Guerra de supermercados contra proveedores: rechazarán mercaderías con precios mayores a los permitidos
Jueves 23 de
Abril 2020
Las Cámaras que nuclean a las firmas de capital argentino informaron a sus proveedores que los precios no pueden superar los que fijó la secretaría de Comercio, que obliga a mantener los vigentes al 6 de marzo.
“Los aumentos no deben superar los valores máximos establecidos por el Gobierno”. Esa es la premisa de hierro que se fijaron los supermercados de capital argentino para aceptar mercaderías de los proveedores; de lo contrario, no las descargarán en los comercios.
“El mercado está complicado”, justificaron fuentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) a Ámbito. La medida, aclaran, ya se está implementando de hecho desde este miércoles, cuando se registraron los primeros rechazos a productos con incrementos de precios más allá de lo ordenado en la Resolución N° 100 de la Secretaria de Comercio, que obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo.
La CAS, junto a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), enviaron un comunicado dirigido a los proveedores de la industria alimenticia, donde les informaron que sus asociados “no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos".
En la resolución firmada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se señalaba que alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza deberán tener, como máximo, los precios que exhibían al 6 de marzo pasado en hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.
“Se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta; dichos aumentos, por parte empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”, se explicó entonces, remarcando que “afecta especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria” para evitar la propagación del coronavirus.
La medida, que en caso de ser necesario podría prorrogarse, obliga también a productores, fabricantes y distribuidores a respetar esos precios. "La responsabilidad de cumplir con lo establecido por las autoridades nacionales debe ser compartida por todos los integrantes de la cadena de abastecimiento", resume el comunicado.
Desde CAS señalaron a este medio que, si hay casos de incrementos desmedidos que lo ameriten, realizarán la denuncia ante Comercio, que podría fijar sanciones de acuerdo a la Ley de Abastecimiento y la Ley de Lealtad Comercial. “Estamos en contacto permanente”, advirtieron.
“El mercado está complicado”, justificaron fuentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) a Ámbito. La medida, aclaran, ya se está implementando de hecho desde este miércoles, cuando se registraron los primeros rechazos a productos con incrementos de precios más allá de lo ordenado en la Resolución N° 100 de la Secretaria de Comercio, que obliga a mantener los precios vigentes al 6 de marzo.
La CAS, junto a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), enviaron un comunicado dirigido a los proveedores de la industria alimenticia, donde les informaron que sus asociados “no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos".
En la resolución firmada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se señalaba que alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza deberán tener, como máximo, los precios que exhibían al 6 de marzo pasado en hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios.
“Se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta; dichos aumentos, por parte empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”, se explicó entonces, remarcando que “afecta especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria” para evitar la propagación del coronavirus.
La medida, que en caso de ser necesario podría prorrogarse, obliga también a productores, fabricantes y distribuidores a respetar esos precios. "La responsabilidad de cumplir con lo establecido por las autoridades nacionales debe ser compartida por todos los integrantes de la cadena de abastecimiento", resume el comunicado.
Desde CAS señalaron a este medio que, si hay casos de incrementos desmedidos que lo ameriten, realizarán la denuncia ante Comercio, que podría fijar sanciones de acuerdo a la Ley de Abastecimiento y la Ley de Lealtad Comercial. “Estamos en contacto permanente”, advirtieron.
Con información de
Ámbito
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