Por la crisis económica, el 30% de las empresas teme enfrentar más conflictos laborales en el futuro
Por:
Natalia Donato
Martes 30 de
Junio 2020
Aunque la Ley de Contratos de Trabajo (LCT) y la normativa específica que dictó el Ministerio de Trabajo frente a la pandemia avalan el abordaje de suspensiones concertadas -con la consiguiente disminución salarial y de cargas sociales-, si estas decisiones no son homologadas por la autoridad laboral, constituyen un potencial foco de reclamos ante la Justicia Laboral, que incluso podrían llevar a la quiebra de empresas en el futuro.
Y ello fue lo que ocurrió en muchos sectores y empresas, principalmente por la negativa de los sindicatos a avalar esos acuerdos. Desde la UIA se le planteó esta preocupación al Gobierno y la Fundación Observatorio Pyme (FOP) realizó un informe al respecto, en el que concluye que, por la crisis del coronavirus, el 31% de las empresas con hasta 800 ocupados (aproximadamente 170.000 firmas) “enfrentan un riesgo potencial de futuro conflicto laboral”.
“Será necesario que el Estado, las organizaciones empresariales y los sindicatos trabajen conjuntamente para establecer una regla que equilibre todos los intereses en juego para evitar más cierres de empresas”, precisó el documento. Según indicó la Fundación, cambios en las condiciones laborales no homologados ante el Ministerio de Trabajo, junto a negociaciones infructuosas para la implementación de modificaciones propuestas por las empresas, constituyen el escenario del potencial riesgo de conflicto laboral futuro, riesgo que se intersecta con el de cierre de las compañías por efecto de la pandemia.
Las empresas que lograron cerrar acuerdos, o que lo intentaron sin éxito, son las más afectadas por la crisis sanitaria; son aquellas empresas en la condición de no operativas, que desarrollan actividades no esenciales y que acreditan la mayor proporción de personal inactivo. De acuerdo con la encuesta realizada por la institución, ya en la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio para la mayor parte del país (DISPO), se observa que sólo el 59% de las empresas pudieron mantener inalteradas las condiciones laborales. Se mantuvieron en el 83% de las empresas operativas, en el 71% de las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales y en el 85% de aquellas que tienen activo al 100% de su personal.
Por el contrario, las proporciones de contratos laborales inalterados caen fuertemente entre las empresas no operativas, no esenciales y con el personal inactivo. En efecto, las condiciones laborales pudieron mantenerse inalteradas sólo en el 29% de las empresas no operativas, en el 50% de las empresas no exceptuadas del aislamiento y en el 38% de aquellas que tienen inactivo al 100% del personal. “En síntesis, las estadísticas muestran que fue muy difícil mantener las condiciones laborales entre las empresas más perjudicadas por la pandemia”, remarca el informe.
Frente a la pregunta sobre si su empresa pudo lograr acuerdos laborales con los empleados/sindicato, el 59% respondió que no fue necesario debido a que mantuvieron las condiciones laborales; el 9% dijo que sí y que ya cuentan con la homologación de la cartera laboral; el 18% contestó afirmativamente pero señaló que no tienen ese aval oficial; y el 13% restante manifestó que no logró el acuerdo con el sindicato.
Para la FOP, el 13% de las empresas que mantienen las condiciones laborales, a pesar de haber intentado infructuosamente establecer un acuerdo con sus trabajadores para modificar las condiciones laborales, atraviesan una situación particular. “La falta de acuerdo pone de manifiesto que la crisis del coronavirus abrió en estas empresas un espacio de tensión en las relaciones laborales, y la estadística muestra que estos intentos fallidos se verifican mucho más frecuentemente en las empresas con problemas”, precisó el informe.
En efecto, el frustrado intento de acuerdo se verificó en el 30% de empresas no operativas (contra el 7% de las operativas), en el 26% de las empresas con todo el personal inactivo (contra el 8% de la que tienen todo su personal activo) y en el 17% de aquellas que realizan actividades no esenciales (contra el 11% de las que realizan actividades esenciales).
Para la Fundación, existe una estrecha relación entre el riesgo de conflicto laboral por el cambio de las condiciones de trabajo y el riesgo de cierre de las empresas: dos caras de la misma moneda. Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, aquellas con mayor riesgo simultáneo son las empresas de hasta 50 ocupados. Este segmento muestra riesgo de cierre de aproximadamente 10% y riesgo de conflicto laboral para un tercio de las mismas. Por el contrario, las empresas menos riesgosas son las medianas (51-250 ocupados) que muestran menor difusión del riesgo de cierre (3%) y también menor difusión del riesgo potencial de conflicto laboral futuro (29%).
Las empresas del sector agropecuario y de recursos naturales son las menos riesgosas y con mejores perspectivas, destaca el documento. Entre ellas, sólo el 4% corre riesgo de cierre y sólo el 15% enfrenta riesgo de conflicto laboral futuro. En la vereda de enfrente, las empresas más riesgosas (por cierre y conflicto) son las de comercio, construcción e industria manufacturera.
