SANTA FE
Apertura del año judicial
Rafael Gutierrez: "La seguridad pública no es responsabilidad de la Justicia"
Jueves 27 de
Febrero 2020
El magistrado enfatizó la necesidad de que los tres poderes colaboren, aunque preservando sus respectivas incumbencias. Puertas adentro, destacó que la persecusión criminal está en cabeza de los fiscales, y no de los jueces.
Rafael Gutiérrez abrió este jueves por undécima vez el año judicial, en su carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, acompañado por un significativo auditorio -encabezado por el gobernador de la provincia, Omar Perotti y la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo- y con un discurso que tuvo como eje tanto la “separación de funciones” entre los distintos poderes, como la necesidad de colaboración frente a la complejidad de los problemas actuales. Fundamentalmente, las derivaciones de la situación social y de la expansión del narcotráfico.
Tras poner como ejemplo el desenvolvimiento de la causa “Los Monos”, insistió “en la necesidad de contar con organismos calificados, que realicen tareas de investigación, inteligencia y pesquisa lo suficientemente sólidas para profundizar en la persecución del delito, para de esta manera poder traer ante estos estrados no sólo a los autores materiales de los mismos, sino también a sus ideólogos”.
Por otro lado, hizo notar que “la angustia y la desesperación” que empujan a los ciudadanos a acudir masivamente los tribunales en procura del resguardo de sus derechos, no debe hacer perder de vista que “algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral”.
Inseguridad
La candente problemática de la inseguridad también mereció un apartado especial en el discurso: “Es preciso no perder de vista que el nuevo sistema procesal penal, aún en su más pleno y efectivo funcionamiento, no constituye la panacea contra la inseguridad (...). El Poder Judicial entra en escena cuando el hecho ya se perpetró, es decir, cuando ya hay un bien jurídicamente tutelado que ha sido vulnerado.
“La prevención del delito, el cuidado de la seguridad pública de nuestros conciudadanos es materia propia del Poder Ejecutivo. La policía de seguridad y el sinfín de recursos propios de la promoción social y de los servicios públicos -que, sin lugar a dudas, contribuyen a disuadir la actividad delictual- resultan ajenos a la órbita de competencia de los jueces”, subrayó el presidente de la Corte.
No obstante, el magistrado apuntó algunas líneas sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, para recordar que “cuenta con la estructura técnica y administrativa suficiente para cumplir con su función principal, de establecer y ejecutar los lineamientos de la política de persecución penal pública en el ámbito provincial, fijando para ello las prioridades y criterios técnicos de la investigación y persecución de los delitos.
“Así, los fiscales son los responsables de seleccionar en qué casos y bajo qué fundamentos solicitarán prisión preventiva, por cuáles presentarán acusación y requerirán que los casos sean llevados a juicios”, al igual que “determinar en qué supuestos concertarán acuerdos abreviados, se aplicarán criterios de oportunidad; o se solicitará la suspensión del juicio a prueba”, abundó. Y dejó en claro que “la naturaleza acusatoria de este nuevo sistema limita las facultades de los magistrados a admitir o rechazar las peticiones de las partes”.
Punto por punto
Vacantes.- “El Consejo de la Magistratura funciona mejor, pero sobre un total de 344 cargos de jueces en toda la Provincia, 31 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo 4 están cubiertas con jueces subrogantes; los restantes 27, permanecen sin ningún tipo de cobertura”.
Obras tribunalicias.- Tras repasar los trabajos realizados o en marcha en toda la provincia, destacó el trabajo de todas las áreas del Poder Judicial, “como así también por el apoyo económico comprometido por el anterior gobierno, el cual esperamos continúe con esta nueva gestión”.
Informatización.- Gutiérrez resaltó los logros en cuanto a la digitalización de expedientes, interconexión de sedes y el sistema de autoconsulta (incluso por teléfono). Y planteó como próximo objetivo la vinculación digital con otras dependencias del Estado (como el Registro Civil y el de la Propiedad).
Capacitación.- El Centro de Capacitación organizó más de 71 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios) en toda la provincia, abarcando a más de 3.500 personas. El énfasis estuvo puesto en perspectiva de género, protección de personas en situación de vulnerabilidad, y el nuevo sistema procesal penal.
Mediación.- Se llegó a 800 mediadores y co-mediadores en toda la provincia. Desde los inicios del mecanismo, en 1999, ya se cuentan 49.000 intervenciones, con un índice de conciliación de más del 65% de las causas en materia Civil y Comercial, 84% en el ámbito de familia, y 80% en el fuero penal.
El debate por la feria
En un extenso tramo del discurso, Gutiérrez abordó la discusión sobre la feria judicial, puesta sobre el tapete en las primeras semanas de este año, como -según interpretó- “mecanismo de embate hacia el Poder Judicial”.
“Hemos llegado a escuchar disparatadas elucubraciones sobre la cantidad de licencias de las que puede hacer uso un agente judicial, al punto de concluir que, si se utilizaran todos los permisos que se encuentran en el respectivo reglamento, el mismo agente trabajaría la mitad del año calendario”, disparó.
Y luego de aludir al derecho constitucional de todos los agentes de gozar de vacaciones, y de los criterios de organización de las licencias en función de las necesidades del servicio y el flujo de actividad, destacó que ello no implica una paralización de la Justicia.
