La izquierda criticó a Del Frade: "hicieron una audiencia en apoyo a la política de Perotti en seguridad"
Viernes 24 de
Enero 2020
El medio "Izquierda Diario" dijo que el interbloque de Ciudad Futura y el Frente Social y Popular con el diputado provincial Carlos del Frade convocaron a una audiencia pública con el lema “mafias o democracia”. Se cosechan acuerdos entre ex reutemmistas y diputados de la centroizquierda.
El resto de la nota dice:
La audiencia contó con la participación del Intendente Pablo Javkin, los diputados peronistas Leandro Busatto y Luis Rubeo, el ex-intendente justicialista Héctor “Tigre” Cavallero, representantes del Sindicato de Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Arzobispado de Rosario, APDH, AMSAFE Rosario y Coad. Durante la mañana, en la Legislatura provincial en Santa Fe, se reunió la Comisión de Seguridad Pública junto a los integrantes de la Cámara Baja y el bloque justicialista confirmó que saldrá un documento de compromiso de los distintos bloques para darle al gobernador las herramientas legislativas necesarias en materia de seguridad.
Apuntando a conseguir consensos con respecto a la política que está llevando adelante el Ministro Saín a pedido de Omar Perotti, el diputado Carlos del Frade remarcó que “hay que avanzar con un control político sobre la policía. Viene Saín, va en esa dirección y lo apoyamos”. Luego cerró denunciando la complicidad de los bancos por lavado de dinero del narcotráfico: "Los bancos son absolutamente intocables en este sistema y ahí lavan el 30% de la guita de estos negocios. Nuestra política pública es depurar a la policía provincial, ir en contra del lavado de dinero y rechazar cualquier medida que tenga que ver con el control social con fuerzas federales que son tan o más corruptas que las fuerzas provinciales”.
Los representantes del justicialismo Luis Rubeo, Leandro Busatto y Norma López insistieron a los integrantes de otros bloques para que definan apoyar la Ley de Emergencia con la que el gobierno pretende fortalecer el aparato policial y la mano dura. La persistencia del PJ no tuvo una respuesta negativa por parte del FSyP o Ciudad Futura. De hecho, horas antes de la audiencia del Frade había sido parte de la reunión en la Legislatura para consensuar un documento junto a sectores del gobierno provincial, del socialismo, Cambiemos y la derecha de Granata para avanzar en el tratamiento de la Emergencia, bajo el poder político de un gobierno de funcionarios reutemistas. Unir las fuerzas de “la democracia” entre todos los que se oponen a las mafias con miembros y funcionarios de los gobiernos peronistas y progresistas que ampararon, avalaron y financiaron a la policía involucrada de manera notable en el crimen organizado no pareciera ser una alternativa creíble.
Hubo voces disidentes, como las de Gustavo Terés de AMSAFE y la CTA Rosario y Norma Ríos de APDH, que sostuvieron, junto a familiares de víctimas de la violencia estatal, organizaciones sindicales, políticas y sociales, que el camino del gobierno provincial pasa por darle más poder a las fuerzas de “seguridad”, y que no avalaban eso. Defendieron que no es con mayor control social y políticas punitivo-represivas que se va a combatir este problema, y abogaron por políticas sociales intensificadas, integrales, que conviertan a nuestros/as pibes/as en sujetos de derechos a través de espacios públicos para la desarrollo pleno de nuestra juventud, trabajo, bibliotecas y políticas públicas que generen oportunidades a futuro para dicha juventud. "Nosotros no vamos a compartir lo de la emergencia, estamos en contra de darle poderes arbitrarios al Ejecutivo porque hay antecedentes y no son los mejores" aseveró Terés.
Este planteo fue coincidente con el contenido de una muy importante declaración de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, la propia AMSAFE Rosario, Aceiteros, ATE y CTA Rosario, COAD, PTS-Frente de Izquierda Unidad, familiares de Jonatan Herrera y Ramón Casco, padre de Franco Casco, denunciando lo que consideran una política de mano dura: la orden de llevar armas con una bala en la recámara y el desembarco de tropas federales.
Entre quienes apoyarán las medidas de Perotti y Saín ni una palabra se dijo acerca de que el Gran Rosario es una de las regiones con mas desocupación del país, con niveles altísimos de precarización de la vida entre los más jóvenes; ni del ajuste del cual el actual gobierno es continuador y que hacen, lamentablemente, que pibes vulnerables sean cooptados por las bandas narcos porque "es mas rentable ser soldadito" que trabajar en una metalúrgica por un salario miserable o repartiendo comida en una bicicleta sin ningún derecho laboral. Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales de color político y siguen siendo los barrios pobres los que sufren las consecuencias de este negocio ilegal, que creció amparado por los poderosos.
La privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe - llevada adelante el gobierno peronista de Jorge Obeid y la participación directa de Omar Perotti en 1996, cuando él pasó a ser Director del Banco para llevar adelante el proceso de entrega a los hermanos Rohm- y los puertos de Rosario, son esencialmente parte del problema. Es de discusión pública que este banco lavaba dinero proveniente del narcotráfico, y que en los puertos de Rosario se "exportaban" sustancias ilegales en lo que se conoció como el operativo arroz. Esto ocurrió cuando la cúpula de la Policía de la Provincia de Santa Fe quedó bajo sospecha luego de la detención de su exjefe Hugo Tognoli. A partir de allí se conocieron parte de los entramados criminales. ¿Porqué funcionarios involucrados en esos gobiernos mágicamente van a querer oponerse a mafias a las que ampararon?
Estos ejemplos son una pequeña muestra de que este negocio capitalista necesita de una logística para transportar las sustancias ilegales. ¿Cómo logran pasar las fronteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, sino es con la participación de los uniformados y funcionarios estatales? ¿Qué harían con las recaudaciones millonarias, sino pudieran blanquearlo en el circuito legal? ¿cómo es posible “controlar” a una banda de delincuentes con licencia para matar que constituye la principal fuente de inseguridad de la población civil? Como planteamos anteriormente en La Izquierda Diario, pensar que con el “control civil” de las fuerzas de seguridad frenará a la Policía que comete infinidad de delitos no es más que una ilusión. Incluso las reformas y el control civil, que fueron puestas en práctica por el exministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, con descentralización y purgas de más de 2 mil efectivos, demostró la total impotencia de las reformas sobre estas institución reaccionaria e irreformable.
Que organizaciones que se reivindican populares como son Ciudad Futura y el FSP de Carlos del Frade avalen las políticas de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, plagado de funcionarios del asesino gobierno de Carlos Reutemann, es una legitimación incorrecta e inaceptable de una política de endurecimiento represivo.
La presencia de funcionarios municipales (el propio intendente) y de sectores del peronismo conservador en la audiencia, hablan menos de la pluralidad que de la subordinación a un gobierno que mientras niega los derechos a las docentes y los trabajadores, endurece a las fuerzas represivas, que serán usadas contra la juventud y el pueblo trabajador
La audiencia contó con la participación del Intendente Pablo Javkin, los diputados peronistas Leandro Busatto y Luis Rubeo, el ex-intendente justicialista Héctor “Tigre” Cavallero, representantes del Sindicato de Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Arzobispado de Rosario, APDH, AMSAFE Rosario y Coad. Durante la mañana, en la Legislatura provincial en Santa Fe, se reunió la Comisión de Seguridad Pública junto a los integrantes de la Cámara Baja y el bloque justicialista confirmó que saldrá un documento de compromiso de los distintos bloques para darle al gobernador las herramientas legislativas necesarias en materia de seguridad.
Apuntando a conseguir consensos con respecto a la política que está llevando adelante el Ministro Saín a pedido de Omar Perotti, el diputado Carlos del Frade remarcó que “hay que avanzar con un control político sobre la policía. Viene Saín, va en esa dirección y lo apoyamos”. Luego cerró denunciando la complicidad de los bancos por lavado de dinero del narcotráfico: "Los bancos son absolutamente intocables en este sistema y ahí lavan el 30% de la guita de estos negocios. Nuestra política pública es depurar a la policía provincial, ir en contra del lavado de dinero y rechazar cualquier medida que tenga que ver con el control social con fuerzas federales que son tan o más corruptas que las fuerzas provinciales”.
Los representantes del justicialismo Luis Rubeo, Leandro Busatto y Norma López insistieron a los integrantes de otros bloques para que definan apoyar la Ley de Emergencia con la que el gobierno pretende fortalecer el aparato policial y la mano dura. La persistencia del PJ no tuvo una respuesta negativa por parte del FSyP o Ciudad Futura. De hecho, horas antes de la audiencia del Frade había sido parte de la reunión en la Legislatura para consensuar un documento junto a sectores del gobierno provincial, del socialismo, Cambiemos y la derecha de Granata para avanzar en el tratamiento de la Emergencia, bajo el poder político de un gobierno de funcionarios reutemistas. Unir las fuerzas de “la democracia” entre todos los que se oponen a las mafias con miembros y funcionarios de los gobiernos peronistas y progresistas que ampararon, avalaron y financiaron a la policía involucrada de manera notable en el crimen organizado no pareciera ser una alternativa creíble.
