El Gobierno redistribuyó $23.000 millones del saldo del Presupuesto 2020 y aumentó el gasto neto en $2.650 millones
Por:
Daniel Sticco
Miércoles 18 de
Noviembre 2020
A través de la Decisión Administrativa 2069, el ejecutivo elevó el déficit proyectado del año en $1.741 millones. En el caso de la Administración Central ascendería a $1,43 billones
A menos de 45 días de terminar el año y mientras renegocia los términos del acuerdo stand-by suspendido con el Fondo Monetario y en el Congreso se debatía y aprobaba el Presupuesto 2021 y la creación de un nuevo impuesto en medio de una brutal crisis económica provocada por la cuarentena de casi 8 meses por el COVID-19, los ministros Santiago Cafiero y Martín Guzmán, dispusieron modificaciones presupuestarias para lo que resta del año por más de $23.000 millones, y ampliaron el gasto en $2.650 millones.
Se trata de una nueva modificación del Presupuesto, la 21 en lo que va del año, en la cual, tras el acuerdo con los acreedores de reperfilamiento de los vencimientos de la deuda se podría haber tenido un ahorro en la partida a cargo de la Tesorería de unos $22.000 millones. La medida se tomó mientras se trataba en el Congreso la creación de un Impuesto Solidario, para no ampliar el abultado bache de la caja del Estado.
La Decisión Administrativa 2069 publicada en el Boletín Oficial justifica esas redistribuciones y crecimiento neto del gasto público en “que resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar reintegros a los Agentes del Seguro de Salud relacionados con prestaciones para la cobertura de pacientes con covid-19, como para aquellos agentes que sufrieron una merma en su recaudación en el marco de la pandemia generada por el Coronavirus covid-19”, se amplió en $478 millones, y se financia con “la reducción de las asignaciones correspondientes a los préstamos a largo plazo al sector privado”, precisa los considerandos de la norma.
También consideró “menester modificar el Presupuesto vigente de los Servicios Administrativos Financieros 320 – Consejo de la Magistratura y 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación, actuantes en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar sus necesidades operativas”.
Del anexo con 226 folios surge que “a los fines de brindar asistencia financiera al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de las acciones conjuntas de la provincia con el Estado Nacional en materia de seguridad, así como para afrontar parte del gasto correspondiente a la liquidación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a los docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), el Ministerio de Educación cede créditos presupuestarios al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministro”, implicó un aumento de los créditos en $3.000 millones.
Asimismo, los ministros resolvieron modificar el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación cediendo créditos a la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación para atender sus gastos en personal, elevándolo en $49,5 millones.
También, la modificación presupuestaria incluyó un aumento de la partida para el Servicio Penitenciario Federal, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por $821 millones "con el objeto de afrontar el pago de haberes hasta la finalización del ejercicio vigente; financiar la provisión de alimentos y medicamentos para la población penal, la adquisición de elementos de limpieza e higiene personal e insumos y materiales vinculados a la pandemia global, los servicios de recolección de residuos patológicos y la atención de servicios básicos, de internet; de correo, de seguros de los móviles y de combustible; y en $400 millones para Asistencia Social del Poder Judicial, mientras que por el otro redujo en $621,3 millones la destinada para el “Mejoramiento del Sistema”.
Incluyó un aumento de la partida para el Servicio Penitenciario Federal por $821 millones con el objeto de afrontar el pago de haberes.
Gran parte de la redistribución de partidas se orientó al Ministerio de Seguridad con el fin de atender los subsidios a las diversas asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina; a la Policía Federal Argentina, $934 millones; la Gendarmería Nacional -Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas- $2.600 millones; la Prefectura Naval Argentina $665 millones; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria $255 millones; “todos ellos con el objeto de atender insuficiencias salariales”.
Los ministros consideraron también que “corresponde reforzar los créditos de la Jurisdicción Ministerio de Defensa con el fin de atender los mayores gastos en personal originados en la aplicación de medidas dictadas en el presente ejercicio”, sumó $3.196 millones, incluyendo una partida para la Sastrería Militar, y “afrontar el pago de retiros y pensiones militares”.
Refuerzo para el Ministerio de Agricultura
Una partida incremental no menor recibió Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales, a los efectos de atender las erogaciones correspondientes a los servicios requeridos que se prestan a terceros, relacionados con la fiscalización para certificar calidad o estado sanitario: $6.827 millones.
Y pese a la extensión de la cuarentena, y la lenta rehabilitación del servicio de turismo, el Ministerio del Área recibió un refuerzo de $1.380 millones “en atención al Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales, establecido en el artículo 20 de la Ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional”.
Y se dispuso también "transferir créditos presupuestarios y fuentes financieras del Programa de Infraestructura Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $166 millones al Programa de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, el cual sumó $960 millones, “para atender insuficiencias en materia salarial, y contemplar una compensación entre las asignaciones corrientes y de capital de varios programas financiados con crédito externo”, precisa la Decisión Administrativa de marras.
La mayor parte de esas redistribuciones de partidas tuvieron como contrapartida la reducción de las Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional por $22.135 millones, probablemente derivado de la postergación de servicios de la deuda interna.
