En un pueblo de la costa
Mujer prostituyó a su hija durante seis años
Martes 03 de
Noviembre 2020
Una mujer prostituía a su hija y a pesar de que esta situación no era ajena a las autoridades de la localidad de la costa en la que residen, el abuso se perpetró durante años.
Este lunes la jueza Susana Luna ordenó la prisión preventiva para la madre y exhortó a la Secretaría de la Niñez para que institucionalice a la víctima.
En la causa que investigan las fiscales María Celeste Minniti y Alejandra Del Río Ayala no sólo está imputada la madre. También hay dos hombres acusados del “abuso sexual con acceso carnal” de la adolescente, quienes continuarán privados de su libertad hasta que la victima sea resguardada. Luego, Marcelo L. (58) y Alberto M. (67) tendrán una prohibición de contacto y acercamiento.
En tanto la madre, Sandra S., está imputada por promoción y explotación de la prostitución, agravados ambos delitos por el vinculo, la convivencia y la edad de la victima. La inició aproximadamente en 2015, y “era la que habilitaba que la niña mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero”, del que luego se apropiaba.
La madre era la encargada de contactarse con los hombres y enviar a su hija a vivir con ellos por períodos determinados de tiempo. De hecho, la chica debió convivir con uno de los imputados durante 4 meses en una casa frente a la comisaría del lugar. “La niña era entregada para pasar tiempo, cual geisha, con estos señores adultos mayores, ofreciéndoles servicios de todo tipo. No solo de sexo sino también de compañía”, señaló la fiscalía.
A los once
La intervención del Estado comenzó cuando una vecina denunció una situación parecida a la que es investigada hoy, y que terminó con un turista cordobés condenado por abusar de la niña, que en ese momento tenía 11 años. El hombre, de 72, firmó un juicio abreviado. “Hay evidencia en aquella causa en donde surge claramente que ya en el 2016, cuando la menor sufría los abusos, (la madre) estaba en conocimiento” de lo que sucedía, señaló Minniti.
Desde entonces se registran intervenciones del equipo local de Niñez, que realizaba un seguimiento de la víctima. Las fiscales mencionaron diversos informes “donde claramente surge esta sospecha de que la madre hacía prostituir a su hija, no obstante ninguna institución intervino adecuadamente”. En el pueblo la gente estaba al tanto de esta situación, de hecho, en el mismo Centro de Salud lo confirmaron.
Actualmente está en vigencia una medida de protección por la que tanto la víctima como sus hermanos fueron separados de su madre y están bajo la tutela de su tía materna. Se destacó la “poca colaboración” por parte de la Secretaría de la Niñez, quienes ante la solicitud de un lugar para alojar a los menores manifestaron que no tenían cupo.
Una “voz propia”
Se trata de una causa compleja, en la que no se intervino a tiempo. La adolescente no está escolarizada, ni tiene controles periódicos de salud. El desamparo era total. Las fiscales solicitaron a la jueza Susana Luna que se exhorte a la Secretaría de Niñez para que la víctima sea institucionalizada.
La Dra. Del Río Ayala, fiscal jefa de la Unidad Especial de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas), hizo hincapié en las intervenciones “nefastas” de la institución. Se refirió especialmente a que “a una niña de 16 años, con todos estos antecedentes de violencia estructural por parte de todo su grupo familiar y en conocimiento de todas las instituciones de la localidad, hoy se le permita continuar en el mismo lugar donde tiene todo un circuito de explotación sexual arbitrado por su madre y en complicidad con su grupo familiar”. Y que sea puesta a cargo de alguien que “lejos de protegerla hace la vista gorda”.
Todo esto “habla a las claras de la desprotección en la que está”. La institucionalización de la víctima es necesaria para que ella, alejada de su entorno, pueda tener una “voz propia” y para “empezar a destejer la naturalización de estos hechos”, tras lo cual se podría realizar una entrevista en cámara Gesell.
Por esto también es importante que la madre continúe el proceso en prisión preventiva, ya que “para esta imputada a las claras ha sido muy fácil lograr su impunidad durante muchos años. Ya en el 2016 se inició una investigación donde salió ilesa, y donde logró correr las sospechas iniciales sobre su persona, silenciando a la niña”. De acuerdo a lo expresado por las fiscales, la jueza resolvió disponer la cautelar de máxima.
