SANTA FE
El riesgo de que la policía se "empodere" en la calle sin control durante la cuarentena
Jueves 16 de
Abril 2020
Surgen diferencias en el gobierno de Omar Perotti por la ley de control policial. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, pretende que el proyecto sea tratado en la Legislatura. Observan que pueden incrementarse hechos de corrupción durante la cuarentena.
La cuarentena logró “empoderar” a la policía otra vez en las calles, su territorio natural de dominio, donde confluyen luces y sombras. De manera inesperada, la pandemia de coronavirus puso a la fuerza en un lugar que había perdido, donde volvió a tener el control en este “estado de excepción” permanente.
La fuerza de seguridad provincial mostró su predisposición a hacer cumplir la cuarentena obligatoria, con controles que determinaron hasta este jueves 15.185 aprehensiones por violar las restricciones del decreto del presidente Alberto Fernández que rige desde el 20 de marzo pasado. Aunque esa tarea requiere esfuerzo y ponerse en riesgo ante el virus, esa tarea policial no tiene ninguna complejidad. Lo que sí ocurrió por primera vez en mucho tiempo es que ese rol tiene cierto consenso social sobre una institución delimitada por el desprestigio.
El peligro que empieza a emerger –como observan en el propio Ministerio de Seguridad santafesino- ante la posibilidad de que cuarentena podría extenderse en el tiempo -más allá del 26 de abril-, es que esta policía “empoderada”, que actúa con los límites definidos por los decretos nacionales, tenga el control de las calles con una mirada cada vez más difusa de la normativa. La que hoy evalúa y ejerce el control de quien debe transitar es la misma fuerza que hasta que se iniciara la pandemia, hace poco más de un mes, estaba en el ojo de la tormenta, con fuertes sospechas de corrupción y connivencia con el delito, sobre todo el narcotráfico.
Lo que más genera rechazo interno en el gobierno de Perotti es la creación de un “tribunal de disciplina policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía.
En ese contexto, el ministro de Seguridad Marcelo Sain le pidió al gobernador Omar Perotti que se envíe a la Legislatura la nueva ley de control del sistema policial, pero el mandatario le respondió que no es el momento adecuado, porque la sanción de esta nueva normativa podría generar “conflicto” en la policía en esta época tan particular.
El proyecto del sistema de control policial ya está terminado. Fue uno de los primeros desafíos de la gestión de Sain, que considera que el nuevo esquema favorece y le da derechos y garantías a la policía, porque por primera vez se transparentará el proceso administrativo de investigación y sanción de los efectivos de una fuerza, que en muchos casos padecieron la oscuridad de Asuntos Internos.
Como reveló Aire de Santa Fe a mediados de enero, el nuevo sistema de control policial comprende la investigación y juzgamiento de las faltas graves que comentan los policías, como así también la detección preventiva de irregularidades, la identificación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el policía.
Lo que más genera rechazo interno en el gobierno de Perotti es la creación de un “tribunal de disciplina policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por la “Inspectoría General”, una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas “graves o muy graves”.
El planteo que le hicieron a los funcionarios del Ministerio de Seguridad desde Fiscalía de Estado es que al ser un sistema nuevo puede haber espacios cuestionables a nivel jurídico, algo que fue rechazado de plano por el equipo de Sain que recordó que este modelo se aplicó hasta hace unos cinco años en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó como modelo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que explican desde el Ministerio de Seguridad es que el nuevo esquema de control favorecerá al policía en actividad que es honesto, porque aporta una transparencia que antes no existía y sobre todo el agente investigado podrá defenderse.
La cuarentena puede generar más grietas en la calle, donde hoy la policía tiene el poder supremo con los controles.
Según el proyecto, el policía que sea acusado por la “Inspectoría General” se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la “Defensoría Disciplinaria”, la tercera pata de este esquema en el que se asegura “el debido proceso” que será oral.
El tribunal de disciplina no ocupa ninguna postura en el litigio y se limita a juzgar de manera imparcial, acorde a los alegatos y las pruebas presentadas por las partes, de acuerdo al proyecto. El policía acusado podrá tener el ejercicio de la defensa en toda la etapa de la investigación. Esta área también deberá difundir entre los uniformados los derechos que asisten a los policías.
Sin herramientas más modernas para los controles a los policías, la cuarentena puede generar más grietas en la calle, donde hoy la policía tiene el poder supremo con los controles de cuarentena. Detrás de la historia de cuatro gendarmes detenidos por cobrar coimas al búnker que manejaba Juan Carlos César, un narco de medio pelo del sur de Rosario, se esconde la relevancia que recuperó la policía en estos meses de la pandemia.
