Ecuador
Correa aplica su "ley mordaza": sancionó a un caricaturista por denunciar corrupción
Sábado 01 de
Febrero 2014 - 16:35
La Superintendencia de Comunicación de Ecuador, el organismo creado por la Ley de Medios aprobada en 2013, aplicó su primera multa. Castigó al humorista Xavier Bonilla y al diario El Universo. El delito: un dibujo
La sanción establecida por la Supercom ordenó al periódico a abonar el equivalente al 2% de su facturación de los últimos tres meses. Por su parte, Bonilla, conocido como Bonil, deberá rectificarse.
¿Qué delito cometió? Hacer una historieta en la que policías que realizaban un allanamiento saqueaban el apartamento de una persona, con una leyenda debajo que decía "Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción".
El dibujo ilustraba algo que ocurrió realmente. Villavicencio es un dirigente político opositor al gobierno de Rafael Correa, y asesor del asambleísta Kléver Jiménez, miembro de Pachakutik (PK).
Durante varios meses realizó denuncias de corrupción de miembros del partido gobernante, y presentó numerosas pruebas que las convalidaban, hasta que el 26 de diciembre pasado, la Policía y la Fiscalía allanaron su domicilio. Según informó El Universo, buscaban documentos e información que tenía en su computador y en los celulares personales, los cuales terminó confiscando.
El 28 de diciembre siguiente, Bonil publicaba la caricatura que, con humor, denunciaba el abuso cometido.
La ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional en junio del año pasado le dio al Gobierno numerosas herramientas para controlar a los medios. Los principales organismos internacionales, incluida la relatoría especial de la ONU, denunciaron la grave amenaza a la libertad de prensa que representaban muchos de sus artículos.
Por ejemplo, la creación de figuras como el "linchamiento mediático", la inclusión de agentes gubernamentales en las redacciones para controlar a los diarios, o el establecimiento de sanciones económicas en caso de que la autoridad de aplicación (la Supercom) -controlada por el Poder Ejecutivo- crea que se ve violentado el orden público o que se está haciendo una persecución contra alguien.
Así, El Universo tiene tres días para transferir a la Supercom el monto indicado. Lo más grave de todo es que el medio no tiene derecho a apelar la medida, que se hace sin intervención judicial.
Bonil tiene el mismo plazo para emitir una rectificación con "las mismas características, dimensiones, espacio y sección" de la frase que "no corresponde a la realidad de los hechos y estigmatiza la acción de la Fiscalía y de la Policía", según consta en la resolución.
¿Qué delito cometió? Hacer una historieta en la que policías que realizaban un allanamiento saqueaban el apartamento de una persona, con una leyenda debajo que decía "Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción".
El dibujo ilustraba algo que ocurrió realmente. Villavicencio es un dirigente político opositor al gobierno de Rafael Correa, y asesor del asambleísta Kléver Jiménez, miembro de Pachakutik (PK).
Durante varios meses realizó denuncias de corrupción de miembros del partido gobernante, y presentó numerosas pruebas que las convalidaban, hasta que el 26 de diciembre pasado, la Policía y la Fiscalía allanaron su domicilio. Según informó El Universo, buscaban documentos e información que tenía en su computador y en los celulares personales, los cuales terminó confiscando.
El 28 de diciembre siguiente, Bonil publicaba la caricatura que, con humor, denunciaba el abuso cometido.
La ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional en junio del año pasado le dio al Gobierno numerosas herramientas para controlar a los medios. Los principales organismos internacionales, incluida la relatoría especial de la ONU, denunciaron la grave amenaza a la libertad de prensa que representaban muchos de sus artículos.Por ejemplo, la creación de figuras como el "linchamiento mediático", la inclusión de agentes gubernamentales en las redacciones para controlar a los diarios, o el establecimiento de sanciones económicas en caso de que la autoridad de aplicación (la Supercom) -controlada por el Poder Ejecutivo- crea que se ve violentado el orden público o que se está haciendo una persecución contra alguien.
Así, El Universo tiene tres días para transferir a la Supercom el monto indicado. Lo más grave de todo es que el medio no tiene derecho a apelar la medida, que se hace sin intervención judicial.
Bonil tiene el mismo plazo para emitir una rectificación con "las mismas características, dimensiones, espacio y sección" de la frase que "no corresponde a la realidad de los hechos y estigmatiza la acción de la Fiscalía y de la Policía", según consta en la resolución.
Con información de
infobae
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