Por decreto, el Gobierno desclasificó los documentos de inteligencia vinculados al atentado a la AMIA
Jueves 05 de
Marzo 2020
A través el Decreto 213/2020 publicado en el Boletín Oficial se otorgará carácter público a documentos que se encontraban en la AFI con el fin de garantizar la transparencia del caso.
Alberto Fernández firmó un decreto que le otorga carácter público a toda la documentación relativa a las investigaciones sobre el atentado a la AMIA en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Con el propósito de terminar con "los sótanos de la democracia", "se dispusieron diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente, información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), en particular en la hoy denominada AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA".
Según establece el nuevo decreto, se otorgará caracter PÚBLICO "a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial".
Además, se adoptarán los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en el pasado.
Gran parte de la documentación que se encuentra a resguardo de la AFI había sido desclasificada con decretos firmados en 2015 y 2017, pero sólo tenían acceso las partes interesadas y existían gran cantidad de obstáculos para acceder a su contenido: "Pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento".
"El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales", se afirma en el Decreto 213/2020.
Por estos motivos, el Gobierno dispuso medidas de carácter urgente para garantizar el procesos de transparencia y publicidad de la información existente que "se ha mantenido secreta para la sociedad en su conjunto".
Por otra parte, para encontrar una solución definitiva, crearán una mesa de diálogo en la que confluyan "los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no existan demoras ni problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información".
En esta mesa, participarán representantes de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el MINISTERIO DE SEGURIDAD, y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y se invitará al efecto a representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
"Es necesario declarar la absoluta desclasificación del material informativo existente, superando cualquier duda interpretativa que pueda haber surgido de resoluciones, decretos u otras normas vigentes a la fecha", se solicita.
Con el propósito de terminar con "los sótanos de la democracia", "se dispusieron diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente, información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), en particular en la hoy denominada AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA".
Según establece el nuevo decreto, se otorgará caracter PÚBLICO "a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial".
Además, se adoptarán los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en el pasado.
Gran parte de la documentación que se encuentra a resguardo de la AFI había sido desclasificada con decretos firmados en 2015 y 2017, pero sólo tenían acceso las partes interesadas y existían gran cantidad de obstáculos para acceder a su contenido: "Pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento".
"El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales", se afirma en el Decreto 213/2020.
Por estos motivos, el Gobierno dispuso medidas de carácter urgente para garantizar el procesos de transparencia y publicidad de la información existente que "se ha mantenido secreta para la sociedad en su conjunto".
Por otra parte, para encontrar una solución definitiva, crearán una mesa de diálogo en la que confluyan "los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no existan demoras ni problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información".
En esta mesa, participarán representantes de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el MINISTERIO DE SEGURIDAD, y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y se invitará al efecto a representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
"Es necesario declarar la absoluta desclasificación del material informativo existente, superando cualquier duda interpretativa que pueda haber surgido de resoluciones, decretos u otras normas vigentes a la fecha", se solicita.
Con información de
El Destape Web
No hubo acuerdo y Vance se fue de Pakistán
El Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, confirmó oficialmente su partida de Islamabad.
Se dispara la morosidad en las familias: sigue creciendo y ya supera el 11%
El incumplimiento de pago viene escalando ya se encuentra en máximos históricos; situación de las billeteras virtuales y créditos no bancarios.
La CGT advierte que las obras sociales ya no pueden cubrir el plan médico básico
Un informe de la Secretaría de Acción Social de la CGT revela que la recaudación promedio actual está un 25% por debajo del costo de las prestaciones mínimas obligatorias. Denuncian un «agujero financiero» provocado por el sistema de monotributo y el desfinanciamiento del Fondo Solidario.
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
NOTA22.COM TV
LO MÁS VISTO
¿Cómo llegó la foto al "orbe"?
El círculo de confianza y la imperiosa necesidad de sensibilizar la imagen de un Gobernador calificado de "insensible" por los docentes.
Tiene 16 años y vive en Sunchales, Santa Fe; en el allanamiento se secuestró un arma con su cargador completo
Según los privados, el IPC recién caería por debajo del 2% en agosto, mientras que el PBI crecería alrededor del 3%.
El principio de confianza es una doctrina jurídica, clave en la imputación objetiva del derecho penal, que permite a una persona asumir que los demás actuarán conforme a las normas de cuidado y diligencia exigibles, eximiéndola de responsabilidad si ocurre un daño debido a la negligencia de un tercero. Se aplica en actividades compartidas y no funciona si hay indicios de conducta irregular.
