Espionaje ilegal: Macri podría ser condenado hasta 25 años de prisión si se lo encuentran culpable
Miércoles 10 de
Junio 2020
Al ex Presidente se lo acusa de violar la Ley de Inteligencia y por ser el responsable de “fijar los lineamientos y objetivos de la política de Inteligencia Nacional".
Tras destaparse las operaciones ilegales que realizó la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri, el ex Presidente podría enfrentar la pena de hasta 25 años de prisión ya que se lo acusa de producción de inteligencia ilegal y por ser el responsable de “fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional".
Si la Justicia avanza en la investigación sobre la causa de espionaje ilegal a periodistas, políticos y dirigentes sociales, Macri podría ser procesarlo y condenado por violar la Ley de Inteligencia y por asociación ilícita. Las penas por esos delitos son de 3 a 10 años por la producción inteligencia ilegal y de 5 a 20 años por asociación ilícita. Si hay concurso real, es decir, si se comprueba que sus acciones incurrieron en dos categorías penales, podrían sumarse. Dependerá del tribunal que lo juzgue. El límite, sin embargo, son 25 años, la pena máxima en Argentina.
En la Ley de Inteligencia (25.520), constan las disposiciones penales por la inteligencia ilegal. El artículo 42 advierte que “será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.
Además, establece penas de 2 a 6 años si se “omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Es el caso de las escuchas entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli, por ejemplo.
En tanto, en el artículo 43 establece una pena de prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo a todo funcionario que haga tareas de inteligencia prohibidas.
Mientras que en el caso puntual de Macri, se debe tener en cuenta el artículo 12, que dice: “El presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Si las tareas de espionaje a dirigentes políticos, periodistas y académicos fueron lineamientos estratégicos y objetivos generales tendrá que resolverlo la Justicia.
En caso de que se establezca la responsabilidad penal de la conducción política, es decir, de Macri, el ex mandatario podría pasar 25 años en prisión.
Si la Justicia avanza en la investigación sobre la causa de espionaje ilegal a periodistas, políticos y dirigentes sociales, Macri podría ser procesarlo y condenado por violar la Ley de Inteligencia y por asociación ilícita. Las penas por esos delitos son de 3 a 10 años por la producción inteligencia ilegal y de 5 a 20 años por asociación ilícita. Si hay concurso real, es decir, si se comprueba que sus acciones incurrieron en dos categorías penales, podrían sumarse. Dependerá del tribunal que lo juzgue. El límite, sin embargo, son 25 años, la pena máxima en Argentina.
En la Ley de Inteligencia (25.520), constan las disposiciones penales por la inteligencia ilegal. El artículo 42 advierte que “será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.
Además, establece penas de 2 a 6 años si se “omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Es el caso de las escuchas entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli, por ejemplo.
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Con información de
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