Axel Kicillof excluyó a 11 mil trabajadores estatales del aumento otorgado por decreto
Miércoles 19 de
Febrero 2020
Se trata de los empleados contratados bajo las modalidades locación de servicio y locación de obra, quienes no recibirán el pago de $3.000 en marzo y de $4.000 a partir de abril anunciado ayer
El gobernador Axel Kicillof dispuso otorgar a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires un aumento fijo de $3.000 en los salarios de febrero (se cobran durante la primera semana de marzo) y de $4.000 a partir del pago de la remuneración de marzo. El incremento es a cuenta de las paritarias 2020 y no tiene tope: quienes perciben los sueldos más altos también serán beneficiados por la resolución.
Este miércoles, la administración bonaerense difundió un instructivo interno que explica cómo debe liquidarse el aumento e introdujo un dato que no fue bien recibido por los gremios. Entre los empleados excluidos del alcance del decreto se encuentran los contratados. Se trata de un régimen contemplado por las leyes locales que debería ser utilizado exclusivamente para los profesionales que cumplen tareas técnicas puntuales en el Estado, pero que con el paso del tiempo y de los sucesivos gobiernos se terminó transformando en una vía irregular de incorporarción de personal precarizado a la gestión pública.
De acuerdo a un relevamiento realizado en el final del mandato de María Eugenia Vidal, hay al menos 11 mil personas que cumplen tareas bajo esta modalidad. Son profesionales que en vez de formar parte de la planta permanente y contar con todos los derechos que les corresponden, facturan cada 30 días la tarea que prestan en diversas áreas; “locación de servicios”, en términos jurídicos.
La exclusión de este grupo no menor de trabajadores estatales del aumento dispuesto ayer generó el rechazo de la seccional bonaerense de ATE. Su secretario general, Oscar de Isasi, aseguró a Infobae que la situación de los denominados “autónomos” fue una de las quejas planteadas en las negociaciones.
No es para menos. Los memoriosos conocedores de la administración pública no recuerdan una decisión similar en los últimos años. Por ejemplo, durante el gobierno de Vidal siempre se encuadró al personal que factura dentro de lo acordado en paritarias. También se le pagó el bono de $7.000 de noviembre de 2018 en medio de la recesión y la suba descontrolada de los precios. Uno de los funcionarios que integraron la mesa de toma de decisiones de la gestión de Cambiemos repite por estas horas con cierta amargura: “La inmensa mayoría de los gremios ahora aceptan una suma de $3.000 y antes nos puteaban a nosotros cuando les garantizamos al menos hasta las PASO no perder contra la inflación”.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron la veracidad del instructivo que acompaña esta nota y diferenciaron ese plus de 2018 del pago actual, que es remunerativo y quedará incluido en el salario. Además, resaltan que las negociaciones paritarias continúan abiertas y no descartan que en las próximas reuniones se discuta el tema de quienes facturan.
Por lo pronto, en esos encuentros De Isasi adelantó que exigirán una suba que no sólo empate la inflación de 2020, sino que recupere el poder adquisitivo perdido. "Planteamos además que debe incorporarse el presentismo al sueldo y estamos peleando por aumentar la hora de bolsillo de los auxiliares de la educación y de la salud”, detalló.
En el documento oficial al que accedió este medio se excluye además del aumento a los docentes (Ley 10.579), que se encuentran en plena negociación y esperan la resolución de la paritaria nacional para avanzar en la discusión de los temas del distrito (la idea es otorgarles también una suma fija), a los integrantes del gabinete (Ley 10.430, artículo 111, inciso a) y al personal jerarquizado superior (no especifica a qué escalones del organigrama se refiere), y a los contratados por locación de obra (figura que en muchas ocasiones también se utiliza para ocultar una relación laboral estable con el Estado).
Este miércoles, la administración bonaerense difundió un instructivo interno que explica cómo debe liquidarse el aumento e introdujo un dato que no fue bien recibido por los gremios. Entre los empleados excluidos del alcance del decreto se encuentran los contratados. Se trata de un régimen contemplado por las leyes locales que debería ser utilizado exclusivamente para los profesionales que cumplen tareas técnicas puntuales en el Estado, pero que con el paso del tiempo y de los sucesivos gobiernos se terminó transformando en una vía irregular de incorporarción de personal precarizado a la gestión pública.
De acuerdo a un relevamiento realizado en el final del mandato de María Eugenia Vidal, hay al menos 11 mil personas que cumplen tareas bajo esta modalidad. Son profesionales que en vez de formar parte de la planta permanente y contar con todos los derechos que les corresponden, facturan cada 30 días la tarea que prestan en diversas áreas; “locación de servicios”, en términos jurídicos.
La exclusión de este grupo no menor de trabajadores estatales del aumento dispuesto ayer generó el rechazo de la seccional bonaerense de ATE. Su secretario general, Oscar de Isasi, aseguró a Infobae que la situación de los denominados “autónomos” fue una de las quejas planteadas en las negociaciones.
No es para menos. Los memoriosos conocedores de la administración pública no recuerdan una decisión similar en los últimos años. Por ejemplo, durante el gobierno de Vidal siempre se encuadró al personal que factura dentro de lo acordado en paritarias. También se le pagó el bono de $7.000 de noviembre de 2018 en medio de la recesión y la suba descontrolada de los precios. Uno de los funcionarios que integraron la mesa de toma de decisiones de la gestión de Cambiemos repite por estas horas con cierta amargura: “La inmensa mayoría de los gremios ahora aceptan una suma de $3.000 y antes nos puteaban a nosotros cuando les garantizamos al menos hasta las PASO no perder contra la inflación”.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron la veracidad del instructivo que acompaña esta nota y diferenciaron ese plus de 2018 del pago actual, que es remunerativo y quedará incluido en el salario. Además, resaltan que las negociaciones paritarias continúan abiertas y no descartan que en las próximas reuniones se discuta el tema de quienes facturan.
Por lo pronto, en esos encuentros De Isasi adelantó que exigirán una suba que no sólo empate la inflación de 2020, sino que recupere el poder adquisitivo perdido. "Planteamos además que debe incorporarse el presentismo al sueldo y estamos peleando por aumentar la hora de bolsillo de los auxiliares de la educación y de la salud”, detalló.
En el documento oficial al que accedió este medio se excluye además del aumento a los docentes (Ley 10.579), que se encuentran en plena negociación y esperan la resolución de la paritaria nacional para avanzar en la discusión de los temas del distrito (la idea es otorgarles también una suma fija), a los integrantes del gabinete (Ley 10.430, artículo 111, inciso a) y al personal jerarquizado superior (no especifica a qué escalones del organigrama se refiere), y a los contratados por locación de obra (figura que en muchas ocasiones también se utiliza para ocultar una relación laboral estable con el Estado).
Con información de
Infobae
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