Hubo voces disidentes, como las de Gustavo Terés de AMSAFE y la CTA Rosario y Norma Ríos de APDH, que sostuvieron, junto a familiares de víctimas de la violencia estatal, organizaciones sindicales, políticas y sociales, que el camino del gobierno provincial pasa por darle más poder a las fuerzas de “seguridad”, y que no avalaban eso. Defendieron que no es con mayor control social y políticas punitivo-represivas que se va a combatir este problema, y abogaron por políticas sociales intensificadas, integrales, que conviertan a nuestros/as pibes/as en sujetos de derechos a través de espacios públicos para la desarrollo pleno de nuestra juventud, trabajo, bibliotecas y políticas públicas que generen oportunidades a futuro para dicha juventud. "Nosotros no vamos a compartir lo de la emergencia, estamos en contra de darle poderes arbitrarios al Ejecutivo porque hay antecedentes y no son los mejores" aseveró Terés.
Este planteo fue coincidente con el contenido de una muy importante declaración de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, la propia AMSAFE Rosario, Aceiteros, ATE y CTA Rosario, COAD, PTS-Frente de Izquierda Unidad, familiares de Jonatan Herrera y Ramón Casco, padre de Franco Casco, denunciando lo que consideran una política de mano dura: la orden de llevar armas con una bala en la recámara y el desembarco de tropas federales.
Entre quienes apoyarán las medidas de Perotti y Saín ni una palabra se dijo acerca de que el Gran Rosario es una de las regiones con mas desocupación del país, con niveles altísimos de precarización de la vida entre los más jóvenes; ni del ajuste del cual el actual gobierno es continuador y que hacen, lamentablemente, que pibes vulnerables sean cooptados por las bandas narcos porque "es mas rentable ser soldadito" que trabajar en una metalúrgica por un salario miserable o repartiendo comida en una bicicleta sin ningún derecho laboral. Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales de color político y siguen siendo los barrios pobres los que sufren las consecuencias de este negocio ilegal, que creció amparado por los poderosos.
La privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe - llevada adelante el gobierno peronista de Jorge Obeid y la participación directa de Omar Perotti en 1996, cuando él pasó a ser Director del Banco para llevar adelante el proceso de entrega a los hermanos Rohm- y los puertos de Rosario, son esencialmente parte del problema. Es de discusión pública que este banco lavaba dinero proveniente del narcotráfico, y que en los puertos de Rosario se "exportaban" sustancias ilegales en lo que se conoció como el operativo arroz. Esto ocurrió cuando la cúpula de la Policía de la Provincia de Santa Fe quedó bajo sospecha luego de la detención de su exjefe Hugo Tognoli. A partir de allí se conocieron parte de los entramados criminales. ¿Porqué funcionarios involucrados en esos gobiernos mágicamente van a querer oponerse a mafias a las que ampararon?
Estos ejemplos son una pequeña muestra de que este negocio capitalista necesita de una logística para transportar las sustancias ilegales. ¿Cómo logran pasar las fronteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, sino es con la participación de los uniformados y funcionarios estatales? ¿Qué harían con las recaudaciones millonarias, sino pudieran blanquearlo en el circuito legal? ¿cómo es posible “controlar” a una banda de delincuentes con licencia para matar que constituye la principal fuente de inseguridad de la población civil? Como planteamos anteriormente en La Izquierda Diario, pensar que con el “control civil” de las fuerzas de seguridad frenará a la Policía que comete infinidad de delitos no es más que una ilusión. Incluso las reformas y el control civil, que fueron puestas en práctica por el exministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, con descentralización y purgas de más de 2 mil efectivos, demostró la total impotencia de las reformas sobre estas institución reaccionaria e irreformable.
Que organizaciones que se reivindican populares como son Ciudad Futura y el FSP de Carlos del Frade avalen las políticas de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, plagado de funcionarios del asesino gobierno de Carlos Reutemann, es una legitimación incorrecta e inaceptable de una política de endurecimiento represivo.
La presencia de funcionarios municipales (el propio intendente) y de sectores del peronismo conservador en la audiencia, hablan menos de la pluralidad que de la subordinación a un gobierno que mientras niega los derechos a las docentes y los trabajadores, endurece a las fuerzas represivas, que serán usadas contra la juventud y el pueblo trabajador
