Un contrapunto por las tarifas de servicios públicos compromete la señal fiscal que Martín Guzmán intenta enviar al mercado
Por:
Virginia Porcella
Martes 27 de
Octubre 2020
La definición de una nueva tarifa de transición, que requiere la realización de audiencias públicas, podría ser reemplazada por un aporte transitorio del Tesoro al sector para garantizar operaciones y complicaría los planes del ministro de acotar el gasto en subsidios.
Las señales, tibias, de mayor disciplina fiscal que intenta enviar al mercado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el afán de calmar la escalada del dólar financiero quedaron en los últimos días en tela de juicio. Al menos, una de las más fuertes en ese sentido: el descongelamiento de las tarifas.
Desde que se presentó hace más de un mes el proyecto de Presupuesto 2021, el Gobierno advirtió que a partir del próximo año se avanzará en la actualización de los precios de los servicios públicos, en línea con la inflación. La medida, que apunta a contener el gasto público en subsidios tal como explicó el propio Guzmán, fue relativizada durante el fin de semana por el interventor del Enargas, Federico Bernal, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A pesar de la ratificación reciente del propio Presidente de aumentar las tarifas, el funcionario advirtió, básicamente, que los plazos no cierran para llegar a una revisión del precio antes de fin de año para definir una “tarifa de transición” como se discute con las empresas del sector.
Según explicó Bernal, “en el caso de decidirse por tarifas de transición, no podrán entrar en vigencia el 19 de diciembre por una simple cuestión de tiempos, ya que su elaboración, incluyendo lo relativo a la convocatoria a audiencias públicas y sus respectivos plazos, insumirá varios meses”, dijo. Esta posibilidad, que es reconocida en el sector, implicaría la asistencia del Estado para garantizar operaciones. Así, los planes de Guzmán de mantener constante en relación al PBI el gasto en subsidios y, sobre todo, la señal de compromiso con un mayor orden fiscal, perderían contundencia.
El descongelamiento de las tarifas de servicios públicos para 2021 fue una de las señales más claras del Gobierno en términos de alcanzar mayor disciplina fiscal
Si bien las compañías aclaran que la negociación con la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, efectivamente apunta a una tarifa de transición hasta llegar a una revisión de tarifas integral (RTI), admiten que también está sobre la mesa la posibilidad de “una asistencia económica transitoria”. Sería, en definitiva, un aporte del Tesoro para pagar gastos y evitar complicaciones en el suministro. A diferencia del aumento preliminar de tarifas, este no requiere de audiencia pública y es potestad, afirman, del Poder Ejecutivo.
“En el caso de un aumento de la tarifa, aun siendo de transición, es necesario convocar a una audiencia pública, pero es un proceso más simple porque no se evalúa una tarifa a 5 años”, explicaron en una de las distribuidoras. Entre las empresas del sector relativizan los dichos de Bernal, quien ya había advertido sobre los plazos que implicaría incrementar las tarifas hace tres semanas tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, y lo consideran corrido del centro de decisiones tras el anuncio del Plan Gas 4. Pero lo cierto es que los planes para de aumentos de 30% en promedio en 2021 podrían verse demorados.
Durante el primer semestre del año, el gasto del Estado en subsidios energéticos registró un incremento real de 75% respecto de 2019, lo que los llevó a una participación de 7 puntos del PBI.
Los contrapuntos y dilaciones en esta materia conspiran contra los mensajes que en los últimos días se intenta hacer llegar al mercado para calmar la brecha cambiaria, que involucran operaciones de deuda como la que se concretará hoy y promesas de Guzmán respecto de una mayor financiación del déficit fiscal en 2021 con aportes de organismos internacionales. Ambas medidas basadas en el reconocimiento implícito de que es la enorme emisión monetaria de los últimos meses, destinada a hacer frente al creciente desequilibrio fiscal, la fuente primaria de la inestabilidad en el mercado.
“Sin energía barata; sin servicios públicos asequibles y accesibles no hay desarrollo, industrialización ni mercado interno”, fue la frase a contramano que disparó ayer Bernal.
