Por la pandemia, los programas sociales se incrementaron 447% en términos reales
Martes 27 de
Octubre 2020

Los programas sociales registraron un nivel de ejecución de $671.868 millones en los primeros nueve meses del año, con un incremento de 447% en términos reales respecto de igual período de 2019.
Los mismos fueron impulsados, esencialmente, por las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia.
Así se desprende de un informe difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el cual indicó que el presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $2.744.921 millones y el 62,7% de ese incremento se destinó a reforzar las prestaciones sociales.
Dentro de esta partida se destacó especialmente las transferencias en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con erogaciones por $257.901 millones y $174.933 millones respectivamente.
En tanto, las asignaciones destinadas al programa de políticas alimentaria sumaron otros $71.975 millones, mostrando un alza de 1.539,2%. También se reflejó en los primeros nueve meses de 2020 el mayor gasto en Complementos a las Prestaciones Previsionales ($27.322 millones), derivado del otorgamiento de dos subsidios extraordinarios de hasta $5.000 y $3.000, durante los meses de enero y marzo, para aquellos jubilados y pensionados de más bajos ingresos.
El gasto en jubilaciones, pensiones y retiros alcanzó a $1.669.381 millones, implicando un incremento real de 0,2% interanual, mientras que las pensiones no contributivas ($171.138 millones) treparon 0,8%. “En ambos casos la dinámica se explica fundamentalmente por la política de actualización de los haberes”, afirmó la OPC.
Por su parte, las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($71.930 millones) mostraron una suba real de 23,5%, explicados mayormente “por la asistencia financiera instrumentada en el marco de la emergencia sanitaria” ($14.000 millones), mientras que las asignaciones familiares y por hijo ($273.999 millones) experimentaron un aumento de 2,4%.
Por último, el monto de las transferencias en subsidios económicos alcanzó a $419.181 millones en los nueve primeros meses de 2020, cifra que representó un crecimiento en términos reales de 31,3%. “Esta evolución obedece principalmente al aumento en las transferencias al sector energético ($331.887 millones), con una suba de 38,5%, mientras que los destinados al sector transporte ($86.731 millones) crecieron 11,9%”, agregó el informe.
Balanza de la Administración Nacional
En relación a los ingresos, en el período enero-septiembre la Administración Nacional registró un crecimiento del 5% año contra año en términos reales. “Las transferencias al Tesoro por $1.172.000 millones en concepto de utilidades provenientes del BCRA, lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la Seguridad Social, con disminuciones reales de 12,0% y 12,7%, respectivamente”, subrayó la OPC.
“Si se descuentan dichas utilidades, tanto de 2019 como de 2020, los ingresos totales del período muestran un retroceso real de 17,6% en términos interanuales”, agregó el informe, publicado esta mañana.
En contraposición, la OPC indicó que “los gastos primarios aumentaron 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo período de un año atrás, a partir de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria”.
Entre estas medidas, se consideró al IFE y la atención del Salario Complementario en el marco del Programa ATP. En este capítulo, se destacó que “debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (44,8%), los gastos totales tuvieron una suba más moderada de 9,4%”.
En concreto, a raíz de la caída de los ingresos y al aumento en los gastos primarios, el resultado primario (neto de utilidades del BCRA) pasó de un superávit de $75.892 millones al 30 de septiembre de 2019 a un déficit de $1.374.743 millones en igual período de 2020.
Si se toman en cuenta las utilidades transferidas tanto el año pasado como el actual, el resultado primario pasó de un superávit de $280.137 millones a un déficit de $202.743 millones, en tanto que el resultado financiero se incrementó de un déficit de $314.838 millones a otro de $676.719 millones.
Así se desprende de un informe difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el cual indicó que el presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $2.744.921 millones y el 62,7% de ese incremento se destinó a reforzar las prestaciones sociales.
Dentro de esta partida se destacó especialmente las transferencias en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), con erogaciones por $257.901 millones y $174.933 millones respectivamente.
En tanto, las asignaciones destinadas al programa de políticas alimentaria sumaron otros $71.975 millones, mostrando un alza de 1.539,2%. También se reflejó en los primeros nueve meses de 2020 el mayor gasto en Complementos a las Prestaciones Previsionales ($27.322 millones), derivado del otorgamiento de dos subsidios extraordinarios de hasta $5.000 y $3.000, durante los meses de enero y marzo, para aquellos jubilados y pensionados de más bajos ingresos.
El gasto en jubilaciones, pensiones y retiros alcanzó a $1.669.381 millones, implicando un incremento real de 0,2% interanual, mientras que las pensiones no contributivas ($171.138 millones) treparon 0,8%. “En ambos casos la dinámica se explica fundamentalmente por la política de actualización de los haberes”, afirmó la OPC.
Por su parte, las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($71.930 millones) mostraron una suba real de 23,5%, explicados mayormente “por la asistencia financiera instrumentada en el marco de la emergencia sanitaria” ($14.000 millones), mientras que las asignaciones familiares y por hijo ($273.999 millones) experimentaron un aumento de 2,4%.
Por último, el monto de las transferencias en subsidios económicos alcanzó a $419.181 millones en los nueve primeros meses de 2020, cifra que representó un crecimiento en términos reales de 31,3%. “Esta evolución obedece principalmente al aumento en las transferencias al sector energético ($331.887 millones), con una suba de 38,5%, mientras que los destinados al sector transporte ($86.731 millones) crecieron 11,9%”, agregó el informe.
Balanza de la Administración Nacional
En relación a los ingresos, en el período enero-septiembre la Administración Nacional registró un crecimiento del 5% año contra año en términos reales. “Las transferencias al Tesoro por $1.172.000 millones en concepto de utilidades provenientes del BCRA, lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la Seguridad Social, con disminuciones reales de 12,0% y 12,7%, respectivamente”, subrayó la OPC.
“Si se descuentan dichas utilidades, tanto de 2019 como de 2020, los ingresos totales del período muestran un retroceso real de 17,6% en términos interanuales”, agregó el informe, publicado esta mañana.
En contraposición, la OPC indicó que “los gastos primarios aumentaron 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo período de un año atrás, a partir de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria”.
Entre estas medidas, se consideró al IFE y la atención del Salario Complementario en el marco del Programa ATP. En este capítulo, se destacó que “debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (44,8%), los gastos totales tuvieron una suba más moderada de 9,4%”.
En concreto, a raíz de la caída de los ingresos y al aumento en los gastos primarios, el resultado primario (neto de utilidades del BCRA) pasó de un superávit de $75.892 millones al 30 de septiembre de 2019 a un déficit de $1.374.743 millones en igual período de 2020.
Si se toman en cuenta las utilidades transferidas tanto el año pasado como el actual, el resultado primario pasó de un superávit de $280.137 millones a un déficit de $202.743 millones, en tanto que el resultado financiero se incrementó de un déficit de $314.838 millones a otro de $676.719 millones.
Con información de
El Economista
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