El fracaso de la estrategia oficial para evitar un paro del campo provocó heridas en el gabinete económico
Por:
Virginia Porcella
Viernes 06 de
Marzo 2020
Los funcionarios más duros consideran un error no haber hecho un único aumento de los derechos de exportación a la soja en diciembre, con la ley de emergencia económica
El paro por 4 días en la comercialización de granos y hacienda al que convocó ayer el campo, en protesta por la suba a las retenciones a la soja, abre el interrogante de hasta dónde escalará el conflicto con el Gobierno, reflota el fantasma de la 125 y demuestra que falló la estrategia del gradualismo aplicado al aumento para evitar el choque.
En el gabinete económico hay diferencias sobre cómo se implementaron los incrementos en las alícuotas. Critican no sólo la dosificación, es decir el aumento en cuotas, sino también el tope de la alícuota. Recuerdan que en diciembre, las expectativas del sector eran incluso peores a lo que terminó habilitando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva por la que, finalmente, el gravamen alcanzará 33% de exportado. “En ese momento, el campo esperaba 35%, no entiendo por qué terminó saliendo así”, afirmó una fuente del área económica.
Lo cierto es que los borradores del equipo económico de Alberto Fernández al momento de asumir daban cuenta de un aumento al 35%, el porcentaje que regía hasta 2015 para la soja. Con el correr de los días, sin embargo, tras negociaciones con el sector y también en el Congreso, se resolvió un tope 2 puntos inferior. Sin embargo, sólo se las llevó a 30% a mediados de diciembre, alícuota que no se modificó con la aprobación de la ley hasta el miércoles, cuando entró a regir el aumento.
En el gabinete económico hay diferencias sobre cómo se implementaron los incrementos en las alícuotas. Critican no sólo la dosificación, es decir el aumento en cuotas, sino también el tope de la alícuota.
A la luz de la reacción del campo y el conflicto planteado, los funcionarios más duros del Gobierno consideran esa estrategia un error. No se cuenta en este grupo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a quien en el propio sector consideran “un moderado”, con conocimiento de la producción agropecuaria y quien, según dicen, “entiende que las retenciones al 35% no son viables”. De hecho, en confianza, el funcionario admite la posibilidad de que productores del norte del país no alcanzados por las compensaciones tengan que cambiar de cultivo por falta de rentabilidad tal como están definidos ahora los derecho a la exportación.
En cualquier caso, aunque generó gran enojo, el aumento del impuesto a la soja estuvo lejos de sorprender a los representantes del sector. Ya en la reunión de diciembre último entre el presidente Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, la entidades que la conforman recibieron el claro mensaje: si la recaudación seguía en picada, lo que era lo más probable, se recurriría a la facultad dispuesta en la ley de Solidaridad Social de llevar las retenciones a 33%. Enero y febrero depararon peores noticias a las esperadas, con una suba de los ingresos 10 puntos por debajo de la inflación y, esta vez, el Gobierno cumplió.
Resta esperar, ahora, el impacto económico de confirmarse el paro anunciado entre lunes y jueves próximo. Fuentes del agro advirtieron a Infobae que el cese comercialización afectará la liquidación de divisas, que ya en el primer bimestre del año registró el menor nivel en 5 años. En marzo, la tendencia no mejoraría. “Todo cese de ventas afecta siempre la liquidación de divisas. Y no hay que olvidar que ya viene golpeada por el cierre del registro de exportación, que duró una semana”, aseguraron en CIARA, la cámara de la industria aceitera que publica mensualmente el ingreso de divisas del sector.
En enero y febrero, la liquidación de divisas alcanzó los USD 3.046 millones, lo que implica una caída de 20,26% respecto del año pasado y la ubica en niveles similares a los de 2015. Esta merma se debe, en gran medida, al anticipo de liquidaciones durante fines del año pasado, ante la inminencia del cambio de gobierno y la previsible suba de retenciones, que ahora llegan al máximo habilitado por ley.