Lo concreto es que durante el primer semestre del año, el gasto del Estado en subsidios energéticos registró un incremento real de 75% respecto de 2019, lo que los llevó a una participación de 7 puntos del PBI. Es esta relación, precisamente, la que Guzmán intenta, como mínimo, mantener estable. “Apuntamos a que no crezca la participación que tienen los subsidios con respecto al PBI. Implica que se tienen que actualizar las tarifas de una manera que acompañe al crecimiento de los precios”, dijo el ministro cuando confirmó, hace un mes, el descongelamiento.
Desde que se presentó hace más de un mes el proyecto de Presupuesto 2021, el Gobierno advirtió que a partir del próximo año se avanzará en la actualización de los precios de los servicios públicos, en línea con la inflación. La medida, que apunta a contener el gasto público en subsidios tal como explicó el propio Guzmán, fue relativizada durante el fin de semana por el interventor del Enargas, Federico Bernal, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A pesar de la ratificación reciente del propio Presidente de aumentar las tarifas, el funcionario advirtió, básicamente, que los plazos no cierran para llegar a una revisión del precio antes de fin de año para definir una “tarifa de transición” como se discute con las empresas del sector.
Según explicó Bernal, “en el caso de decidirse por tarifas de transición, no podrán entrar en vigencia el 19 de diciembre por una simple cuestión de tiempos, ya que su elaboración, incluyendo lo relativo a la convocatoria a audiencias públicas y sus respectivos plazos, insumirá varios meses”, dijo. Esta posibilidad, que es reconocida en el sector, implicaría la asistencia del Estado para garantizar operaciones. Así, los planes de Guzmán de mantener constante en relación al PBI el gasto en subsidios y, sobre todo, la señal de compromiso con un mayor orden fiscal, perderían contundencia.
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Si bien las compañías aclaran que la negociación con la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, efectivamente apunta a una tarifa de transición hasta llegar a una revisión de tarifas integral (RTI), admiten que también está sobre la mesa la posibilidad de “una asistencia económica transitoria”. Sería, en definitiva, un aporte del Tesoro para pagar gastos y evitar complicaciones en el suministro. A diferencia del aumento preliminar de tarifas, este no requiere de audiencia pública y es potestad, afirman, del Poder Ejecutivo.
“En el caso de un aumento de la tarifa, aun siendo de transición, es necesario convocar a una audiencia pública, pero es un proceso más simple porque no se evalúa una tarifa a 5 años”, explicaron en una de las distribuidoras. Entre las empresas del sector relativizan los dichos de Bernal, quien ya había advertido sobre los plazos que implicaría incrementar las tarifas hace tres semanas tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, y lo consideran corrido del centro de decisiones tras el anuncio del Plan Gas 4. Pero lo cierto es que los planes para de aumentos de 30% en promedio en 2021 podrían verse demorados.
Durante el primer semestre del año, el gasto del Estado en subsidios energéticos registró un incremento real de 75% respecto de 2019, lo que los llevó a una participación de 7 puntos del PBI.
Los contrapuntos y dilaciones en esta materia conspiran contra los mensajes que en los últimos días se intenta hacer llegar al mercado para calmar la brecha cambiaria, que involucran operaciones de deuda como la que se concretará hoy y promesas de Guzmán respecto de una mayor financiación del déficit fiscal en 2021 con aportes de organismos internacionales. Ambas medidas basadas en el reconocimiento implícito de que es la enorme emisión monetaria de los últimos meses, destinada a hacer frente al creciente desequilibrio fiscal, la fuente primaria de la inestabilidad en el mercado.
“Sin energía barata; sin servicios públicos asequibles y accesibles no hay desarrollo, industrialización ni mercado interno”, fue la frase a contramano que disparó ayer Bernal.
Lo concreto es que durante el primer semestre del año, el gasto del Estado en subsidios energéticos registró un incremento real de 75% respecto de 2019, lo que los llevó a una participación de 7 puntos del PBI. Es esta relación, precisamente, la que Guzmán intenta, como mínimo, mantener estable. “Apuntamos a que no crezca la participación que tienen los subsidios con respecto al PBI. Implica que se tienen que actualizar las tarifas de una manera que acompañe al crecimiento de los precios”, dijo el ministro cuando confirmó, hace un mes, el descongelamiento.
Con información de
Infobae
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