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España: Función pública prevé publicar la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado
Sábado 24 de
Octubre 2020
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública quiere publicar la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) a principios del mes de diciembre, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.
Así se lo ha trasladado el Gobierno a los sindicatos del área pública durante la reunión mantenida este viernes para empezar a negociar el teletrabajo en la Administración General del Estado, después de que la regulación del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas españolas entrase en vigor el pasado 1 de octubre, con un plazo de adaptación de seis meses.
El área pública de CC.OO. ya había trasladado la negociación a la de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del Estatuto de los trabajadores, al considerar que esos deben ser los criterios generales que recoja esta regulación, adaptando a las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la AGE, y con una posterior concreción a cada organismo que permita responder a sus particularidades.
Desde CC.OO. han expresado alguna preocupación inicial, como que se garanticen la atención directa a la ciudadanía, los derechos laborales, la interlocución con la representación sindical y la igualdad y objetividad en el acceso al teletrabajo.
Han hecho especial incidencia en la prevención de riesgos laborales, ya que Función Pública pretende dejar solucionada con una declaración responsable de la persona trabajadora, en lugar de garantizarla con evaluación del servicio de prevención, tal y como recogen algunos de los convenios más avanzados en la materia, apuntan las mismas fuentes.
De igual forma, CC.OO. ha insistido en que el teletrabajo no es medida para la conciliación, aunque pueda tener implicaciones, sino de organización; y que se negocia la regulación ordinaria del teletrabajo, no la que pueda derivar de circunstancias excepcionales.
El Gobierno suscribió a finales de septiembre con los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CC.OO.) el acuerdo para la regulación del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones públicas.
El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto-ley estableció que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser “expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial”, si bien tendrá carácter voluntario y reversible “salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”.
Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser “expresamente autorizada”. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.
CSIF respaldó el “novedoso” acuerdo, porque podrá acogerse el personal laboral y funcionario y mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, así como UGT, al valorar que “garantiza un marco general básico, adecuado y garantista”.
El área pública de CC.OO. ya había trasladado la negociación a la de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del Estatuto de los trabajadores, al considerar que esos deben ser los criterios generales que recoja esta regulación, adaptando a las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la AGE, y con una posterior concreción a cada organismo que permita responder a sus particularidades.
Desde CC.OO. han expresado alguna preocupación inicial, como que se garanticen la atención directa a la ciudadanía, los derechos laborales, la interlocución con la representación sindical y la igualdad y objetividad en el acceso al teletrabajo.
Han hecho especial incidencia en la prevención de riesgos laborales, ya que Función Pública pretende dejar solucionada con una declaración responsable de la persona trabajadora, en lugar de garantizarla con evaluación del servicio de prevención, tal y como recogen algunos de los convenios más avanzados en la materia, apuntan las mismas fuentes.
De igual forma, CC.OO. ha insistido en que el teletrabajo no es medida para la conciliación, aunque pueda tener implicaciones, sino de organización; y que se negocia la regulación ordinaria del teletrabajo, no la que pueda derivar de circunstancias excepcionales.
El Gobierno suscribió a finales de septiembre con los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CC.OO.) el acuerdo para la regulación del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos de las administraciones públicas.
El nuevo artículo del Estatuto Básico del Empleado Público añadido por el real decreto-ley estableció que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser “expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial”, si bien tendrá carácter voluntario y reversible “salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”.
Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser “expresamente autorizada”. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.
CSIF respaldó el “novedoso” acuerdo, porque podrá acogerse el personal laboral y funcionario y mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, así como UGT, al valorar que “garantiza un marco general básico, adecuado y garantista”.
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