Poder Ciudadano expresó su apoyo a la Corte Suprema y pidió respetar la división de poderes
Lunes 05 de
Octubre 2020
La organización civil Poder Ciudadano expresó su preocupación por “la expresión no solo de manifestaciones y declaraciones que son intentos explícitos e improcedentes que buscarían influir, presionar y/o amenazar con sanciones a los jueces de la Corte Suprema, sino también de opiniones sosteniendo que la Corte Suprema respetará la Constitución dependiendo del contenido del fallo por venir”.
Y en un comunicado conocido esta tarde, agregó: “En otras palabras, si el fallo no es el que espero, entonces seguramente es producto de alguna causa inconfesable, y por lo tanto no lo considero legítimo y no reconozco su legalidad”.
La ONG hizo pública su posición a partir de la admisión por parte de la Corte del recurso extraordinario de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para que rechace la revisión de sus traslados votadas por el Senado, y el pedido de juicio político al titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley. Su colega en la Cámara baja Leopoldo Moreau hoy redobló la apuesta y apuntó hacia todos sus integrantes, al sostener que creía que “era una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.
En respuesta a esta avanzada sobre la Corte, hoy se expidió el capítulo argentino de Transparencia Internacional, organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel global. "El abuso del poder —incluyendo la violación de la separación de poderes— siempre vulnera los derechos de la ciudadanía”, sostuvo en el comunicado.
“Las distintas opiniones e intereses de las personas siempre generan discrepancias. El conflicto político es, por lo tanto, inevitable. En el marco de una democracia es, además, saludable: se amplía el menú de alternativas a considerar y se enriquece la vida ciudadana. Pero para que esas diferencias puedan procesarse y los diferentes grupos puedan seguir conviviendo en paz, tienen que existir mecanismos que resuelvan los conflictos. En las democracias modernas, esas instancias las establece la Constitución de cada país, así como las instituciones y las leyes que emanan de ella. En la Argentina, como en muchos otros países, para decidir quién gobierna se cuentan los votos. Y para decidir sobre las controversias jurídicas nuestra Constitución establece que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó la organización no gubernamental creada en 1989 que hoy preside el abogado Hugo Wortman Jofre.
“El respeto a esos principios constitucionales hace a la salud y al desarrollo institucional de un país: se respetan las decisiones del gobierno —independientemente de si me gusta o no quién es el presidente y las políticas que implementa— y se respetan las decisiones de la Corte Suprema —independientemente de si me gustan o no quiénes la integran y el contenido de sus fallos—. Estas premisas deben ser válidas tanto para el oficialismo como para la oposición, tanto para el ciudadano como para el funcionario, tanto para la sociedad civil como para el Estado”, agregó la ONG.
“Poder Ciudadano desconoce en qué sentido se expedirá la Corte Suprema en el caso mencionado. Y aunque la historia argentina no sea pródiga en el respeto a la Constitución y a las leyes, exhortamos a funcionarios, políticos y ciudadanos a no poner en riesgo nuestro entramado constitucional, nuestro acuerdo social básico, por no ajustarse a las expectativas o deseos de cada cual. El respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de una vida institucional sana y de una democracia de calidad. Por ello, convocamos una vez más a aceptar los procedimientos legales y contribuir a la responsabilidad social”, concluyó.
La ofensiva del kirchnerismo contra el máximo tribunal se inició el 25 de septiembre, cuando se esperaba una resolución de los ministros sobre el per saltum que finalmente fue habilitado el martes 29. La diputada kirchnerista Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. Según la legisladora, el presidente de la Corte "obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales. El gobierno nacional trató de despegarse de la jugada y dijo que se trataba de una iniciativa de carácter individual de Siley. Las declaraciones de esta mañana de Moreau parecieron desmentirlo.
La ONG hizo pública su posición a partir de la admisión por parte de la Corte del recurso extraordinario de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para que rechace la revisión de sus traslados votadas por el Senado, y el pedido de juicio político al titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley. Su colega en la Cámara baja Leopoldo Moreau hoy redobló la apuesta y apuntó hacia todos sus integrantes, al sostener que creía que “era una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.
En respuesta a esta avanzada sobre la Corte, hoy se expidió el capítulo argentino de Transparencia Internacional, organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel global. "El abuso del poder —incluyendo la violación de la separación de poderes— siempre vulnera los derechos de la ciudadanía”, sostuvo en el comunicado.
“Las distintas opiniones e intereses de las personas siempre generan discrepancias. El conflicto político es, por lo tanto, inevitable. En el marco de una democracia es, además, saludable: se amplía el menú de alternativas a considerar y se enriquece la vida ciudadana. Pero para que esas diferencias puedan procesarse y los diferentes grupos puedan seguir conviviendo en paz, tienen que existir mecanismos que resuelvan los conflictos. En las democracias modernas, esas instancias las establece la Constitución de cada país, así como las instituciones y las leyes que emanan de ella. En la Argentina, como en muchos otros países, para decidir quién gobierna se cuentan los votos. Y para decidir sobre las controversias jurídicas nuestra Constitución establece que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó la organización no gubernamental creada en 1989 que hoy preside el abogado Hugo Wortman Jofre.
“El respeto a esos principios constitucionales hace a la salud y al desarrollo institucional de un país: se respetan las decisiones del gobierno —independientemente de si me gusta o no quién es el presidente y las políticas que implementa— y se respetan las decisiones de la Corte Suprema —independientemente de si me gustan o no quiénes la integran y el contenido de sus fallos—. Estas premisas deben ser válidas tanto para el oficialismo como para la oposición, tanto para el ciudadano como para el funcionario, tanto para la sociedad civil como para el Estado”, agregó la ONG.
“Poder Ciudadano desconoce en qué sentido se expedirá la Corte Suprema en el caso mencionado. Y aunque la historia argentina no sea pródiga en el respeto a la Constitución y a las leyes, exhortamos a funcionarios, políticos y ciudadanos a no poner en riesgo nuestro entramado constitucional, nuestro acuerdo social básico, por no ajustarse a las expectativas o deseos de cada cual. El respeto de esas reglas por parte de todos es la expresión de una vida institucional sana y de una democracia de calidad. Por ello, convocamos una vez más a aceptar los procedimientos legales y contribuir a la responsabilidad social”, concluyó.
La ofensiva del kirchnerismo contra el máximo tribunal se inició el 25 de septiembre, cuando se esperaba una resolución de los ministros sobre el per saltum que finalmente fue habilitado el martes 29. La diputada kirchnerista Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. Según la legisladora, el presidente de la Corte "obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales. El gobierno nacional trató de despegarse de la jugada y dijo que se trataba de una iniciativa de carácter individual de Siley. Las declaraciones de esta mañana de Moreau parecieron desmentirlo.
Con información de
Infobae
