25 DE ABRIL 2024
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda del gobierno de Donald Trump contra el “santuario” migratorio en California
Lunes 15 de
Junio 2020
La Casa Blanca buscaba impugnar tres leyes que el estado aprobó en 2017 para proteger a las personas indocumentadas frente a las políticas del presidente republicano. Con la decisión, se mantiene el fallo de la corte inferior.
La Corte Suprema estadounidense rechazó este lunes tomar la demanda contra las leyes “santuario” de California, dejando vigente las normas que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de Inmigración a detener indocumentados, y dando un duro golpe para la Administración del presidente Donald Trump y sus duras políticas migratorias.
En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra tres leyes "santuario" que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo federal, violaban la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.
Los magistrados mantuvieron el dictamen de una corte inferior que preservó la mayor parte de tres leyes del estado que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales. La leyes “santuario” de California en cuestión impiden que empleadores privados en el estado cooperen de forma voluntaria con funcionarios federales de inmigración y prohíben que las autoridades locales compartan información con sus pares federales sobre la puesta en libertad de inmigrantes potencialmente deportables.
Trump, que busca la reelección el 3 de noviembre, ha convertido sus políticas migratorias de línea dura en uno de los pilares de su presidencia, incluida una ofensiva contra la inmigración legal e ilegal.
La batalla legal comenzó en marzo 2018 cuando el entonces fiscal general del país, Jeff Sessions, viajó a California y anunció la querella federal contra el Estado Dorado.
Ese mismo año, un juez federal John A. Mendez denegó la petición de la Administración Trump, dando origen a uno de los pulsos con el estado representado por el fiscal general, Xavier Becerra. La decisión de este lunes echa por tierra la intención del presidente de atacar a las jurisdicciones que rechazan colaborar en materia migratoria, de exclusiva competencia federal.
El Supremo se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.
Una de las leyes en entredicho, la SB54, permitió a California convertirse en el primer “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que hayan cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.
El procurador general Noel Francisco, que representó al Gobierno Trump, argumentó en su apelación que "los extranjeros están presentes y pueden permanecer en los Estados Unidos solo según lo previsto bajo los auspicios de la ley federal de inmigración".
"Por lo tanto, -indicó- son los Estados Unidos, no California, los que" retienen el derecho "de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados”.
Citando la disposición de Scalia, California argumentó que la Décima Enmienda de la Constitución deja en claro que los funcionarios estatales no necesitan hacer cumplir una ley federal.
En concreto, la demanda del Gobierno se dirigía contra tres leyes "santuario" que el estado aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que, a juicio del Ejecutivo federal, violaban la Constitución porque tratan de prevalecer sobre la legislación federal.
Los magistrados mantuvieron el dictamen de una corte inferior que preservó la mayor parte de tres leyes del estado que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales. La leyes “santuario” de California en cuestión impiden que empleadores privados en el estado cooperen de forma voluntaria con funcionarios federales de inmigración y prohíben que las autoridades locales compartan información con sus pares federales sobre la puesta en libertad de inmigrantes potencialmente deportables.
Trump, que busca la reelección el 3 de noviembre, ha convertido sus políticas migratorias de línea dura en uno de los pilares de su presidencia, incluida una ofensiva contra la inmigración legal e ilegal.
La batalla legal comenzó en marzo 2018 cuando el entonces fiscal general del país, Jeff Sessions, viajó a California y anunció la querella federal contra el Estado Dorado.
Ese mismo año, un juez federal John A. Mendez denegó la petición de la Administración Trump, dando origen a uno de los pulsos con el estado representado por el fiscal general, Xavier Becerra. La decisión de este lunes echa por tierra la intención del presidente de atacar a las jurisdicciones que rechazan colaborar en materia migratoria, de exclusiva competencia federal.
El Supremo se basó en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, que resalta que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.
Una de las leyes en entredicho, la SB54, permitió a California convertirse en el primer “estado santuario” para los inmigrantes, lo que significa que la policía local y estatal no puede proporcionar al Gobierno información sobre inmigrantes indocumentados o aquellos extranjeros que hayan cometido un crimen y que, de acuerdo con la ley federal, deberían ser deportados.
El procurador general Noel Francisco, que representó al Gobierno Trump, argumentó en su apelación que "los extranjeros están presentes y pueden permanecer en los Estados Unidos solo según lo previsto bajo los auspicios de la ley federal de inmigración".
"Por lo tanto, -indicó- son los Estados Unidos, no California, los que" retienen el derecho "de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados”.
Citando la disposición de Scalia, California argumentó que la Décima Enmienda de la Constitución deja en claro que los funcionarios estatales no necesitan hacer cumplir una ley federal.
Con información de
Infobae