Desde el Gobierno aseguraron anoche que no se dará marcha atrás con la medida ni se reabrirá la negociación pero es probable que se busque en los días tender puentes de diálogo. “No tengo intenciones de ir al conflicto. Solo estoy cumpliendo con la ley. Nosotros hemos elegido el camino del diálogo. De ninguna manera estamos tratando de repetir la Resolución 125”, transmitió el Presidente a sus funcionarios en Olivos.
En el gabinete económico hay diferencias sobre cómo se implementaron los incrementos en las alícuotas. Critican no sólo la dosificación, es decir el aumento en cuotas, sino también el tope de la alícuota. Recuerdan que en diciembre, las expectativas del sector eran incluso peores a lo que terminó habilitando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva por la que, finalmente, el gravamen alcanzará 33% de exportado. “En ese momento, el campo esperaba 35%, no entiendo por qué terminó saliendo así”, afirmó una fuente del área económica.
Lo cierto es que los borradores del equipo económico de Alberto Fernández al momento de asumir daban cuenta de un aumento al 35%, el porcentaje que regía hasta 2015 para la soja. Con el correr de los días, sin embargo, tras negociaciones con el sector y también en el Congreso, se resolvió un tope 2 puntos inferior. Sin embargo, sólo se las llevó a 30% a mediados de diciembre, alícuota que no se modificó con la aprobación de la ley hasta el miércoles, cuando entró a regir el aumento.
En el gabinete económico hay diferencias sobre cómo se implementaron los incrementos en las alícuotas. Critican no sólo la dosificación, es decir el aumento en cuotas, sino también el tope de la alícuota.
A la luz de la reacción del campo y el conflicto planteado, los funcionarios más duros del Gobierno consideran esa estrategia un error. No se cuenta en este grupo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a quien en el propio sector consideran “un moderado”, con conocimiento de la producción agropecuaria y quien, según dicen, “entiende que las retenciones al 35% no son viables”. De hecho, en confianza, el funcionario admite la posibilidad de que productores del norte del país no alcanzados por las compensaciones tengan que cambiar de cultivo por falta de rentabilidad tal como están definidos ahora los derecho a la exportación.
En cualquier caso, aunque generó gran enojo, el aumento del impuesto a la soja estuvo lejos de sorprender a los representantes del sector. Ya en la reunión de diciembre último entre el presidente Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, la entidades que la conforman recibieron el claro mensaje: si la recaudación seguía en picada, lo que era lo más probable, se recurriría a la facultad dispuesta en la ley de Solidaridad Social de llevar las retenciones a 33%. Enero y febrero depararon peores noticias a las esperadas, con una suba de los ingresos 10 puntos por debajo de la inflación y, esta vez, el Gobierno cumplió.
Resta esperar, ahora, el impacto económico de confirmarse el paro anunciado entre lunes y jueves próximo. Fuentes del agro advirtieron a Infobae que el cese comercialización afectará la liquidación de divisas, que ya en el primer bimestre del año registró el menor nivel en 5 años. En marzo, la tendencia no mejoraría. “Todo cese de ventas afecta siempre la liquidación de divisas. Y no hay que olvidar que ya viene golpeada por el cierre del registro de exportación, que duró una semana”, aseguraron en CIARA, la cámara de la industria aceitera que publica mensualmente el ingreso de divisas del sector.
En enero y febrero, la liquidación de divisas alcanzó los USD 3.046 millones, lo que implica una caída de 20,26% respecto del año pasado y la ubica en niveles similares a los de 2015. Esta merma se debe, en gran medida, al anticipo de liquidaciones durante fines del año pasado, ante la inminencia del cambio de gobierno y la previsible suba de retenciones, que ahora llegan al máximo habilitado por ley.
Desde el Gobierno aseguraron anoche que no se dará marcha atrás con la medida ni se reabrirá la negociación pero es probable que se busque en los días tender puentes de diálogo. “No tengo intenciones de ir al conflicto. Solo estoy cumpliendo con la ley. Nosotros hemos elegido el camino del diálogo. De ninguna manera estamos tratando de repetir la Resolución 125”, transmitió el Presidente a sus funcionarios en Olivos.
Con información de
Infobae
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