SANTA FE
Allanaron la Jefatura de San Lorenzo y pasan a disponibilidad cinco uniformados
Viernes 31 de
Enero 2020
Fue en el marco de una investigación iniciada por una denuncia anónima que los vinculaba a supuesta connivencia con bandas delictivas.
La Unidad Regional XVII de policía de San Lorenzo, intervenida desde hace 40 días, volvió a ser blanco de una investigación a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades contra personal en ejercicio. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Dirección de Asuntos Internos y, en un principio, redundó en los pedidos de pase a disponibilidad para cuatro comisarios y un oficial.
Fuentes judiciales confirmaron que el allanamiento fue ordenado por el fiscal de Delitos Complejos Matías Edery a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades que, en líneas generales, indicarían connivencia entre ciertos uniformados y bandas criminales que operan en el cordón industrial.
Según el vocero tribunalicio la denuncia refería que algunos oficiales de rango medio —sus identidades no fueron dadas a conocer— aportaban información y datos a delincuentes. Entre otras cosas, los alertaban ante la posibilidad de allanamientos. En este sentido enumeraban una serie de procedimientos que habrían resultado negativos, al parecer por esta situación.
La denuncia fue comunicada al interventor de la URXVII, Carlos Lemos, y el fiscal Edery ordenó el allanamiento que se ejecutó el jueves hasta entrada la noche. Al cierre de esta edición se analizaba el material que se había incautado y el personal de Asuntos Internos se encargará de analizar la detección o no de delitos. En caso de anomalías la investigación será judicializada.
Tormentoso
El allanamiento llamó la atención por tratarse de una jefatura departamental que desde hace varios meses está en el ojo de la tormenta, especialmente luego de que el pasado 18 de diciembre el entonces flamante ministro de Seguridad de la provincia,, Marcelo Saín, decidiera intervenirla a instancias de un informe elevado por el jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia.
Por esos días una ola de robos a viviendas particulares en la ciudad de Roldán daba cuenta de "un servicio deficiente" y se sumaba a la imputación, también por entonces, de graves delitos contra oficiales de alto rango de la Jefatura como Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco, quienes fueron acusados en el marco de una investigación sobre las actividades delictivas de Esteban Lindor Alvarado.
Al primero le achacaron falsear la venta de una vivienda —realizada en 2012 pero antedatada a 2010 y "sobrevaluada"— para justificar su patrimonio, bajo la lupa de Asuntos Internos. En la operación se vio involucrado Jorge Banegas, sindicado como mano derecha de Alvarado.
A Di Franco lo acusaron de pasarle a Alvarado datos oficiales sobre vehículos "facilitando la comercialización de autos adquiridos de manera ilegítima".
Las imputaciones derivaron en la renuncia del entonces jefe de ambos y titular de la URVII, Gonzalo "Chino" Paz, quien pidió el pase a retiro.
Sin embargo, no fue ese el primer escándalo que atravesó la Jefatura de la UR XVII durante 2019 ya que meses antes había sido detenido el jefe de la Alcaidía, José Budiño, acusado de brindar una serie de servicios VIP a presos a cambio de dinero.
El comisario fue imputado de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el fiscal Aquiles Balbis, que le atribuyó habilitar celdas con comodidades y permitirles acopiar armas blancas así como otros elementos prohibidos para personas privadas de su libertad.
Tampoco ayudó a la imagen de la UR XVII un incidente ocurrido al día siguiente de una audiencia contra Budiño, cuando cerca de la sede del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo arrojaron líquido de frenos sobre el auto de Balbis.
Nada que ver, pero...
En ese contexto se conoció una denuncia contra el subcomisario Damián B. por un hecho de abuso sexual simple. La presentación fue elevada el lunes por la División Judiciales de la UR XVII a la Fiscalía de San Lorenzo y, según fuentes judiciales, fue tomada el miércoles por el fiscal Leandro Lucente.
Sin embargo este hecho no tiene en principio nada que ver con los allanamientos practicados ayer en la Jefatura sanlorencina.
Fuentes judiciales confirmaron que el allanamiento fue ordenado por el fiscal de Delitos Complejos Matías Edery a partir de una denuncia anónima sobre irregularidades que, en líneas generales, indicarían connivencia entre ciertos uniformados y bandas criminales que operan en el cordón industrial.
Según el vocero tribunalicio la denuncia refería que algunos oficiales de rango medio —sus identidades no fueron dadas a conocer— aportaban información y datos a delincuentes. Entre otras cosas, los alertaban ante la posibilidad de allanamientos. En este sentido enumeraban una serie de procedimientos que habrían resultado negativos, al parecer por esta situación.
