Un ex CEO de PIMCO llamó a los bonistas a acepar la oferta: “La propuesta de deuda de Argentina ofrece un gran avance, merece apoyo”
Lunes 06 de
Julio 2020
Mohamed El-Erian es economista de Allianz, ex PIMCO y hoy asesor de Gramercy, uno de los fondos más amigables con el Gobierno. En una nota de opinión celebró la oferta argentina y llamó a los acreedores a respaldarla, para evitar una judicialización como la que se generó tras el canje 2005.
Un economista e inversor especializado en mercados emergentes publicó una nota de opinión en la que respalda la nueva oferta argentina para la reestructuración de la deuda. Mohamed El-Erian dio a conocer su columna en Bloomberg Opinion, en base a su cercanía con el proceso de negociación argentino. El economista es el principal asesor económico de Allianz SE, la empresa matriz de Pimco, donde se desempeñó como CEO y co-CIO. También es consejero senior en Gramercy, uno de los fondos que ya expresó su acuerdo con la propuesta argentina.
La propuesta de deuda de Argentina ofrece un gran avance, merece apoyo
Después de meses de negociaciones a menudo difíciles, Argentina hizo una nueva oferta a los acreedores el domingo que tiene una sólida posibilidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes. Al levantar potencialmente una gran nube que pende sobre la capacidad del país para crecer de manera sólida e inclusiva -directamente para las finanzas del gobierno e indirectamente mejorando las perspectivas de la actividad del sector privado- una resolución tan ordenada y colaborativa podría ayudar a superar desafíos económicos de larga data que han sido empeorados recientemente por el Covid-19.
La propuesta abriría el camino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha desempeñado un papel crucial al proporcionar a la Argentina un valioso análisis técnico y la validación de terceros para las negociaciones. Si a esto se añade el potencial de "efectos de demostración" beneficiosos para otros casos de mercados emergentes, el resultado puede ser una victoria para todos, en marcado contraste con las secuelas de la última gran reestructuración de la deuda del país.
Heredando una situación problemática en diciembre, el recién elegido gobierno del Presidente Alberto Fernández se embarcó en negociaciones con los acreedores. El objetivo era reestructurar el volumen de la deuda y reconfigurar los pagos del servicio de la deuda de manera coherente con el difícil objetivo de la Argentina de crecer con la suficiente rapidez e inclusión para sacar a los ciudadanos de la pobreza, liberar el enorme potencial humano y de recursos de la economía y detener lo que ha sido una caída deprimente de varios decenios en la situación económica internacional.
El proceso ha estado lejos de ser fluido, lo que refleja las complicaciones estructurales inherentes, así como las dificultades autoinfligidas. El gobierno ha tenido que tratar con múltiples grupos de acreedores que carecen de cohesión natural, lo que hace que las negociaciones sean difíciles y requieran mucho tiempo. Las condiciones sobre el terreno estaban cambiando, ya que el brote mundial de Covid-19 suponía una amenaza directa para las vidas y requería que se destinaran más recursos a la atención de la salud. La pandemia también tuvo múltiples efectos indirectos negativos en el resto del mundo, entre ellos la disminución de la demanda de exportaciones y de los precios de los productos básicos, la reducción del turismo y, en un principio, la gran inestabilidad de los mercados mundiales de capital. Otras complicaciones surgieron a raíz de una oferta prematura en abril y del inevitablemente ruidoso discurso político interno.
Dicho esto, la perseverancia del gobierno y el compromiso constructivo de un subconjunto de acreedores, junto con la oportuna asistencia técnica del FMI, ha abierto ahora el camino a la posibilidad de la sostenibilidad duradera de la deuda, un juicio al que han llegado de forma independiente la Argentina, el FMI y varios acreedores. Lo que finalmente ha surgido tiene el potencial de ser una victoria notable, y no sólo para la Argentina y sus partidarios.
