Alberto Fernández, frente al mayor desafío de la cuarentena y el inesperado cruce con el caso Vicentin
Por:
Eduardo Aulicino
Jueves 25 de
Junio 2020
Hay temor sobre el nivel de acatamiento a la decisión de endurecer el aislamiento en Capital y Gran Buenos Aires. El Presidente buscará dar un horizonte temporal, junto al reclamo de cohesión social. Eso demandaría también gestos políticos para evitar conflictos creados por el propio Gobierno.
Alberto Fernández define en estas horas los detalles del endurecimiento de la cuarentena y, a diferencia de las entregas anteriores, el núcleo de su exposición no se resumiría en gráficos –a veces mal hechos- sobre el crecimiento de contagios y el estado del sistema de salud. Esta vez, el mensaje –destinado especialmente a porteños y bonaerenses- es en sí mismo un desafío frente a una sociedad en terreno anímico y económico de agotamiento. El discurso debería ser convocante. ¿Apelación a la responsabilidad individual o dosis mayores de temor? No parecía un tema agotado hasta anoche, junto con las idas y vueltas sobre la real restricción al transporte. Con todo, un dato emergía centralmente: la necesidad de recrear cohesión social para cumplir con el aislamiento supera las palabras y demandaría gestos políticos fuertes.
No se trataría sólo del mensaje formal. Ni siquiera de la imagen compartida con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Hubo en el arranque de esta historia algunas fotos de paleta política muy amplia, con gobernadores que cubrían incluso la gama de las internas del oficialismo y la oposición. Ese capital fue esmerilado con diversas tensiones y cruces inentendibles. Las medidas de la cuarentena fueron variando por distrito –con flexibilización en muchas provincias- y el desgaste parece aprovechado –y por momentos, hasta promovido- por avances con sellos de Cristina Fernández de Kirchner, ausente del escenario de la pandemia y activa en otros renglones.
Hay un dato adicional, nuevo y preocupante que cruza al gobierno nacional, a la gestión de Kicillof –con CFK gravitante- y a la administración de Rodríguez Larreta. Ante la decisión de volver atrás con cierta flexibilización y reimponer restricciones más duras, se plantea inquietud sobre la reacción social. No se teme nada explosivo, sino una circulación sostenida y nada menor en los circuitos barriales. La limitación del transporte –con modalidades en discusión y algunas posiciones extremas- garantizaría en el mejor de los casos un menor flujo entre la Ciudad y la Provincia.
Dicho de otra forma: el punto más delicado sería el comportamiento en las calles, el movimiento local. Está a la vista de todos y se perfila difícil una marcha atrás abrupta. En ese terreno, las medidas coercitivas tienen límites prácticos y de concepción. Se puso a prueba con los “aislamientos” en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires. Un recurso extremo que tensó la cuerda para quienes sostenían el concepto realista de cuarentena comunitaria. Imposible de proyectar a escala de toda el área metropolitana.
Las miradas apuntan con razón al discurso presidencial para presentar esta nueva y a la vez vieja etapa de la cuarentena dura. La tentación del temor como elemento disciplinante ronda los despachos políticos. Sería, en espejo, una respuesta a la frase repetida según la cual “la gente le fue perdiendo el miedo al coronavirus”. Una mirada muy parcial sobre una sociedad que padece en su vida diaria lo que reflejan las cifras catastróficas sobre la crisis económica. Y que siente los efectos psicológicos del prolongado aislamiento. Pero es una idea que no se termina de abandonar, a pesar de que expondría fragilidad sobre los resultados de semejante esfuerzo colectivo, camino a los cien días de cuarentena.
Según se escucha en fuentes con acceso a los contactos en continuado entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, el mensaje debería trazar de algún modo una perspectiva convincente, un “horizonte”. Se ha dicho: la idea de un “último esfuerzo” es imposible de asegurar aunque sea planteado con calificación de excepcional por dos o tres semanas. Pero un nuevo llamado al compromiso colectivo demandaría además que, desde el poder y fuera de la foto, se transmita decisión de desactivar conflictos políticos adicionales. Para empezar, la tensión entre la Provincia y la Ciudad.