Finalmente, si se analiza el riesgo por regiones, la que tiene mejor desempeño es el Centro, donde sólo el 5% de las empresas corre riesgo de cierre y el 24% riesgo potencial de conflicto laboral futuro. En el AMBA, el 8% de sus empresas corre riesgo de no sobrevivir y 38% riesgo de conflicto laboral.
“Las estadísticas presentadas en este informe muestran que la sobrevivencia post pandemia de las empresas va a necesitar un acuerdo económico-social amplio y de gran consenso político, porque las secuencias de esta crisis se irán manifestando no sólo a través de una caída de la producción, sino también a través de la pérdida de capacidades organizativas y técnicas cuyos efectos se irán presentando con el transcurso del tiempo”, finalizó la FOP.
“Será necesario que el Estado, las organizaciones empresariales y los sindicatos trabajen conjuntamente para establecer una regla que equilibre todos los intereses en juego para evitar más cierres de empresas”, precisó el documento. Según indicó la Fundación, cambios en las condiciones laborales no homologados ante el Ministerio de Trabajo, junto a negociaciones infructuosas para la implementación de modificaciones propuestas por las empresas, constituyen el escenario del potencial riesgo de conflicto laboral futuro, riesgo que se intersecta con el de cierre de las compañías por efecto de la pandemia.
Las empresas que lograron cerrar acuerdos, o que lo intentaron sin éxito, son las más afectadas por la crisis sanitaria; son aquellas empresas en la condición de no operativas, que desarrollan actividades no esenciales y que acreditan la mayor proporción de personal inactivo. De acuerdo con la encuesta realizada por la institución, ya en la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio para la mayor parte del país (DISPO), se observa que sólo el 59% de las empresas pudieron mantener inalteradas las condiciones laborales. Se mantuvieron en el 83% de las empresas operativas, en el 71% de las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales y en el 85% de aquellas que tienen activo al 100% de su personal.
Por el contrario, las proporciones de contratos laborales inalterados caen fuertemente entre las empresas no operativas, no esenciales y con el personal inactivo. En efecto, las condiciones laborales pudieron mantenerse inalteradas sólo en el 29% de las empresas no operativas, en el 50% de las empresas no exceptuadas del aislamiento y en el 38% de aquellas que tienen inactivo al 100% del personal. “En síntesis, las estadísticas muestran que fue muy difícil mantener las condiciones laborales entre las empresas más perjudicadas por la pandemia”, remarca el informe.
Frente a la pregunta sobre si su empresa pudo lograr acuerdos laborales con los empleados/sindicato, el 59% respondió que no fue necesario debido a que mantuvieron las condiciones laborales; el 9% dijo que sí y que ya cuentan con la homologación de la cartera laboral; el 18% contestó afirmativamente pero señaló que no tienen ese aval oficial; y el 13% restante manifestó que no logró el acuerdo con el sindicato.
Para la FOP, el 13% de las empresas que mantienen las condiciones laborales, a pesar de haber intentado infructuosamente establecer un acuerdo con sus trabajadores para modificar las condiciones laborales, atraviesan una situación particular. “La falta de acuerdo pone de manifiesto que la crisis del coronavirus abrió en estas empresas un espacio de tensión en las relaciones laborales, y la estadística muestra que estos intentos fallidos se verifican mucho más frecuentemente en las empresas con problemas”, precisó el informe.
En efecto, el frustrado intento de acuerdo se verificó en el 30% de empresas no operativas (contra el 7% de las operativas), en el 26% de las empresas con todo el personal inactivo (contra el 8% de la que tienen todo su personal activo) y en el 17% de aquellas que realizan actividades no esenciales (contra el 11% de las que realizan actividades esenciales).
Para la Fundación, existe una estrecha relación entre el riesgo de conflicto laboral por el cambio de las condiciones de trabajo y el riesgo de cierre de las empresas: dos caras de la misma moneda. Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, aquellas con mayor riesgo simultáneo son las empresas de hasta 50 ocupados. Este segmento muestra riesgo de cierre de aproximadamente 10% y riesgo de conflicto laboral para un tercio de las mismas. Por el contrario, las empresas menos riesgosas son las medianas (51-250 ocupados) que muestran menor difusión del riesgo de cierre (3%) y también menor difusión del riesgo potencial de conflicto laboral futuro (29%).
Las empresas del sector agropecuario y de recursos naturales son las menos riesgosas y con mejores perspectivas, destaca el documento. Entre ellas, sólo el 4% corre riesgo de cierre y sólo el 15% enfrenta riesgo de conflicto laboral futuro. En la vereda de enfrente, las empresas más riesgosas (por cierre y conflicto) son las de comercio, construcción e industria manufacturera.
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Con información de
Infobae
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