Tras un largo periplo por los Tribunales rosarinos, la Justicia avaló el uso de la pastilla del día después en el Programa de Procreación Responsable de la Municipalidad de Rosario. La ordenanza había sido votada por el Concejo Municipal en 2008, dentro del plan de salud mencionado, pero el abogado Nicolás Mayoraz, ligado a sectores de la Iglesia, consideró que el método de anticoncepción de emergencia "es abortivo" y fue a la justicia para prohibirlo. Luego de admitir un recurso extraordinario en 2011, por cuestiones formales y con dos votos en disidencia, la Corte Suprema de Justicia santafesina giró el expediente a otra sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para que revisara la primera resolución que también aprobaba el uso de la píldora. La Sala I finalmente le dio la razón a la municipalidad a fines del año pasado. Las notificaciones se hicieron esta semana. Desde el área de Salud Pública municipal, su titular, Leonardo Caruana, aseguró que "continúa la utilización de la píldora en los servicios de salud y las guardias, como criterio de anticoncepción de emergencia, no como un anticonceptivo habitual", remarcó.
 
El planteo judicial se inició en 2008, cuando Mayoraz presentó un recurso contencioso y administrativo. El juez de primera instancia, Iván Kvasina, rechazó en ese entonces la queja de que la llamada píldora del día después -que debe tomarse al día siguiente de haber mantenido relaciones sexuales para evitar embarazos no deseados- fuera utilizada como un método abortivo, y reforzó la resolución (según publicó Rosario/12 por aquellos días) con datos jurídicos y médico-científicos, además de señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la pastilla "no interrumpe embarazos". También hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la aprueba.
 
Frente a ese revés, el abogado recurrió la decisión que llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde también fue rechazada. Pero en 2011, el letrado insistió con un planteo de inconstitucionalidad ante la Corte, donde fue recibido como recurso extraordinario, con los votos en disidencia de los ministros María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta.
 
En tanto, en marzo del año pasado, el máximo tribunal -con los mismos votos en disidencia- decidió que otra sala de la Cámara se expida sobre el pedido de inconstitucionalidad. La novedad judicial fue confirmada ayer a este diario por el titular de Asuntos Jurídicos del municipio, Alejandro Schwartzmann. "Se volvió a ganar este juicio, porque ya había salido favorable en primera instancia; pero el planteo llegó a la Corte y allí se anuló el fallo por cuestiones formales y ordenó que se dictara nueva resolución en otra sala Civil y Comercial que falló a favor de la Municipalidad".
 
Se trata de la ordenanza 7.282/02, mediante la cual se creó el Programa de Procreación Responsable. La idea del plan, que está en marcha, es poner a disposición de la comunidad información, orientación, métodos y prestaciones de servicios para garantizar el derecho a decidir libre y responsablemente sus pautas reproductivas.
 
Schwartzmann agregó que los camaristas María Mercedes Serra, Ariel Ariza y Ricardo Silverstri, de la Sala I, "no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo; es decir, no analizaron si la píldora es abortiva o no, sino que plantearon que se trata de una normativa municipal que se adecua a las normas nacionales sobre un medicamento aprobado. Entonces, siendo aprobado a nivel nacional, el ámbito local no es el adecuado para debatir sobre esa cuestión, y tiene que ir a otra competencia", señaló. El abogado recordó que "la Corte Interamericana tiene decidido que la píldora no es abortiva, en un fallo que ya tiene varios años. Se supone que los tribunales nacionales tienen que adecuarse".