Son escasos los gestos de convivencia que sí abundaban en los primeros momentos de la cuarentena. Además de chicanas y cruces directos –el Senado es uno de los ámbitos de mayor exposición de disputas y compromisos quebrados-, se produjeron hechos políticos difíciles de comprender hasta desde la lógica más calculadora: el oficialismo sumó decisiones y avances que terminaron unificando a la principal oposición. Juntos por el Cambio mantiene sus propios conflictos internos, pero el juego externo le puso límites y hasta acercó a todas sus líneas.
El primer grave costo en el largo camino de la cuarentena fue generado por el capítulo de las excarcelaciones. Hubo una fuerte y amplia protesta social. El Gobierno pagó un costo significativo, generado en rigor por el kirchnerismo duro, con el añadido de la imagen de Amado Boudou como expresión destacada, esta vez por las prisiones domiciliarias. El Gobierno cometió el error de adjudicar el rechazo masivo a una jugada de la oposición, en lugar de advertir los diversos malestares –entre ellos, las primeras expresiones de fatiga por el aislamiento- condensadas en aquel cacerolazo.
En los últimos días y en otra escala, irrumpió el caso Vicentin. El Presidente lanzó una ofensiva de intervención por decreto con anuncio del impulso a la expropiación. La movida, con evidente marca CFK, sorprendió a integrantes de su propia gabinete, corrió el eje de la situación de la empresa –las denuncias sobre manejos de sus directivos fueron sepultadas por el avance del Ejecutivo-, puso otra vez en guardia a franjas importantes de la sociedad –y no sólo del sector agropecuario- y volvió a sintetizar otras demandas y malhumores, lejos de la Avellaneda santafesina.
La movida del gobernador Omar Perotti dejó en suspenso el proyecto expropiador, tratando de mover las piezas: motorizó un pedido a la Justicia para colocar un trío de interventores –los dos designados por Alberto Fernández y uno de la provincia- al frente de Vicentin. El juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, siguió en la línea que había expuesto: mantuvo a los empresarios en el manejo de la cerealera. Y abrió un trámite en paralelo para tratar el planteo canalizado por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.
Se verá cómo sigue. La posibilidad de una apelación por parte de ese organismo provincial abriría un camino de mayor judicialización. Y está latente la posibilidad de que el kirchnerismo presione para plantar el proyecto expropiador en el Senado, alternativa que expuso el Presidente con tono de advertencia si fracasaba el plan Perotti.
Habrá que ver ahora si Alberto Fernández decide desmontar ese foco de conflicto. Dar marcha atrás sería un gesto si lo que se demanda es cohesión social en un sentido amplio. Descomprimiría en todo sentido, político, económico, social, frente al cruce inesperado que representa el caso Vicentin en el camino de la cuarentena.
No se trataría sólo del mensaje formal. Ni siquiera de la imagen compartida con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Hubo en el arranque de esta historia algunas fotos de paleta política muy amplia, con gobernadores que cubrían incluso la gama de las internas del oficialismo y la oposición. Ese capital fue esmerilado con diversas tensiones y cruces inentendibles. Las medidas de la cuarentena fueron variando por distrito –con flexibilización en muchas provincias- y el desgaste parece aprovechado –y por momentos, hasta promovido- por avances con sellos de Cristina Fernández de Kirchner, ausente del escenario de la pandemia y activa en otros renglones.
Hay un dato adicional, nuevo y preocupante que cruza al gobierno nacional, a la gestión de Kicillof –con CFK gravitante- y a la administración de Rodríguez Larreta. Ante la decisión de volver atrás con cierta flexibilización y reimponer restricciones más duras, se plantea inquietud sobre la reacción social. No se teme nada explosivo, sino una circulación sostenida y nada menor en los circuitos barriales. La limitación del transporte –con modalidades en discusión y algunas posiciones extremas- garantizaría en el mejor de los casos un menor flujo entre la Ciudad y la Provincia.
