En Córdoba, reducen hasta un 10% las jubilaciones por encima de los 110 mil pesos
Miércoles 29 de
Abril 2020
El recorte regirá desde abril con alcance para jubilados y retirados del Poder Ejecutivo y Legislativo, en tanto que se excluye de la norma a los pasivos del Poder Judicial.
La Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba resolvió reducir hasta un 10%, y por cuatro meses, los haberes jubilatorios por encima de los $110.789, una medida que se aplica en el marco de las reducciones salariales del 45% decretadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo por la crisis del coronavirus
Según se informó, el recorte regirá desde abril con alcance para jubilados y retirados del Poder Ejecutivo y Legislativo, en tanto que se excluye de la norma a los pasivos del Poder Judicial.
Entre los sectores alcanzados por la medida figuran municipales, bancarios y ex trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
La Caja de Jubilaciones adoptó la medida a partir del decreto impuesto por el gobernador Juan Schiaretti que recorta el 45% de sus haberes por cuatro meses, y establece que ningún funcionario público de ese poder puede percibir un sueldo mayor que el mandatario, decisión a la que también adhirió el Poder Legislativo.
En ambos casos se respaldaron en el marco de la emergencia sanitaria nacional, y el estado de alerta, prevención y acción sanitaria por la detección de casos de dengue, coronavirus, sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias.
Según se informó, el recorte regirá desde abril con alcance para jubilados y retirados del Poder Ejecutivo y Legislativo, en tanto que se excluye de la norma a los pasivos del Poder Judicial.
Entre los sectores alcanzados por la medida figuran municipales, bancarios y ex trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
La Caja de Jubilaciones adoptó la medida a partir del decreto impuesto por el gobernador Juan Schiaretti que recorta el 45% de sus haberes por cuatro meses, y establece que ningún funcionario público de ese poder puede percibir un sueldo mayor que el mandatario, decisión a la que también adhirió el Poder Legislativo.
En ambos casos se respaldaron en el marco de la emergencia sanitaria nacional, y el estado de alerta, prevención y acción sanitaria por la detección de casos de dengue, coronavirus, sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias.
Con información de
Télam
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