Según los cálculos de Gramercy Fund Management LLC, Argentina aseguraría una reducción considerable de sus obligaciones contractuales de servicio de la deuda, proporcionando alrededor de 40.000 millones de dólares de alivio de la corriente de efectivo en los primeros 10 años, equivalente a alrededor del 9% del producto interno bruto. Con un plazo de cinco años sin pagos de amortización y una tasa media de cupones inferior al 2%, la Argentina recibiría un tiempo valioso para reasignar recursos en apoyo de las reformas estructurales, el gasto en el sector social y el alivio de la pobreza. (Divulgación completa: soy asesor de Gramercy, que tiene deuda argentina, y también miembro del grupo de asesores externos del FMI).
A cambio de aceptar renunciar a algunos reclamos contractuales, los acreedores estarían en mejor posición para recibir el pago en los nuevos términos, y aquellos que se unan antes del cierre programado para principios de agosto obtendrán un incentivo de “early birds”. Evitarían el tipo de incumplimiento desordenado que devastaría los precios de los activos, forzaría liquidaciones de cartera perturbadoras y, para los que mantienen sus bonos, socavaría el valor de recuperación futuro al retrasar la capacidad de crecimiento de la Argentina. De hecho, los acreedores sólo tienen que comparar el posible valor actual neto de la oferta argentina (unos 53,5 centavos de dólar con un rendimiento de salida del 10%) con el resultado de la desordenada reestructuración de 2005 (de 35 para el primer grupo de participantes y, cinco prolongados años después, 45 para el segundo grupo, que no cumplió con los pagos provisionales). Esto asume una importancia añadida, ya que el desafío inmediato es movilizar suficiente apoyo de los acreedores para la oferta argentina.
Es probable que la propuesta sea bien recibida fuera del país y sus acreedores. Confirma que la Argentina y el FMI, a menudo enfrentados en el pasado, pueden entablar interacciones técnicas de apoyo mutuo que ayuden a establecer una base de confianza, todo lo cual contribuye a crear un contexto más constructivo para lo que un número cada vez mayor de economistas y analistas esperan que sea una probabilidad creciente de reestructuraciones de la deuda soberana en algunas otras economías emergentes.
El compromiso que ha surgido de meses de difíciles negociaciones merece el apoyo tanto de la Argentina como de sus acreedores. Sí, es menos de lo que cualquiera de las partes propuso inicialmente. Pero no sería de interés a largo plazo para ninguno de los dos permitir que lo mejor teórico sea enemigo del bien alcanzable. Lo que ahora está sobre la mesa es mucho mejor que una alternativa que, con toda probabilidad, supondría mucho más dolor en todos los sentidos, con un golpe particularmente grande para los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina.
La propuesta de deuda de Argentina ofrece un gran avance, merece apoyo
Después de meses de negociaciones a menudo difíciles, Argentina hizo una nueva oferta a los acreedores el domingo que tiene una sólida posibilidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes. Al levantar potencialmente una gran nube que pende sobre la capacidad del país para crecer de manera sólida e inclusiva -directamente para las finanzas del gobierno e indirectamente mejorando las perspectivas de la actividad del sector privado- una resolución tan ordenada y colaborativa podría ayudar a superar desafíos económicos de larga data que han sido empeorados recientemente por el Covid-19.
La propuesta abriría el camino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha desempeñado un papel crucial al proporcionar a la Argentina un valioso análisis técnico y la validación de terceros para las negociaciones. Si a esto se añade el potencial de "efectos de demostración" beneficiosos para otros casos de mercados emergentes, el resultado puede ser una victoria para todos, en marcado contraste con las secuelas de la última gran reestructuración de la deuda del país.
Heredando una situación problemática en diciembre, el recién elegido gobierno del Presidente Alberto Fernández se embarcó en negociaciones con los acreedores. El objetivo era reestructurar el volumen de la deuda y reconfigurar los pagos del servicio de la deuda de manera coherente con el difícil objetivo de la Argentina de crecer con la suficiente rapidez e inclusión para sacar a los ciudadanos de la pobreza, liberar el enorme potencial humano y de recursos de la economía y detener lo que ha sido una caída deprimente de varios decenios en la situación económica internacional.