La denuncia fue comunicada al interventor de la URXVII, Carlos Lemos, y el fiscal Edery ordenó el allanamiento que se ejecutó el jueves hasta entrada la noche. Al cierre de esta edición se analizaba el material que se había incautado y el personal de Asuntos Internos se encargará de analizar la detección o no de delitos. En caso de anomalías la investigación será judicializada.
Tormentoso
El allanamiento llamó la atención por tratarse de una jefatura departamental que desde hace varios meses está en el ojo de la tormenta, especialmente luego de que el pasado 18 de diciembre el entonces flamante ministro de Seguridad de la provincia,, Marcelo Saín, decidiera intervenirla a instancias de un informe elevado por el jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia.
Por esos días una ola de robos a viviendas particulares en la ciudad de Roldán daba cuenta de "un servicio deficiente" y se sumaba a la imputación, también por entonces, de graves delitos contra oficiales de alto rango de la Jefatura como Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco, quienes fueron acusados en el marco de una investigación sobre las actividades delictivas de Esteban Lindor Alvarado.
Al primero le achacaron falsear la venta de una vivienda —realizada en 2012 pero antedatada a 2010 y "sobrevaluada"— para justificar su patrimonio, bajo la lupa de Asuntos Internos. En la operación se vio involucrado Jorge Banegas, sindicado como mano derecha de Alvarado.
A Di Franco lo acusaron de pasarle a Alvarado datos oficiales sobre vehículos "facilitando la comercialización de autos adquiridos de manera ilegítima".
Las imputaciones derivaron en la renuncia del entonces jefe de ambos y titular de la URVII, Gonzalo "Chino" Paz, quien pidió el pase a retiro.
Sin embargo, no fue ese el primer escándalo que atravesó la Jefatura de la UR XVII durante 2019 ya que meses antes había sido detenido el jefe de la Alcaidía, José Budiño, acusado de brindar una serie de servicios VIP a presos a cambio de dinero.
El comisario fue imputado de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el fiscal Aquiles Balbis, que le atribuyó habilitar celdas con comodidades y permitirles acopiar armas blancas así como otros elementos prohibidos para personas privadas de su libertad.
Tampoco ayudó a la imagen de la UR XVII un incidente ocurrido al día siguiente de una audiencia contra Budiño, cuando cerca de la sede del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo arrojaron líquido de frenos sobre el auto de Balbis.
Nada que ver, pero...
En ese contexto se conoció una denuncia contra el subcomisario Damián B. por un hecho de abuso sexual simple. La presentación fue elevada el lunes por la División Judiciales de la UR XVII a la Fiscalía de San Lorenzo y, según fuentes judiciales, fue tomada el miércoles por el fiscal Leandro Lucente.
Sin embargo este hecho no tiene en principio nada que ver con los allanamientos practicados ayer en la Jefatura sanlorencina.
Con información de
UNO
Pullaro desgasta rápidamente a los suyos: ¿el motivo?
No alcanzó con reformar la Constitución para asegurar la posibilidad de la reelección del Gobernador ¿Por qué desgasta políticamente a los propios? Sectores del socialismo analizan alejarse del frente oficialista. Mientras tanto muestran los dientes y enojo en algunos proyectos en trámites en la Legislatura.
Vuelve el canal rojo para importaciones: cuáles son los nuevos controles y sanciones por incumplimiento
El Gobierno asumirá el costo de pruebas y ensayos; el detalle de la normativa que rige desde mañana
La guerra amenaza el plan de Javier Milei
El impacto del conflicto sobre la inflación argentina; la negativa del Presidente de colocar un bono; el problema de la caída en la recaudación; la alarma de Talvi; Mahiques en la Conmebol y en la FIFA; el abogado Jakim; el caso del juez Maraniello
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Conducen: Maxi Romero y Carlos Renna
LO MÁS VISTO
Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia y lo reemplaza Juan Bautista Mahiques
El Presidente Javier Milei aceptó la salida del funcionario y oficializó rápidamente a su sucesor al frente de una cartera clave
No alcanzó con reformar la Constitución para asegurar la posibilidad de la reelección del Gobernador ¿Por qué desgasta políticamente a los propios? Sectores del socialismo analizan alejarse del frente oficialista. Mientras tanto muestran los dientes y enojo en algunos proyectos en trámites en la Legislatura.
La garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio encuentran su máxima puesta a prueba en la validez intrínseca de las decisiones judiciales.
Después del dardo que disparó el Presidente contra la titular del Senado en la apertura de las sesiones ordinarias, el diputado la cuestionó duramente. Deslizó que quiso quedarse con el lugar del Jefe de Estado y afirmó que fue "funcional a la oposición". "Debería ubicarse", respondió Villarruel, quien apuntó contra el ex ministro de Defensa por el manejo de la obra social de los militares.
