Acreedores creen que Alberto Fernández quiere un arreglo pronto
Por:
Liliana Franco
Lunes 06 de
Abril 2020
Una información que trascendió entre los acreedores, da cuenta de que el presidente Alberto Fernández habría dado "instrucciones firmes" al ministro de Economía, Martín Guzmán, en cuanto a que su decisión no es ir a la cesación de pagos y que arbitre los mecanismos necesarios para llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
“La posibilidad del default de la deuda argentina está un poco más lejos”, señaló a Ámbito un directivo de uno de los fondos que concentra una buena cantidad de bonos emitidos por el país. Según la información que se maneja en estos círculos, la mejora en la expectativa deriva de una información que trascendió entre los acreedores y que da cuenta de que el presidente Alberto Fernández habría dado “instrucciones firmes” al ministro de Economía, Martín Guzmán, en cuanto a que su decisión no es ir a la cesación de pagos y que arbitre los mecanismos necesarios para llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Es más, se comentan en los pasillos oficiales, que esta situación habría afectado el buen vínculo que tenían el presidente y el ministro.
Las conversaciones entre los acreedores y el Palacio de Hacienda vienen siendo “tensas”, según coinciden fuentes de ambas partes. El ministro Guzmán se mantiene firme en que” “sólo es posible garantizar la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad bajo los supuestos del marco macroeconómico elaborado por el Ministerio de Economía. Para los representantes de los acreedores estos supuestos implican períodos de gracia en los pagos y descuentos que no son aceptables para los fondos.
Uno de las versiones que más preocupa a los acreedores se refiere a que el ministro Guzmán estaría siendo influenciado por la posición negociadora “dura” que lidera la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es que, Guzmán ha comenzado a mantener un diálogo fluido con la ex presidente. Por esta razón tomaron como una buena noticia la directiva que habría dado el presidente Alberto Fernández en cuanto a la necesidad de llegar a un acuerdo.
Precisamente este fin de semana el primer mandatario se refirió al problema de la deuda. ”Lo que vamos a hacer es una propuesta sensata, que quiere decir, una propuesta que nosotros podamos cumplir y que para cumplirla no tengamos que postergar a los argentinos”, sostuvo Fernández y destacó: “Para mí la palabra es muy importante. Es a lo que me comprometí con los argentinos en el primer día y lo voy a hacer”, sostuvo en un reportaje radial.
“A mí no me interesa caer en default, quisiera no entrar en default, e hicimos todos los pasos para no entrar en default, pero es necesario que todos entiendan la situación en que vivimos”, dijo Fernández.
Posiciones encontradas
Sin embargo, los trascendidos dan cuenta de que llegar a un acuerdo implica acercar posiciones entre el Ministerio de Economía y los acreedores que todavía están distantes. Un especialista con buen conocimiento de las negociaciones, señaló a Ámbito: “no creo que la Argentina vaya al default, se puede llegar a un acuerdo que no contemple quita de capital y que resulte en un valor presente neto para los títulos más cerca de 60 que de 40%, con un exit yield (la tasa a la cual se descuentan los flujos de los nuevos bonos) de 10%”.
Sin embargo, en fuentes del Palacio de Hacienda insisten en la necesidad de una baja significativa en el costo del financiamiento externo. De acuerdo con el documento oficial “Lineamientos para la Sustentabilidad de la Deuda, la sostenibilidad está relacionada con los costos de refinanciación a mediano y largo plazo, en particular en los mercados de crédito internacionales. Y señala “Como tal, la exit yield de referencia implícita en cualquier potencial operación de deuda deberá ser coherente con el costo de refinanciación implícito en el marco de sostenibilidad de deuda; cualquier exit yield de referencia excesivamente alta sugiere la necesidad de una combinación más fuerte de cupones más bajos, períodos de gracia más largos, mayores extensiones de vencimiento o reducciones en los valores nominales más importantes”.
Los desacuerdos no se limitan al costo de la deuda, sino que también abarca el problema de los plazos y, sobre todo, los períodos de gracia. La opinión del Ministerio de Economía es que dadas las restricciones de la balanza de pagos y la incapacidad de Argentina de regresar a los mercados de crédito internacionales en un futuro cercano, “se requiere un período de gracia sustancial para la deuda en moneda extranjera”.
El gobierno argentino considera que “este período de gracia es esencial para los años venideros de forma tal de abrir el espacio necesario que permita la recuperación de la actividad real de Argentina después de la serie de shocks que ha venido atravesando la economía”.
Coherente con este planteo, las proyecciones macroeconómicas que presentó el Palacio de Hacienda – antes de contemplar el impacto de la recesión desatada por el coronavirus – contemplan que recién en el año 2023 la Argentina tendía superávit primario, de 0,5% del producto bruto interno, es decir capacidad para hacer frente a compromisos externos. La proyección oficial estima que a partir de ese año el país tenga superávit creciente alcanzando 1,2% del PBI en 2027, nivel que se mantendría en los siguientes años.
