La Mesa de Enlace sobre el “aporte solidario”: “Es confiscatorio y disminuirá la cosecha”
Lunes 16 de
Noviembre 2020
La Mesa de Enlace manifestó el fin de semana su “alarma” ante el inminente tratamiento en el Congreso del “aporte solidario y extraordinario”. El proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner, que tendría el apoyo de aliados y recibiría media sanción, se tratará mañana luego de una larga demora.
Para la entidad que nuclea a CRA, Coninagro, la Sociedad Rural y Federación Agraria, se trata de “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”. El mismo sentimiento recorre otras entidades empresariales, que ya habían sentado su posición al respecto y probablemente vuelven a hacerlo estos días.
El mal llamado “impuesto a la riqueza”, consideró la Mesa de Enlace, es “un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que Argentina lo necesita desesperadamente”.
En un comunicado sostuvo que “afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.
Para el sector, este impuesto “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”.
En un gran porcentaje de los casos, aseguró, “los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.
También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos, estimó la entidad.
Y consideró que el “aporte” es en realidad “un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía”.
Para la entidad, una contradicción del gravamen es que “se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo” pero “se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo”.
Por otra parte, sostuvo que es “contrario al federalismo”, ya que “al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.
La mesa consideró que además su título es “engañoso”, ya que “sólo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”.
“En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó el comunicado de un sector, además, preocupado por la elevada posibilidad de un verano seco por La Niña y una fuerte suba de los costos de los insumos, por la ampliación de la brecha cambiaria.
El mal llamado “impuesto a la riqueza”, consideró la Mesa de Enlace, es “un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que Argentina lo necesita desesperadamente”.
En un comunicado sostuvo que “afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.
Para el sector, este impuesto “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”.
En un gran porcentaje de los casos, aseguró, “los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.
También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos, estimó la entidad.
Y consideró que el “aporte” es en realidad “un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía”.
Para la entidad, una contradicción del gravamen es que “se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo” pero “se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo”.
Por otra parte, sostuvo que es “contrario al federalismo”, ya que “al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.
La mesa consideró que además su título es “engañoso”, ya que “sólo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”.
“En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó el comunicado de un sector, además, preocupado por la elevada posibilidad de un verano seco por La Niña y una fuerte suba de los costos de los insumos, por la ampliación de la brecha cambiaria.
Con información de
El Economista
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