Ese búnker pertenece a Guille Cantero, el líder de Los Monos, que está preso en el penal de Marcos Paz. La trama subterránea que opera en este caso se multiplica en otras situaciones. El líder de Los Monos tenía un acuerdo con la policía. Los gendarmes, otra fuerza que empezó a tener injerencia en las cajas negras del narcomenudeo, “le comieron el búnker” a la policía, que instigó al propio narco que denunciara a sus competidores en el mercado de las coimas.
La fuerza de seguridad provincial mostró su predisposición a hacer cumplir la cuarentena obligatoria, con controles que determinaron hasta este jueves 15.185 aprehensiones por violar las restricciones del decreto del presidente Alberto Fernández que rige desde el 20 de marzo pasado. Aunque esa tarea requiere esfuerzo y ponerse en riesgo ante el virus, esa tarea policial no tiene ninguna complejidad. Lo que sí ocurrió por primera vez en mucho tiempo es que ese rol tiene cierto consenso social sobre una institución delimitada por el desprestigio.
El peligro que empieza a emerger –como observan en el propio Ministerio de Seguridad santafesino- ante la posibilidad de que cuarentena podría extenderse en el tiempo -más allá del 26 de abril-, es que esta policía “empoderada”, que actúa con los límites definidos por los decretos nacionales, tenga el control de las calles con una mirada cada vez más difusa de la normativa. La que hoy evalúa y ejerce el control de quien debe transitar es la misma fuerza que hasta que se iniciara la pandemia, hace poco más de un mes, estaba en el ojo de la tormenta, con fuertes sospechas de corrupción y connivencia con el delito, sobre todo el narcotráfico.
Lo que más genera rechazo interno en el gobierno de Perotti es la creación de un “tribunal de disciplina policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía.
En ese contexto, el ministro de Seguridad Marcelo Sain le pidió al gobernador Omar Perotti que se envíe a la Legislatura la nueva ley de control del sistema policial, pero el mandatario le respondió que no es el momento adecuado, porque la sanción de esta nueva normativa podría generar “conflicto” en la policía en esta época tan particular.
El proyecto del sistema de control policial ya está terminado. Fue uno de los primeros desafíos de la gestión de Sain, que considera que el nuevo esquema favorece y le da derechos y garantías a la policía, porque por primera vez se transparentará el proceso administrativo de investigación y sanción de los efectivos de una fuerza, que en muchos casos padecieron la oscuridad de Asuntos Internos.
Como reveló Aire de Santa Fe a mediados de enero, el nuevo sistema de control policial comprende la investigación y juzgamiento de las faltas graves que comentan los policías, como así también la detección preventiva de irregularidades, la identificación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el policía.
Lo que más genera rechazo interno en el gobierno de Perotti es la creación de un “tribunal de disciplina policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por la “Inspectoría General”, una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas “graves o muy graves”.
El planteo que le hicieron a los funcionarios del Ministerio de Seguridad desde Fiscalía de Estado es que al ser un sistema nuevo puede haber espacios cuestionables a nivel jurídico, algo que fue rechazado de plano por el equipo de Sain que recordó que este modelo se aplicó hasta hace unos cinco años en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó como modelo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que explican desde el Ministerio de Seguridad es que el nuevo esquema de control favorecerá al policía en actividad que es honesto, porque aporta una transparencia que antes no existía y sobre todo el agente investigado podrá defenderse.
La cuarentena puede generar más grietas en la calle, donde hoy la policía tiene el poder supremo con los controles.
Según el proyecto, el policía que sea acusado por la “Inspectoría General” se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la “Defensoría Disciplinaria”, la tercera pata de este esquema en el que se asegura “el debido proceso” que será oral.
El tribunal de disciplina no ocupa ninguna postura en el litigio y se limita a juzgar de manera imparcial, acorde a los alegatos y las pruebas presentadas por las partes, de acuerdo al proyecto. El policía acusado podrá tener el ejercicio de la defensa en toda la etapa de la investigación. Esta área también deberá difundir entre los uniformados los derechos que asisten a los policías.
Sin herramientas más modernas para los controles a los policías, la cuarentena puede generar más grietas en la calle, donde hoy la policía tiene el poder supremo con los controles de cuarentena. Detrás de la historia de cuatro gendarmes detenidos por cobrar coimas al búnker que manejaba Juan Carlos César, un narco de medio pelo del sur de Rosario, se esconde la relevancia que recuperó la policía en estos meses de la pandemia.
Ese búnker pertenece a Guille Cantero, el líder de Los Monos, que está preso en el penal de Marcos Paz. La trama subterránea que opera en este caso se multiplica en otras situaciones. El líder de Los Monos tenía un acuerdo con la policía. Los gendarmes, otra fuerza que empezó a tener injerencia en las cajas negras del narcomenudeo, “le comieron el búnker” a la policía, que instigó al propio narco que denunciara a sus competidores en el mercado de las coimas.
Con información de
Aire de Santa Fe
