El Gobierno apura una ley para el petróleo y el litio: una “zona franca” en el país de las restricciones cambiarias
Por:
Eduardo Aulicino
Miércoles 04 de
Marzo 2020
Buscaría garantizar inversiones y reanimar la actividad, desmontando limitaciones cambiarias y dando mayores garantías. Sería acotada a esos dos rubros. Pesan Vaca Muerta y el freno a una fuerte inversión en Salta. Y asoma un debate sobre recursos naturales y soberanía
No sólo la legalización del aborto y con un poco menos de velocidad la reforma judicial ocupan los primeros renglones de las prioridades del oficialismo para el Congreso. También avanza en los despachos próximos al Presidente un proyecto pensado básicamente para el petróleo y sectores de la minería. En otras palabras, para Vaca Muerta y el litio en primerísimos lugares. El Gobierno no únicamente habla de reanimar la actividad, sino además de facilitar inversiones, algo que también tiene traducción práctica: liberar esas actividades del cepo o “encapsularlas” legalmente con regímenes propios que garanticen horizonte jurídico y flujo –de llegada y salida- de millones de dólares.
Es un desafío para el ciclo legislativo que arranca. La iniciativa no tiene fecha, aunque el Gobierno deja trascender que es un tema sensible y que demanda respuestas sin mucha demora, vitales en una economía fría y que, si se encamina la reestructuración de la deuda, demandaría de todos modos muchos meses para dar señales más o menos sólidas de recuperación. Los más optimistas ven una luz hacia octubre. Se verá. Pero por lo pronto, la necesidad apremia y las medidas en gestación indicarían que se viene un debate jugoso en términos económicos y hasta ideológicos.
Alberto Fernández no dejó anuncios económicos en su discurso del domingo pasado ante el Congreso. Y unas de las pocas pistas pasó algo inadvertida, según se advierte en medios oficialistas en una referencia que incluiría a legisladores propios: el Presidente dijo que enviará un proyecto para los sectores de petróleo y gas, y mineros, que “promueva y estimule la inversión” local y extranjera.
Ese proyecto tendría dos destinatarios precisos. En primer lugar, Vaca Muerta. Desde que cesaron las idas y vueltas con los candidatos para Economía y Guillermo Nielsen quedó con destino en la conducción de YPF, en el entorno de Alberto Fernández se viene hablando de la necesidad de una legislación específica para el sector. Garantías, en una actividad de inversiones fuertes y plazos largos. El eco de Chevron en la era de Cristina Fernández de Kirchner siempre inquieta aunque ahora lo descartan. Una ley debería dar otro marco.
La explotación de litio ocupa el otro sitio destacado. Si en Vaca Muerta se registra un clima de virtual suspenso, en el caso del litio existe un caso testigo potente del parate en materia de nuevas inversiones: el freno al proyecto de 600 millones de dólares encarado por la empresa de capital francés y transnacional Eramet, en Salta. El anticipo de esa medida empresarial lo tuvo Alberto Fernández hace un mes durante su visita a Francia. Y en estos días, tomaron registro más puntual en Economía y en la Casa Rosada.
La empresa explicó su decisión señalando centralmente las dificultades para financiar el proyecto. Esos problemas son adjudicados, naturalmente, a dos cuadros: el cepo cambiario y la incertidumbre por la renegociación de la deuda y también, sin vueltas, por la indefinición de un programa económico más allá del ajuste de cuentas fiscales decidido como paso y señal iniciales. Son vitales las tratativas con el FMI para ir fijando lineamientos económicos y la pulseada con los acreedores privados externos, pero la ley en cuestión aparece como una materia necesaria por sí misma.
En medios oficiales califican el referido caso con el litio es razonable y dicen que la necesidad de resolver un marco legal es imprescindible. La empresa francesa ya avanzó con un cuarto de la inversión prevista, es decir unos 150 millones de dólares, pero requiere garantías legales y de contexto para lograr el financiamiento del resto. Eso, señala un funcionario que conoce el tema, en la perspectiva de un año y medio o dos para dar la vuelta y estar girando divisas a su casa central.
La inquietud por lo que ocurre en Vaca Muerta es mayor aún, empezando por el volumen. Según informes privados, la actividad cayó alrededor del 40 por ciento entre febrero del año pasado, que fue récord, y el febrero que acaba de finalizar. Eso, con menos firmas operando. Más allá de cifras precisas, en medios empresariales se coincide en hablar de una baja significativa.