En la causa que investigan las fiscales María Celeste Minniti y Alejandra Del Río Ayala no sólo está imputada la madre. También hay dos hombres acusados del “abuso sexual con acceso carnal” de la adolescente, quienes continuarán privados de su libertad hasta que la victima sea resguardada. Luego, Marcelo L. (58) y Alberto M. (67) tendrán una prohibición de contacto y acercamiento.
En tanto la madre, Sandra S., está imputada por promoción y explotación de la prostitución, agravados ambos delitos por el vinculo, la convivencia y la edad de la victima. La inició aproximadamente en 2015, y “era la que habilitaba que la niña mantuviera relaciones sexuales a cambio de dinero”, del que luego se apropiaba.
La madre era la encargada de contactarse con los hombres y enviar a su hija a vivir con ellos por períodos determinados de tiempo. De hecho, la chica debió convivir con uno de los imputados durante 4 meses en una casa frente a la comisaría del lugar. “La niña era entregada para pasar tiempo, cual geisha, con estos señores adultos mayores, ofreciéndoles servicios de todo tipo. No solo de sexo sino también de compañía”, señaló la fiscalía.
A los once
La intervención del Estado comenzó cuando una vecina denunció una situación parecida a la que es investigada hoy, y que terminó con un turista cordobés condenado por abusar de la niña, que en ese momento tenía 11 años. El hombre, de 72, firmó un juicio abreviado. “Hay evidencia en aquella causa en donde surge claramente que ya en el 2016, cuando la menor sufría los abusos, (la madre) estaba en conocimiento” de lo que sucedía, señaló Minniti.
Desde entonces se registran intervenciones del equipo local de Niñez, que realizaba un seguimiento de la víctima. Las fiscales mencionaron diversos informes “donde claramente surge esta sospecha de que la madre hacía prostituir a su hija, no obstante ninguna institución intervino adecuadamente”. En el pueblo la gente estaba al tanto de esta situación, de hecho, en el mismo Centro de Salud lo confirmaron.
Actualmente está en vigencia una medida de protección por la que tanto la víctima como sus hermanos fueron separados de su madre y están bajo la tutela de su tía materna. Se destacó la “poca colaboración” por parte de la Secretaría de la Niñez, quienes ante la solicitud de un lugar para alojar a los menores manifestaron que no tenían cupo.
Una “voz propia”
Se trata de una causa compleja, en la que no se intervino a tiempo. La adolescente no está escolarizada, ni tiene controles periódicos de salud. El desamparo era total. Las fiscales solicitaron a la jueza Susana Luna que se exhorte a la Secretaría de Niñez para que la víctima sea institucionalizada.
La Dra. Del Río Ayala, fiscal jefa de la Unidad Especial de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas), hizo hincapié en las intervenciones “nefastas” de la institución. Se refirió especialmente a que “a una niña de 16 años, con todos estos antecedentes de violencia estructural por parte de todo su grupo familiar y en conocimiento de todas las instituciones de la localidad, hoy se le permita continuar en el mismo lugar donde tiene todo un circuito de explotación sexual arbitrado por su madre y en complicidad con su grupo familiar”. Y que sea puesta a cargo de alguien que “lejos de protegerla hace la vista gorda”.
Todo esto “habla a las claras de la desprotección en la que está”. La institucionalización de la víctima es necesaria para que ella, alejada de su entorno, pueda tener una “voz propia” y para “empezar a destejer la naturalización de estos hechos”, tras lo cual se podría realizar una entrevista en cámara Gesell.
Por esto también es importante que la madre continúe el proceso en prisión preventiva, ya que “para esta imputada a las claras ha sido muy fácil lograr su impunidad durante muchos años. Ya en el 2016 se inició una investigación donde salió ilesa, y donde logró correr las sospechas iniciales sobre su persona, silenciando a la niña”. De acuerdo a lo expresado por las fiscales, la jueza resolvió disponer la cautelar de máxima.
Con información de
El Litoral
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— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) May 7, 2024
Es la “declaración jurada” individual impuesta de modo anterior a una medida colectiva (paro) lo que la censura previa a la libertad de expresión.
Fíjese Gobierno:
Si se dice “designa toda acción u omisión dirigida a dificultar o imposibilitar, en forma…
