La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales cuestionó la creación de NODIO: “Pueden vulnerarse principios constitucionales”
Martes 27 de
Octubre 2020
En los primeros días de octubre la Defensoría del Público lanzó NODIO, un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”, según la presentación en la página oficial.
La presentación en sociedad del Observatorio generó múltiples críticas por parte de la oposición y de otros sectores de la vida social y política debido a la influencia que podría tener en el normal desenvolvimiento de la labor periodística.
En esta oportunidad la crítica proviene de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que manifestó que si se concretara el trabajo del NODIO, “podrían vulnerarse normas y principios constitucionales”. Además, destacaron que en el país “no es función del Estado ejercer una vigilancia sobre la información que difunden las personas humanas o jurídicas y las ideas que expongan en ejercicio de la libertad de expresión, salvo cuando constituyan un delito o causen agravio jurídico".
Según explicaron en un documento, “se ha dicho que el observatorio proyectado no sería un órgano con presupuesto y que busca generar insumos que permitan reflexzionar acercas de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y también “debatir sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”. Sin embargo, advirtieron que “no por ello esta iniciativa deja de ser una intromisión en la libertad de expresión”.
En esa línea explicaron que a su juicio “no le compete al Estado constituirse en promotor de un periodismo de alta calidad, por no ser esta una función propia de nuestro régimen constitucional”. Además, “por tratarse, la evaluación de esta actividad de una cuestión subjetiva, se corre el riesgo de medir la calidad sesgadamente y con criterio ideológico” que “cualquiera que sea, debiera prevenirse para evitar avances indebidos sobre la libertad de expresión”.
“La experiencia indica que la existencia de esos organismos en la esfera estatal abre el camino a que sean utilizados como medios para inducir conductas inspiradas en ideologías político partidarias, incompatibles con nuestro sistema constitucional democrático y pluralista de Gobierno”, indicaron en el mismo documento.
Y agregaron: “Lo dicho no implica desconocer o cuestionar la existencia de este tipo de entidades en el ámbito privado, dedicadas a esa clase de tareas, cuya misión está claramente determinada, y pueden aportar ideas u opiniones útiles para esa finalidad, sin constituirse en voceros del Estado y, en últimas instancia, sometidos al libre escrutinio de quienes accedan a sus pareceres o dictámenes”.
Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que NODIO es la respuesta a la preocupación de las audiencias “por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”. La Defensoría del Público -creada en 2012 por la Ley de Medios- declaró que “asume el compromiso democrático” de contribuir a la “búsqueda de un periodismo de alta calidad”, al “fortalecimiento de las audiencias críticas” y al “fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”, entre otras cosas. “Con ese fin nace NODIO”, dijeron.
“Internet potenció la libertad de expresión ciudadana”, señalaron desde la Defensoría. Y agregaron: “Pero lo que debería ser una buena noticia parece que los asusta, considerando que se disponen a restringir esa libertad con un organismo de vigilancia”.
En esta oportunidad la crítica proviene de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que manifestó que si se concretara el trabajo del NODIO, “podrían vulnerarse normas y principios constitucionales”. Además, destacaron que en el país “no es función del Estado ejercer una vigilancia sobre la información que difunden las personas humanas o jurídicas y las ideas que expongan en ejercicio de la libertad de expresión, salvo cuando constituyan un delito o causen agravio jurídico".
Según explicaron en un documento, “se ha dicho que el observatorio proyectado no sería un órgano con presupuesto y que busca generar insumos que permitan reflexzionar acercas de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y también “debatir sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”. Sin embargo, advirtieron que “no por ello esta iniciativa deja de ser una intromisión en la libertad de expresión”.
En esa línea explicaron que a su juicio “no le compete al Estado constituirse en promotor de un periodismo de alta calidad, por no ser esta una función propia de nuestro régimen constitucional”. Además, “por tratarse, la evaluación de esta actividad de una cuestión subjetiva, se corre el riesgo de medir la calidad sesgadamente y con criterio ideológico” que “cualquiera que sea, debiera prevenirse para evitar avances indebidos sobre la libertad de expresión”.
“La experiencia indica que la existencia de esos organismos en la esfera estatal abre el camino a que sean utilizados como medios para inducir conductas inspiradas en ideologías político partidarias, incompatibles con nuestro sistema constitucional democrático y pluralista de Gobierno”, indicaron en el mismo documento.
Y agregaron: “Lo dicho no implica desconocer o cuestionar la existencia de este tipo de entidades en el ámbito privado, dedicadas a esa clase de tareas, cuya misión está claramente determinada, y pueden aportar ideas u opiniones útiles para esa finalidad, sin constituirse en voceros del Estado y, en últimas instancia, sometidos al libre escrutinio de quienes accedan a sus pareceres o dictámenes”.
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Con información de
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