El proceso ha estado lejos de ser fluido, lo que refleja las complicaciones estructurales inherentes, así como las dificultades autoinfligidas. El gobierno ha tenido que tratar con múltiples grupos de acreedores que carecen de cohesión natural, lo que hace que las negociaciones sean difíciles y requieran mucho tiempo. Las condiciones sobre el terreno estaban cambiando, ya que el brote mundial de Covid-19 suponía una amenaza directa para las vidas y requería que se destinaran más recursos a la atención de la salud. La pandemia también tuvo múltiples efectos indirectos negativos en el resto del mundo, entre ellos la disminución de la demanda de exportaciones y de los precios de los productos básicos, la reducción del turismo y, en un principio, la gran inestabilidad de los mercados mundiales de capital. Otras complicaciones surgieron a raíz de una oferta prematura en abril y del inevitablemente ruidoso discurso político interno.
Dicho esto, la perseverancia del gobierno y el compromiso constructivo de un subconjunto de acreedores, junto con la oportuna asistencia técnica del FMI, ha abierto ahora el camino a la posibilidad de la sostenibilidad duradera de la deuda, un juicio al que han llegado de forma independiente la Argentina, el FMI y varios acreedores. Lo que finalmente ha surgido tiene el potencial de ser una victoria notable, y no sólo para la Argentina y sus partidarios.
Según los cálculos de Gramercy Fund Management LLC, Argentina aseguraría una reducción considerable de sus obligaciones contractuales de servicio de la deuda, proporcionando alrededor de 40.000 millones de dólares de alivio de la corriente de efectivo en los primeros 10 años, equivalente a alrededor del 9% del producto interno bruto. Con un plazo de cinco años sin pagos de amortización y una tasa media de cupones inferior al 2%, la Argentina recibiría un tiempo valioso para reasignar recursos en apoyo de las reformas estructurales, el gasto en el sector social y el alivio de la pobreza. (Divulgación completa: soy asesor de Gramercy, que tiene deuda argentina, y también miembro del grupo de asesores externos del FMI).
A cambio de aceptar renunciar a algunos reclamos contractuales, los acreedores estarían en mejor posición para recibir el pago en los nuevos términos, y aquellos que se unan antes del cierre programado para principios de agosto obtendrán un incentivo de “early birds”. Evitarían el tipo de incumplimiento desordenado que devastaría los precios de los activos, forzaría liquidaciones de cartera perturbadoras y, para los que mantienen sus bonos, socavaría el valor de recuperación futuro al retrasar la capacidad de crecimiento de la Argentina. De hecho, los acreedores sólo tienen que comparar el posible valor actual neto de la oferta argentina (unos 53,5 centavos de dólar con un rendimiento de salida del 10%) con el resultado de la desordenada reestructuración de 2005 (de 35 para el primer grupo de participantes y, cinco prolongados años después, 45 para el segundo grupo, que no cumplió con los pagos provisionales). Esto asume una importancia añadida, ya que el desafío inmediato es movilizar suficiente apoyo de los acreedores para la oferta argentina.
Es probable que la propuesta sea bien recibida fuera del país y sus acreedores. Confirma que la Argentina y el FMI, a menudo enfrentados en el pasado, pueden entablar interacciones técnicas de apoyo mutuo que ayuden a establecer una base de confianza, todo lo cual contribuye a crear un contexto más constructivo para lo que un número cada vez mayor de economistas y analistas esperan que sea una probabilidad creciente de reestructuraciones de la deuda soberana en algunas otras economías emergentes.
El compromiso que ha surgido de meses de difíciles negociaciones merece el apoyo tanto de la Argentina como de sus acreedores. Sí, es menos de lo que cualquiera de las partes propuso inicialmente. Pero no sería de interés a largo plazo para ninguno de los dos permitir que lo mejor teórico sea enemigo del bien alcanzable. Lo que ahora está sobre la mesa es mucho mejor que una alternativa que, con toda probabilidad, supondría mucho más dolor en todos los sentidos, con un golpe particularmente grande para los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina.
Con información de
Infobae
