La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, aclaró los alcances del proyecto oficial
Aborto legal: "La objeción de conciencia no podrá impedir la práctica"
Miércoles 18 de
Noviembre 2020
De acuerdo con la iniciativa tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto.
Tras el envío al Congreso del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aclaró que la incorporación de la objeción de conciencia individual en el texto "no podrá impedir la práctica".
La iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández contempla la objeción de conciencia en el artículo 10, y determina que el o la profesional de la salud tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberán derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
Por otro lado, indica que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto.
Por último, se aclara que "el incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda".
"La objeción de conciencia será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley, lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos", expresó Ibarra en declaraciones a Radio La Red.
La funcionaria insistió en que el aborto "es un problema de salud pública, en la Argentina los abortos suceden y estamos en el peor de los mundos" dijo la funcionaria, quien advirtió que "acá no se está salvando ninguna vida".
Por otra parte, especificó que la iniciativa "propone un plazo de 14 semanas para una interrupción voluntaria del embarazo", y señaló que la propuesta fue enmarcada en "los tratados de derechos humanos" y que se estuvo "muy atentos a las recomendaciones que hizo recientemente (la organización) Human Rights".
Para Ibarra, "hay que tomar decisiones para que las mujeres que hayan decidido interrumpir el embarazo, puedan hacerlo de forma adecuada y también accedan a los métodos anticonceptivos. Queremos bajar el número de abortos en la Argentina y que las mujeres allí no mueran".
"Sabemos que es posible, estamos atentos, en el 2018 se aprobó en una de las cámaras, y vamos a trabajar, a explicar que esta ley no sólo no es obligatoria, sino que en los países donde está aprobada baja el número de embarazos no deseados y de abortos, y eso es lo que queremos".
Junto con el proyecto de legalización del aborto, el Ejecutivo envió otro al Congreso Nacional para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 Días.
Sobre esta última iniciativa, Ibarra explicó que "contempla brindarle a las personas elementos esenciales, vacunas, leyes, pero también una extensión de las asignaciones sociales, que se extienden de seis a nueve", y precisó que "se trabaja mucho el tema de violencia, el derecho a la identidad", entre otros aspectos.
"Es un proyecto muy robusto, muy interesante, que demuestra que el Estado acompaña las maternidades y los proyectos de maternidades", concluyó Ibarra.
La iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández contempla la objeción de conciencia en el artículo 10, y determina que el o la profesional de la salud tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberán derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
Por otro lado, indica que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posaborto.
Por último, se aclara que "el incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda".
"La objeción de conciencia será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley, lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos", expresó Ibarra en declaraciones a Radio La Red.
La funcionaria insistió en que el aborto "es un problema de salud pública, en la Argentina los abortos suceden y estamos en el peor de los mundos" dijo la funcionaria, quien advirtió que "acá no se está salvando ninguna vida".
Por otra parte, especificó que la iniciativa "propone un plazo de 14 semanas para una interrupción voluntaria del embarazo", y señaló que la propuesta fue enmarcada en "los tratados de derechos humanos" y que se estuvo "muy atentos a las recomendaciones que hizo recientemente (la organización) Human Rights".
Para Ibarra, "hay que tomar decisiones para que las mujeres que hayan decidido interrumpir el embarazo, puedan hacerlo de forma adecuada y también accedan a los métodos anticonceptivos. Queremos bajar el número de abortos en la Argentina y que las mujeres allí no mueran".
"Sabemos que es posible, estamos atentos, en el 2018 se aprobó en una de las cámaras, y vamos a trabajar, a explicar que esta ley no sólo no es obligatoria, sino que en los países donde está aprobada baja el número de embarazos no deseados y de abortos, y eso es lo que queremos".
Junto con el proyecto de legalización del aborto, el Ejecutivo envió otro al Congreso Nacional para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 Días.
Sobre esta última iniciativa, Ibarra explicó que "contempla brindarle a las personas elementos esenciales, vacunas, leyes, pero también una extensión de las asignaciones sociales, que se extienden de seis a nueve", y precisó que "se trabaja mucho el tema de violencia, el derecho a la identidad", entre otros aspectos.
"Es un proyecto muy robusto, muy interesante, que demuestra que el Estado acompaña las maternidades y los proyectos de maternidades", concluyó Ibarra.
Con información de
Página 12
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