestructuración a nivel nacional. El escenario ideal para el gobierno sería de una aceptación voluntaria de la postergación de plazos, que permita por un lado disipar el riesgo moral de asistir a la provincia, y por el otro sentar antecedentes para avanzar en el diálogo con tenedores de deuda soberana.
Está claro que las negociaciones son contrarreloj. Una exitosa reestructuración de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera en el corto plazo es sólo el último escalón de una serie de importantes desafíos. Empezar a desarrollar un instrumento de deuda en pesos que logre seducir a los inversores privados, es el primer paso a seguir en la lista, que luego se retroalimentará de un canje exitoso. Y recobrar la confianza, es indudablemente una condición necesaria.
Con información de
El Economista
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