No obstante, en medios cercanos a los acreedores se afirma que “los fondos se oponen fuertemente a la propuesta de no cobrar nada durante tres años”. Se trataría, explican, una situación muy parecida a un eventual default ya que, argumentan, nada asegura que la Argentina dentro de tres o cuatro años no se vea necesitada de una nueva reestructuración. El riesgo es, concluyen, que ante la falta de pago, al menos una parte de los acreedores decida ir a juicio.
Las conversaciones entre los acreedores y el Palacio de Hacienda vienen siendo “tensas”, según coinciden fuentes de ambas partes. El ministro Guzmán se mantiene firme en que” “sólo es posible garantizar la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad bajo los supuestos del marco macroeconómico elaborado por el Ministerio de Economía. Para los representantes de los acreedores estos supuestos implican períodos de gracia en los pagos y descuentos que no son aceptables para los fondos.
Uno de las versiones que más preocupa a los acreedores se refiere a que el ministro Guzmán estaría siendo influenciado por la posición negociadora “dura” que lidera la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es que, Guzmán ha comenzado a mantener un diálogo fluido con la ex presidente. Por esta razón tomaron como una buena noticia la directiva que habría dado el presidente Alberto Fernández en cuanto a la necesidad de llegar a un acuerdo.
Precisamente este fin de semana el primer mandatario se refirió al problema de la deuda. ”Lo que vamos a hacer es una propuesta sensata, que quiere decir, una propuesta que nosotros podamos cumplir y que para cumplirla no tengamos que postergar a los argentinos”, sostuvo Fernández y destacó: “Para mí la palabra es muy importante. Es a lo que me comprometí con los argentinos en el primer día y lo voy a hacer”, sostuvo en un reportaje radial.
“A mí no me interesa caer en default, quisiera no entrar en default, e hicimos todos los pasos para no entrar en default, pero es necesario que todos entiendan la situación en que vivimos”, dijo Fernández.
Posiciones encontradas
Sin embargo, los trascendidos dan cuenta de que llegar a un acuerdo implica acercar posiciones entre el Ministerio de Economía y los acreedores que todavía están distantes. Un especialista con buen conocimiento de las negociaciones, señaló a Ámbito: “no creo que la Argentina vaya al default, se puede llegar a un acuerdo que no contemple quita de capital y que resulte en un valor presente neto para los títulos más cerca de 60 que de 40%, con un exit yield (la tasa a la cual se descuentan los flujos de los nuevos bonos) de 10%”.
Sin embargo, en fuentes del Palacio de Hacienda insisten en la necesidad de una baja significativa en el costo del financiamiento externo. De acuerdo con el documento oficial “Lineamientos para la Sustentabilidad de la Deuda, la sostenibilidad está relacionada con los costos de refinanciación a mediano y largo plazo, en particular en los mercados de crédito internacionales. Y señala “Como tal, la exit yield de referencia implícita en cualquier potencial operación de deuda deberá ser coherente con el costo de refinanciación implícito en el marco de sostenibilidad de deuda; cualquier exit yield de referencia excesivamente alta sugiere la necesidad de una combinación más fuerte de cupones más bajos, períodos de gracia más largos, mayores extensiones de vencimiento o reducciones en los valores nominales más importantes”.
Los desacuerdos no se limitan al costo de la deuda, sino que también abarca el problema de los plazos y, sobre todo, los períodos de gracia. La opinión del Ministerio de Economía es que dadas las restricciones de la balanza de pagos y la incapacidad de Argentina de regresar a los mercados de crédito internacionales en un futuro cercano, “se requiere un período de gracia sustancial para la deuda en moneda extranjera”.
El gobierno argentino considera que “este período de gracia es esencial para los años venideros de forma tal de abrir el espacio necesario que permita la recuperación de la actividad real de Argentina después de la serie de shocks que ha venido atravesando la economía”.
Coherente con este planteo, las proyecciones macroeconómicas que presentó el Palacio de Hacienda – antes de contemplar el impacto de la recesión desatada por el coronavirus – contemplan que recién en el año 2023 la Argentina tendía superávit primario, de 0,5% del producto bruto interno, es decir capacidad para hacer frente a compromisos externos. La proyección oficial estima que a partir de ese año el país tenga superávit creciente alcanzando 1,2% del PBI en 2027, nivel que se mantendría en los siguientes años.
No obstante, en medios cercanos a los acreedores se afirma que “los fondos se oponen fuertemente a la propuesta de no cobrar nada durante tres años”. Se trataría, explican, una situación muy parecida a un eventual default ya que, argumentan, nada asegura que la Argentina dentro de tres o cuatro años no se vea necesitada de una nueva reestructuración. El riesgo es, concluyen, que ante la falta de pago, al menos una parte de los acreedores decida ir a juicio.
Con información de
Ámbito
