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Hay más despidos y litigios en la Justicia por la caída de la actividad económica
Miércoles 05 de
Marzo 2014
Datos oficiales del Ministerio de Trabajo y del Poder Judicial lo ponen de manifiesto. Afirman que es por el menor crecimiento. Los sindicatos, en alerta. Otros reclaman anticipo salarial por el encarecimiento del costo de vida
Por primera vez, números oficiales confirman el temor de los empresarios y gremios. El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), dependiente de la cartera de Trabajo, registró un 22,6% de aumento de expedientes por reclamos en enero y febrero de este año. En 2013, a igual período hubo 2500 presentaciones menos (11.048), mientras que la cifra trepó 13.545 en el corriente año.
Algo similar revelaron los tribunales de San Isidro, la localidad con mayor litigiosidad laboral en los últimos años a raíz del cordón industrial que ostenta la Zona Norte del conurbano bonarense. En esa dependencia judicial, en febrero comenzaron 798 juicios, un 43% más a igual mes de 2013, cuando entraron 556 litigios, según informa el diario La Nación.
Un empleado señaló que en la mesa de entradas del Seclo se inician 700 expedientes por día. Ese número puede alcanzar los 800 diarios, lo cual supera en 200 las presentaciones que se ingresaban en los mismos meses de 2013.
Tanto el Poder Judicial de San Isidro como el organismo bajo la órbita de Carlos Tomada - que tiene jurisdicción sobre 6 millones de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires- son útiles para identificar los cambios y cómo evoluciona el empleo en la área metropolitana.
Especialistas dan cuenta de cómo se incrementó la litigiosidad laboral. Para Rodrigo Fernández Valle, socio del tradicional estudio Fernández Valle y Asociados, señaló al matutino que el incremento de los reclamos es por despidos. Alega que la voluntad empresaria de dejar empleados en la calle responde tanto ha decisiones previas que se remotan a 2013, como al "claro panorama de incertidumbre, en el que convergen el freno de la actividad productiva y la sensación de no saber cuáles serán las reglas de juego para producir y vender".
En Hita y Asociados afirman que se ingresó en una etapa donde "es más importante mantener los puestos de trabajo que luchar por un salario digno que compense la inflación". "Habrá que ver el resultado de las paritarias y las variables que se negociarán en ellas", manifestó Carolina Hita, una de las titulares del estudio jurídico.
El ajuste que se descargará sobre los trabajadores ya fue anticipado por el propio titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Días atrás, señaló que desea "no llegar a los despidos", pero vaticinó que "suspensiones va a haber". Ello se da en sectores fabriles que otrora fueron los más dinámicos de la etapa kirchnerista, como la producción automotriz, hoy golpeada por la fuerte caída de la demanda de Brasil.
Los gremios están alertados. Y también lo está el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que esta semana presentó varios proyectos en el Congreso que apuntan a una recomposición salarial tras la devaluación, y el freno de las cesantías y suspensiones por dos años, con la amenaza de estatizar las empresas que despiden personal.
"Un mínimo equivalente a la canasta familiar (9000), el aumento de 3000 de emergencia para activos y jubilados y la prohibición de despidos, son el punto de partida de un plan económico para que la crisis la paguen los capitalistas", aseguró el diputado del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola.
Algo similar revelaron los tribunales de San Isidro, la localidad con mayor litigiosidad laboral en los últimos años a raíz del cordón industrial que ostenta la Zona Norte del conurbano bonarense. En esa dependencia judicial, en febrero comenzaron 798 juicios, un 43% más a igual mes de 2013, cuando entraron 556 litigios, según informa el diario La Nación.
Un empleado señaló que en la mesa de entradas del Seclo se inician 700 expedientes por día. Ese número puede alcanzar los 800 diarios, lo cual supera en 200 las presentaciones que se ingresaban en los mismos meses de 2013.
Tanto el Poder Judicial de San Isidro como el organismo bajo la órbita de Carlos Tomada - que tiene jurisdicción sobre 6 millones de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires- son útiles para identificar los cambios y cómo evoluciona el empleo en la área metropolitana.
Especialistas dan cuenta de cómo se incrementó la litigiosidad laboral. Para Rodrigo Fernández Valle, socio del tradicional estudio Fernández Valle y Asociados, señaló al matutino que el incremento de los reclamos es por despidos. Alega que la voluntad empresaria de dejar empleados en la calle responde tanto ha decisiones previas que se remotan a 2013, como al "claro panorama de incertidumbre, en el que convergen el freno de la actividad productiva y la sensación de no saber cuáles serán las reglas de juego para producir y vender".
En Hita y Asociados afirman que se ingresó en una etapa donde "es más importante mantener los puestos de trabajo que luchar por un salario digno que compense la inflación". "Habrá que ver el resultado de las paritarias y las variables que se negociarán en ellas", manifestó Carolina Hita, una de las titulares del estudio jurídico.
El ajuste que se descargará sobre los trabajadores ya fue anticipado por el propio titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Días atrás, señaló que desea "no llegar a los despidos", pero vaticinó que "suspensiones va a haber". Ello se da en sectores fabriles que otrora fueron los más dinámicos de la etapa kirchnerista, como la producción automotriz, hoy golpeada por la fuerte caída de la demanda de Brasil.
Los gremios están alertados. Y también lo está el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que esta semana presentó varios proyectos en el Congreso que apuntan a una recomposición salarial tras la devaluación, y el freno de las cesantías y suspensiones por dos años, con la amenaza de estatizar las empresas que despiden personal.
"Un mínimo equivalente a la canasta familiar (9000), el aumento de 3000 de emergencia para activos y jubilados y la prohibición de despidos, son el punto de partida de un plan económico para que la crisis la paguen los capitalistas", aseguró el diputado del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola.
Con información de
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