Dicho de otra forma: el punto más delicado sería el comportamiento en las calles, el movimiento local. Está a la vista de todos y se perfila difícil una marcha atrás abrupta. En ese terreno, las medidas coercitivas tienen límites prácticos y de concepción. Se puso a prueba con los “aislamientos” en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires. Un recurso extremo que tensó la cuerda para quienes sostenían el concepto realista de cuarentena comunitaria. Imposible de proyectar a escala de toda el área metropolitana.
Las miradas apuntan con razón al discurso presidencial para presentar esta nueva y a la vez vieja etapa de la cuarentena dura. La tentación del temor como elemento disciplinante ronda los despachos políticos. Sería, en espejo, una respuesta a la frase repetida según la cual “la gente le fue perdiendo el miedo al coronavirus”. Una mirada muy parcial sobre una sociedad que padece en su vida diaria lo que reflejan las cifras catastróficas sobre la crisis económica. Y que siente los efectos psicológicos del prolongado aislamiento. Pero es una idea que no se termina de abandonar, a pesar de que expondría fragilidad sobre los resultados de semejante esfuerzo colectivo, camino a los cien días de cuarentena.
Según se escucha en fuentes con acceso a los contactos en continuado entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, el mensaje debería trazar de algún modo una perspectiva convincente, un “horizonte”. Se ha dicho: la idea de un “último esfuerzo” es imposible de asegurar aunque sea planteado con calificación de excepcional por dos o tres semanas. Pero un nuevo llamado al compromiso colectivo demandaría además que, desde el poder y fuera de la foto, se transmita decisión de desactivar conflictos políticos adicionales. Para empezar, la tensión entre la Provincia y la Ciudad.
Son escasos los gestos de convivencia que sí abundaban en los primeros momentos de la cuarentena. Además de chicanas y cruces directos –el Senado es uno de los ámbitos de mayor exposición de disputas y compromisos quebrados-, se produjeron hechos políticos difíciles de comprender hasta desde la lógica más calculadora: el oficialismo sumó decisiones y avances que terminaron unificando a la principal oposición. Juntos por el Cambio mantiene sus propios conflictos internos, pero el juego externo le puso límites y hasta acercó a todas sus líneas.
El primer grave costo en el largo camino de la cuarentena fue generado por el capítulo de las excarcelaciones. Hubo una fuerte y amplia protesta social. El Gobierno pagó un costo significativo, generado en rigor por el kirchnerismo duro, con el añadido de la imagen de Amado Boudou como expresión destacada, esta vez por las prisiones domiciliarias. El Gobierno cometió el error de adjudicar el rechazo masivo a una jugada de la oposición, en lugar de advertir los diversos malestares –entre ellos, las primeras expresiones de fatiga por el aislamiento- condensadas en aquel cacerolazo.
En los últimos días y en otra escala, irrumpió el caso Vicentin. El Presidente lanzó una ofensiva de intervención por decreto con anuncio del impulso a la expropiación. La movida, con evidente marca CFK, sorprendió a integrantes de su propia gabinete, corrió el eje de la situación de la empresa –las denuncias sobre manejos de sus directivos fueron sepultadas por el avance del Ejecutivo-, puso otra vez en guardia a franjas importantes de la sociedad –y no sólo del sector agropecuario- y volvió a sintetizar otras demandas y malhumores, lejos de la Avellaneda santafesina.
La movida del gobernador Omar Perotti dejó en suspenso el proyecto expropiador, tratando de mover las piezas: motorizó un pedido a la Justicia para colocar un trío de interventores –los dos designados por Alberto Fernández y uno de la provincia- al frente de Vicentin. El juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, siguió en la línea que había expuesto: mantuvo a los empresarios en el manejo de la cerealera. Y abrió un trámite en paralelo para tratar el planteo canalizado por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.
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Con información de
Infobae
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