El resultado de todos esos movimientos, junto a recursos adicionales por $919 millones, determinaron un aumento del déficit de la administración central, en caso de que se ejecuten todas las partidas al próximo 31 de diciembre, de $1.741 millones, a un total de $1,43 billones, producto de gastos ampliados a $7,61 billones, de los cuales al 15 de noviembre se llevaban ejecutados el 75,23%; y recursos estimados en $6,18 billones, de los que había ya percibido el 79,14%, según los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.
Se trata de una nueva modificación del Presupuesto, la 21 en lo que va del año, en la cual, tras el acuerdo con los acreedores de reperfilamiento de los vencimientos de la deuda se podría haber tenido un ahorro en la partida a cargo de la Tesorería de unos $22.000 millones. La medida se tomó mientras se trataba en el Congreso la creación de un Impuesto Solidario, para no ampliar el abultado bache de la caja del Estado.
La Decisión Administrativa 2069 publicada en el Boletín Oficial justifica esas redistribuciones y crecimiento neto del gasto público en “que resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar reintegros a los Agentes del Seguro de Salud relacionados con prestaciones para la cobertura de pacientes con covid-19, como para aquellos agentes que sufrieron una merma en su recaudación en el marco de la pandemia generada por el Coronavirus covid-19”, se amplió en $478 millones, y se financia con “la reducción de las asignaciones correspondientes a los préstamos a largo plazo al sector privado”, precisa los considerandos de la norma.
También consideró “menester modificar el Presupuesto vigente de los Servicios Administrativos Financieros 320 – Consejo de la Magistratura y 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación, actuantes en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, con el objeto de afrontar sus necesidades operativas”.
Del anexo con 226 folios surge que “a los fines de brindar asistencia financiera al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de las acciones conjuntas de la provincia con el Estado Nacional en materia de seguridad, así como para afrontar parte del gasto correspondiente a la liquidación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a los docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), el Ministerio de Educación cede créditos presupuestarios al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministro”, implicó un aumento de los créditos en $3.000 millones.
Asimismo, los ministros resolvieron modificar el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación cediendo créditos a la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación para atender sus gastos en personal, elevándolo en $49,5 millones.
También, la modificación presupuestaria incluyó un aumento de la partida para el Servicio Penitenciario Federal, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por $821 millones "con el objeto de afrontar el pago de haberes hasta la finalización del ejercicio vigente; financiar la provisión de alimentos y medicamentos para la población penal, la adquisición de elementos de limpieza e higiene personal e insumos y materiales vinculados a la pandemia global, los servicios de recolección de residuos patológicos y la atención de servicios básicos, de internet; de correo, de seguros de los móviles y de combustible; y en $400 millones para Asistencia Social del Poder Judicial, mientras que por el otro redujo en $621,3 millones la destinada para el “Mejoramiento del Sistema”.
Incluyó un aumento de la partida para el Servicio Penitenciario Federal por $821 millones con el objeto de afrontar el pago de haberes.
Gran parte de la redistribución de partidas se orientó al Ministerio de Seguridad con el fin de atender los subsidios a las diversas asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina; a la Policía Federal Argentina, $934 millones; la Gendarmería Nacional -Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas- $2.600 millones; la Prefectura Naval Argentina $665 millones; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria $255 millones; “todos ellos con el objeto de atender insuficiencias salariales”.
Los ministros consideraron también que “corresponde reforzar los créditos de la Jurisdicción Ministerio de Defensa con el fin de atender los mayores gastos en personal originados en la aplicación de medidas dictadas en el presente ejercicio”, sumó $3.196 millones, incluyendo una partida para la Sastrería Militar, y “afrontar el pago de retiros y pensiones militares”.
Refuerzo para el Ministerio de Agricultura
Una partida incremental no menor recibió Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales, a los efectos de atender las erogaciones correspondientes a los servicios requeridos que se prestan a terceros, relacionados con la fiscalización para certificar calidad o estado sanitario: $6.827 millones.
Y pese a la extensión de la cuarentena, y la lenta rehabilitación del servicio de turismo, el Ministerio del Área recibió un refuerzo de $1.380 millones “en atención al Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales, establecido en el artículo 20 de la Ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional”.
Y se dispuso también "transferir créditos presupuestarios y fuentes financieras del Programa de Infraestructura Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $166 millones al Programa de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, el cual sumó $960 millones, “para atender insuficiencias en materia salarial, y contemplar una compensación entre las asignaciones corrientes y de capital de varios programas financiados con crédito externo”, precisa la Decisión Administrativa de marras.
La mayor parte de esas redistribuciones de partidas tuvieron como contrapartida la reducción de las Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional por $22.135 millones, probablemente derivado de la postergación de servicios de la deuda interna.
El resultado de todos esos movimientos, junto a recursos adicionales por $919 millones, determinaron un aumento del déficit de la administración central, en caso de que se ejecuten todas las partidas al próximo 31 de diciembre, de $1.741 millones, a un total de $1,43 billones, producto de gastos ampliados a $7,61 billones, de los cuales al 15 de noviembre se llevaban ejecutados el 75,23%; y recursos estimados en $6,18 billones, de los que había ya percibido el 79,14%, según los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.
Con información de
Infobae
