Dudas con el ARA San Juan: exjefe de la Armada reclama nulidad del sumario militar
Miércoles 29 de
Enero 2020
Para establecer las responsabilidades disciplinarias emergentes de la pérdida de contacto del submarino ARA San Juan y posterior naufragio sigue sin determinarse qué normas incumplieron los marinos .
El sumario militar (legajo disciplinario) ordenado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), teniente general Bari del Valle Sosa, para establecer las responsabilidades disciplinarias emergentes de la pérdida de contacto del submarino ARA San Juan y posterior naufragio sigue sin determinar qué normas incumplieron los marinos convocados a declarar.
El ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras efectuaba una patrulla de control marítimo. Un año después, el Estado contrató a la empresa Ocean Infity que lo encontró en las profundidades (más de 900 metros) de un área próxima al Golfo San Jorge, cerca de donde se tuvo el último registro de comunicaciones con el submarino. A más de dos años del episodio que costó la vida a 44 submarinistas, la investigación castrense que lleva adelante el oficial instructor, comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez, sumó un nuevo planteo de nulidad a la ristra de pedidos de otros oficiales de la Armada ya citados a tomar vista del expediente. Esta vez fue el turno del exjefe de la Armada, almirante retirado Marcelo Srur. Solicitó la nulidad porque la citación fue hecha por el oficial instructor (el comodoro Méndez) y no por la máxima autoridad castrense, el teniente general Sosa y además porque no se estableció qué normas incumplió y cuál sería la gradación de las faltas disciplinarias presuntamente cometidas.
El alto oficial naval en su escrito calificó el llamado de “nulo de nulidad absoluta e insanable” toda vez que “el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas establece que la autoridad militar superior que ejerza la potestad disciplinaria (en el presente caso inviste esa calidad el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) deberá convocar en forma mandatoria al personal militar al cual se le imputen conductas reprochables”. “El oficial instructor no resulta la autoridad competente por ley para tomarme declaración, hasta tanto no haya sido imputado como presunto infractor, conforme lo estatuido en el Artículo 31 del Anexo II del Decreto 2662/12”, dice la nota presentada por Srur. “Es el jefe de Estado Mayor Conjunto la única autoridad militar con competencia atribuida por ley para convocarme a ése Acto Formal” reclamó el exjefe naval.
El 27 de setiembre de 2019 el comodoro Méndez, oficial instructor, solicitó al teniente general Sosa la declaración de presuntos infractores en el caso bajo investigación y no recibió respuesta. Sólo contó con una resolución del auditor de las Fuerzas Armadas, en la que se lo faculta -por delegación del general Sosa- a llamar a los involucrados pero sin tener en forma expresa la calificación ni la falta disciplinaria encuadrada para cada uno de los citados. Consta en el expediente (foja 1033/1039) la disidencia de Méndez con la orden que recibió de llamar a los involucrados sin la diligencia cumplida por la máxima autoridad militar -el jefe del Estado Mayor Conjunto- de establecer la imputación de los presuntos infractores.
La dilación del presidente Alberto Fernández, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en designar la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas a pesar de que ya lo hizo con las de Seguridad, agrega más tiempo muerto a las investigaciones que conduce el comodoro Méndez. El Estado Mayor Conjunto, a cargo de Bari Sosa, está en un impasse de gestión a la espera de los sucesores.
El expediente disciplinario militar del ARA San Juan se desarrolla en paralelo con la investigación penal de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. Ambos tienen el mismo interrogante imposible de responder: qué sucedió dentro del submarino desde que su comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 que ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías de proa, y que quedaron fuera de servicio.
Más tarde, por comunicaciones documentadas del 15 de noviembre de 2017 se sabe que estaban en inmersión a plano de periscopio, propulsando con circuito dividido, circuito (baterías) de popa, con rumbo 015° y 5 nudos de velocidad en dirección a la Base de Mar del Plata, y que luego irían a plano 40 (n.r. metros de profundidad) para entrar en el tanque de baterías Nº 3 y evaluar los daños. Hasta que sobrevino el evento hidroacústico registrado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO su sigla en inglés) que demostraría la implosión de la nave a 468 metros de profundidad.
El ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras efectuaba una patrulla de control marítimo. Un año después, el Estado contrató a la empresa Ocean Infity que lo encontró en las profundidades (más de 900 metros) de un área próxima al Golfo San Jorge, cerca de donde se tuvo el último registro de comunicaciones con el submarino. A más de dos años del episodio que costó la vida a 44 submarinistas, la investigación castrense que lleva adelante el oficial instructor, comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez, sumó un nuevo planteo de nulidad a la ristra de pedidos de otros oficiales de la Armada ya citados a tomar vista del expediente. Esta vez fue el turno del exjefe de la Armada, almirante retirado Marcelo Srur. Solicitó la nulidad porque la citación fue hecha por el oficial instructor (el comodoro Méndez) y no por la máxima autoridad castrense, el teniente general Sosa y además porque no se estableció qué normas incumplió y cuál sería la gradación de las faltas disciplinarias presuntamente cometidas.
El alto oficial naval en su escrito calificó el llamado de “nulo de nulidad absoluta e insanable” toda vez que “el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas establece que la autoridad militar superior que ejerza la potestad disciplinaria (en el presente caso inviste esa calidad el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) deberá convocar en forma mandatoria al personal militar al cual se le imputen conductas reprochables”. “El oficial instructor no resulta la autoridad competente por ley para tomarme declaración, hasta tanto no haya sido imputado como presunto infractor, conforme lo estatuido en el Artículo 31 del Anexo II del Decreto 2662/12”, dice la nota presentada por Srur. “Es el jefe de Estado Mayor Conjunto la única autoridad militar con competencia atribuida por ley para convocarme a ése Acto Formal” reclamó el exjefe naval.
El 27 de setiembre de 2019 el comodoro Méndez, oficial instructor, solicitó al teniente general Sosa la declaración de presuntos infractores en el caso bajo investigación y no recibió respuesta. Sólo contó con una resolución del auditor de las Fuerzas Armadas, en la que se lo faculta -por delegación del general Sosa- a llamar a los involucrados pero sin tener en forma expresa la calificación ni la falta disciplinaria encuadrada para cada uno de los citados. Consta en el expediente (foja 1033/1039) la disidencia de Méndez con la orden que recibió de llamar a los involucrados sin la diligencia cumplida por la máxima autoridad militar -el jefe del Estado Mayor Conjunto- de establecer la imputación de los presuntos infractores.
La dilación del presidente Alberto Fernández, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en designar la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas a pesar de que ya lo hizo con las de Seguridad, agrega más tiempo muerto a las investigaciones que conduce el comodoro Méndez. El Estado Mayor Conjunto, a cargo de Bari Sosa, está en un impasse de gestión a la espera de los sucesores.
El expediente disciplinario militar del ARA San Juan se desarrolla en paralelo con la investigación penal de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez. Ambos tienen el mismo interrogante imposible de responder: qué sucedió dentro del submarino desde que su comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 que ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías de proa, y que quedaron fuera de servicio.
Más tarde, por comunicaciones documentadas del 15 de noviembre de 2017 se sabe que estaban en inmersión a plano de periscopio, propulsando con circuito dividido, circuito (baterías) de popa, con rumbo 015° y 5 nudos de velocidad en dirección a la Base de Mar del Plata, y que luego irían a plano 40 (n.r. metros de profundidad) para entrar en el tanque de baterías Nº 3 y evaluar los daños. Hasta que sobrevino el evento hidroacústico registrado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO su sigla en inglés) que demostraría la implosión de la nave a 468 metros de profundidad.
Con información de
Ámbito
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