No parece claro cuando estaría definido el texto de la iniciativa legal. En el temario del oficialismo, se anota primero el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que cruza a la sociedad y que ya anticipa fisuras en los bloques mayoritarios. Después, la reforma judicial, aún con algunos puntos en proceso de definición y con sugestivo oleaje en la interna. Más atrás en elaboración vendría la ley anticipada por el Presidente para los sectores petroleros y mineros.
En este último caso, pesan las necesidades de captar inversiones y reanimar la producción. Con todo, sería un tema de debates fuertes o al menos de digestión complicada para algunas franjas del propio oficialismo. Es una combinación fuerte: recursos naturales no renovables y cuestiones de soberanía.
Es un desafío para el ciclo legislativo que arranca. La iniciativa no tiene fecha, aunque el Gobierno deja trascender que es un tema sensible y que demanda respuestas sin mucha demora, vitales en una economía fría y que, si se encamina la reestructuración de la deuda, demandaría de todos modos muchos meses para dar señales más o menos sólidas de recuperación. Los más optimistas ven una luz hacia octubre. Se verá. Pero por lo pronto, la necesidad apremia y las medidas en gestación indicarían que se viene un debate jugoso en términos económicos y hasta ideológicos.
Alberto Fernández no dejó anuncios económicos en su discurso del domingo pasado ante el Congreso. Y unas de las pocas pistas pasó algo inadvertida, según se advierte en medios oficialistas en una referencia que incluiría a legisladores propios: el Presidente dijo que enviará un proyecto para los sectores de petróleo y gas, y mineros, que “promueva y estimule la inversión” local y extranjera.
Ese proyecto tendría dos destinatarios precisos. En primer lugar, Vaca Muerta. Desde que cesaron las idas y vueltas con los candidatos para Economía y Guillermo Nielsen quedó con destino en la conducción de YPF, en el entorno de Alberto Fernández se viene hablando de la necesidad de una legislación específica para el sector. Garantías, en una actividad de inversiones fuertes y plazos largos. El eco de Chevron en la era de Cristina Fernández de Kirchner siempre inquieta aunque ahora lo descartan. Una ley debería dar otro marco.
La explotación de litio ocupa el otro sitio destacado. Si en Vaca Muerta se registra un clima de virtual suspenso, en el caso del litio existe un caso testigo potente del parate en materia de nuevas inversiones: el freno al proyecto de 600 millones de dólares encarado por la empresa de capital francés y transnacional Eramet, en Salta. El anticipo de esa medida empresarial lo tuvo Alberto Fernández hace un mes durante su visita a Francia. Y en estos días, tomaron registro más puntual en Economía y en la Casa Rosada.
La empresa explicó su decisión señalando centralmente las dificultades para financiar el proyecto. Esos problemas son adjudicados, naturalmente, a dos cuadros: el cepo cambiario y la incertidumbre por la renegociación de la deuda y también, sin vueltas, por la indefinición de un programa económico más allá del ajuste de cuentas fiscales decidido como paso y señal iniciales. Son vitales las tratativas con el FMI para ir fijando lineamientos económicos y la pulseada con los acreedores privados externos, pero la ley en cuestión aparece como una materia necesaria por sí misma.
En medios oficiales califican el referido caso con el litio es razonable y dicen que la necesidad de resolver un marco legal es imprescindible. La empresa francesa ya avanzó con un cuarto de la inversión prevista, es decir unos 150 millones de dólares, pero requiere garantías legales y de contexto para lograr el financiamiento del resto. Eso, señala un funcionario que conoce el tema, en la perspectiva de un año y medio o dos para dar la vuelta y estar girando divisas a su casa central.
La inquietud por lo que ocurre en Vaca Muerta es mayor aún, empezando por el volumen. Según informes privados, la actividad cayó alrededor del 40 por ciento entre febrero del año pasado, que fue récord, y el febrero que acaba de finalizar. Eso, con menos firmas operando. Más allá de cifras precisas, en medios empresariales se coincide en hablar de una baja significativa.
No parece claro cuando estaría definido el texto de la iniciativa legal. En el temario del oficialismo, se anota primero el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que cruza a la sociedad y que ya anticipa fisuras en los bloques mayoritarios. Después, la reforma judicial, aún con algunos puntos en proceso de definición y con sugestivo oleaje en la interna. Más atrás en elaboración vendría la ley anticipada por el Presidente para los sectores petroleros y mineros.
En este último caso, pesan las necesidades de captar inversiones y reanimar la producción. Con todo, sería un tema de debates fuertes o al menos de digestión complicada para algunas franjas del propio oficialismo. Es una combinación fuerte: recursos naturales no renovables y cuestiones de soberanía.
Con información de
Infobae
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