“Durante enero, el movimiento de causas en toda la provincia ascendió a más de 4900 causas en el ámbito del derecho privado, y 1000 causas en el mundo del derecho penal”, en las cuales además se realizaron 813 audiencias “todas con presencia efectiva de los respectivos magistrados”, resaltó.
Gutiérrez insistió en que “esta metodología de trabajo, permite en el caso del Poder Judicial, contar durante el transcurso del año calendario con el total de su planta de magistrados, funcionarios y empleados”. Hizo notar que en el actual período también el Poder Ejecutivo dispuso receso en enero y, en tren de marcar diferencias, que en el Poder Judicial los días de licencia son “corridos”, y no hábiles, como en la administración pública.
Tras poner como ejemplo el desenvolvimiento de la causa “Los Monos”, insistió “en la necesidad de contar con organismos calificados, que realicen tareas de investigación, inteligencia y pesquisa lo suficientemente sólidas para profundizar en la persecución del delito, para de esta manera poder traer ante estos estrados no sólo a los autores materiales de los mismos, sino también a sus ideólogos”.
Por otro lado, hizo notar que “la angustia y la desesperación” que empujan a los ciudadanos a acudir masivamente los tribunales en procura del resguardo de sus derechos, no debe hacer perder de vista que “algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral”.
Inseguridad
La candente problemática de la inseguridad también mereció un apartado especial en el discurso: “Es preciso no perder de vista que el nuevo sistema procesal penal, aún en su más pleno y efectivo funcionamiento, no constituye la panacea contra la inseguridad (...). El Poder Judicial entra en escena cuando el hecho ya se perpetró, es decir, cuando ya hay un bien jurídicamente tutelado que ha sido vulnerado.
“La prevención del delito, el cuidado de la seguridad pública de nuestros conciudadanos es materia propia del Poder Ejecutivo. La policía de seguridad y el sinfín de recursos propios de la promoción social y de los servicios públicos -que, sin lugar a dudas, contribuyen a disuadir la actividad delictual- resultan ajenos a la órbita de competencia de los jueces”, subrayó el presidente de la Corte.
No obstante, el magistrado apuntó algunas líneas sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, para recordar que “cuenta con la estructura técnica y administrativa suficiente para cumplir con su función principal, de establecer y ejecutar los lineamientos de la política de persecución penal pública en el ámbito provincial, fijando para ello las prioridades y criterios técnicos de la investigación y persecución de los delitos.
“Así, los fiscales son los responsables de seleccionar en qué casos y bajo qué fundamentos solicitarán prisión preventiva, por cuáles presentarán acusación y requerirán que los casos sean llevados a juicios”, al igual que “determinar en qué supuestos concertarán acuerdos abreviados, se aplicarán criterios de oportunidad; o se solicitará la suspensión del juicio a prueba”, abundó. Y dejó en claro que “la naturaleza acusatoria de este nuevo sistema limita las facultades de los magistrados a admitir o rechazar las peticiones de las partes”.
Punto por punto
Vacantes.- “El Consejo de la Magistratura funciona mejor, pero sobre un total de 344 cargos de jueces en toda la Provincia, 31 se encuentran vacantes a la fecha. De ellos, sólo 4 están cubiertas con jueces subrogantes; los restantes 27, permanecen sin ningún tipo de cobertura”.
Obras tribunalicias.- Tras repasar los trabajos realizados o en marcha en toda la provincia, destacó el trabajo de todas las áreas del Poder Judicial, “como así también por el apoyo económico comprometido por el anterior gobierno, el cual esperamos continúe con esta nueva gestión”.
Informatización.- Gutiérrez resaltó los logros en cuanto a la digitalización de expedientes, interconexión de sedes y el sistema de autoconsulta (incluso por teléfono). Y planteó como próximo objetivo la vinculación digital con otras dependencias del Estado (como el Registro Civil y el de la Propiedad).
Capacitación.- El Centro de Capacitación organizó más de 71 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios) en toda la provincia, abarcando a más de 3.500 personas. El énfasis estuvo puesto en perspectiva de género, protección de personas en situación de vulnerabilidad, y el nuevo sistema procesal penal.
Mediación.- Se llegó a 800 mediadores y co-mediadores en toda la provincia. Desde los inicios del mecanismo, en 1999, ya se cuentan 49.000 intervenciones, con un índice de conciliación de más del 65% de las causas en materia Civil y Comercial, 84% en el ámbito de familia, y 80% en el fuero penal.
El debate por la feria
En un extenso tramo del discurso, Gutiérrez abordó la discusión sobre la feria judicial, puesta sobre el tapete en las primeras semanas de este año, como -según interpretó- “mecanismo de embate hacia el Poder Judicial”.
“Hemos llegado a escuchar disparatadas elucubraciones sobre la cantidad de licencias de las que puede hacer uso un agente judicial, al punto de concluir que, si se utilizaran todos los permisos que se encuentran en el respectivo reglamento, el mismo agente trabajaría la mitad del año calendario”, disparó.
Y luego de aludir al derecho constitucional de todos los agentes de gozar de vacaciones, y de los criterios de organización de las licencias en función de las necesidades del servicio y el flujo de actividad, destacó que ello no implica una paralización de la Justicia.
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Con información de
El Litoral
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