El Gobierno pide extender los aumentos por decreto a jubilados
Martes 19 de
Mayo 2020
Un rato antes de anunciar un nuevo aumento de las jubilaciones, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le solicitó a legisladores del oficialismo y de la oposición, que integran la comisión especial que elaborará una nueva fórmula previsional, prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria y la facultad del Poder Ejecutivo para incrementar los haberes.
Apenas se constituyó la comisión ayer por la tarde a través de una reunión por videoconferencia, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas Cámaras del Congreso y los representantes de los ministerios de Trabajo y de Hacienda acordaron avanzar en la elección de autoridades, un cronograma de trabajo y un reglamento para fijar la nueva fórmula. Sin embargo, en ese mismo encuentro, Moroni propuso una prórroga por 180 días para que el Ejecutivo continúe otorgando los aumentos previsionales mediante decretos para "sostener los ingresos de los jubilados".
El pedido no tomó por sorpresa a diputados y senadores de Juntos por el Cambio, al punto que no dudaron en rechazar de cuajo la extensión de los plazos que dispone la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada en diciembre pasado y que establece que legisladores y funcionarios del Ejecutivo deben proponer en el término de 180 días un nuevo índice de actualización de los haberes jubilatorios.
"La movilidad es un derecho constitucional y debe estar reglamentado por ley. No aceptamos que sea el Poder Ejecutivo el que por decreto fije los aumentos. Perjudica a los jubilados y no les otorga previsibilidad", señaló a BAE Negocios el diputado radical y vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, Alejandro Cacace.
Ante la negativa de los legisladores de la oposición, en el gobierno de Alberto Fernández analizan si prorrogarán la suspensión de la movilidad jubilatoria a través de un proyecto de ley o un DNU. Esto último, saben, podría encender aún más las críticas por parte de los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.
"Tenemos todavía un mes para resolver. La comisión va a seguir trabajando, veremos hasta dónde avanzamos y más adelante, en algunas semanas, veremos cómo quedará el cuadro. Nosotros y el Poder Ejecutivo tenemos espíritu de trabajar en la comisión e intercambiar la información, después dependerá de los legisladores de Juntos por el Cambio, de qué posición política van a tener", señaló a este diario el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Casaretto.
A través de un comunicado, los legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que están "dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso" y que mientras el Parlamento "sancione una nueva fórmula, debe regir la fórmula vigente votada en 2017".
El pedido no tomó por sorpresa a diputados y senadores de Juntos por el Cambio, al punto que no dudaron en rechazar de cuajo la extensión de los plazos que dispone la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada en diciembre pasado y que establece que legisladores y funcionarios del Ejecutivo deben proponer en el término de 180 días un nuevo índice de actualización de los haberes jubilatorios.
"La movilidad es un derecho constitucional y debe estar reglamentado por ley. No aceptamos que sea el Poder Ejecutivo el que por decreto fije los aumentos. Perjudica a los jubilados y no les otorga previsibilidad", señaló a BAE Negocios el diputado radical y vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, Alejandro Cacace.
Ante la negativa de los legisladores de la oposición, en el gobierno de Alberto Fernández analizan si prorrogarán la suspensión de la movilidad jubilatoria a través de un proyecto de ley o un DNU. Esto último, saben, podría encender aún más las críticas por parte de los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.
"Tenemos todavía un mes para resolver. La comisión va a seguir trabajando, veremos hasta dónde avanzamos y más adelante, en algunas semanas, veremos cómo quedará el cuadro. Nosotros y el Poder Ejecutivo tenemos espíritu de trabajar en la comisión e intercambiar la información, después dependerá de los legisladores de Juntos por el Cambio, de qué posición política van a tener", señaló a este diario el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Previsión Social, Marcelo Casaretto.
A través de un comunicado, los legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que están "dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso" y que mientras el Parlamento "sancione una nueva fórmula, debe regir la fórmula vigente votada en 2017".
Con información de
Bae Negocios
¿Cómo llegó la foto al "orbe"?
El círculo de confianza y la imperiosa necesidad de sensibilizar la imagen de un Gobernador calificado de "insensible" por los docentes.
El principio de confianza en la doctrina
El principio de confianza es una doctrina jurídica, clave en la imputación objetiva del derecho penal, que permite a una persona asumir que los demás actuarán conforme a las normas de cuidado y diligencia exigibles, eximiéndola de responsabilidad si ocurre un daño debido a la negligencia de un tercero. Se aplica en actividades compartidas y no funciona si hay indicios de conducta irregular.
Pettovello lanzó el SISOC, una plataforma para centralizar la política social y mejorar el control de programas
Se trata de un instrumento con recursos del ministerio de Capital Humano.

Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Conducen: Maxi Romero y Carlos Renna
LO MÁS VISTO
¿Cómo llegó la foto al "orbe"?
El círculo de confianza y la imperiosa necesidad de sensibilizar la imagen de un Gobernador calificado de "insensible" por los docentes.
Tiene 16 años y vive en Sunchales, Santa Fe; en el allanamiento se secuestró un arma con su cargador completo
El principio de confianza es una doctrina jurídica, clave en la imputación objetiva del derecho penal, que permite a una persona asumir que los demás actuarán conforme a las normas de cuidado y diligencia exigibles, eximiéndola de responsabilidad si ocurre un daño debido a la negligencia de un tercero. Se aplica en actividades compartidas y no funciona si hay indicios de conducta irregular.
Según los privados, el IPC recién caería por debajo del 2% en agosto, mientras que el PBI crecería alrededor del 3%.




