Las expectativas de inflación se redujeron al 40% para los próximos 12 meses
Martes 24 de
Noviembre 2020
La inflación esperada por la población para los próximos 12 meses se redujo a 40%, frente al 45% pronosticado hasta octubre, según la Encuesta de Expectativas realizada por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
El pronóstico corresponde a la mediana de respuestas, es decir, el valor que se ubica en la mitad de una lista ordenada de mayor a menor, de modo que queda la misma cantidad de respuestas a un lado que a otro.
Según el promedio de las respuestas, en tanto, las expectativas de inflación bajaron 2,5 puntos porcentuales respecto de la medición de octubre y se ubican en 44,5%, indicó el Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.
En la distribución regional, según la mediana las expectativas de inflación se mantienen en la Capital Federal y bajan tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior del país, precisó un comunicado de la Universidad.
La encuesta mensual, que realiza la consultora Poliarquía y cubre alrededor de 1.200 casos en todo el país, señala que las proyecciones bajan en CABA, al igual que en el conurbano y el interior, de acuerdo con el promedio de respuestas.
A la vez, las expectativas de inflación se mantienen tanto para la población de altos altos y caen para la de ingresos bajos, según la mediana de respuestas.
Por último, si se considera el promedio de los consultados en el sondeo, las expectativas de inflación bajan para ambos estratos de ingresos, concluyó la UTDT.
Dinámica inflacionaria
Hubo dos datos que en la última semana pusieron a Martín Guzmán bajo máxima tensión. Uno vinculado a la dinámica inflacionaria y al impacto sobre el sector económicamente más postergado de la sociedad. El otro, a la dinámica del mercado del dólar.
La suba del 6,6% en el costo de la canasta básica alimentaria encendió las luces rojas en el ministerio de Economía. La aceleración de los precios de los alimentos se analiza con suma preocupación puertas adentro de los despachos. Lo mismo que en la Casa Rosada. En la tarde del viernes, Alberto Fernández mandó a preguntar qué es lo que viene sucediendo con el precio de la comida.
Se sabe: los productos alimenticios vienen liderando la suba de los precios, aun cuando el Gobierno tiene bajo control a los denominados productos industrializados -harina, aceites, arroz, fideos, conservas- bajo el programa de Precios Máximos, que los fabricantes pujan por eliminar y advierten sobre desabastecimiento si la secretaría de Comercio Interior no satisface esas necesidades.
Según los empresarios, existe un atraso que va del 20% al 25% en los precios de venta al público. Están dispuestos a escuchar alternativas para no elevar los precios de un solo golpe, pero lo cierto es que las necesidades del Gobierno van por el sentido contrario a esas expectativas.
Los funcionarios necesitan mantener a flote una de las principales anclas que tiene la economía: la estabilidad de más de 2.000 productos en las góndolas de los supermercados, que se encuentran en el programa de Precios Máximos.
Lo mismo pasa con las tarifas: Alberto Fernández postergó hasta marzo el primer ajuste en las boletas de luz y gas. Ese incremento se había pautado para enero, pero el recalentamiento de la inflación corrió la fecha.
Esta aceleración inflacionaria -temen en el Gobierno- podría quebrar la delicada convivencia con la CGT. Ese vínculo, que se alteró en las últimas semanas tras el anuncio oficial de que se eliminaba el IFE de $10.000, podría volver a tensionarse en las próximas semanas si -como se espera- la inflación de noviembre y diciembre se acerca (o incluso supera el 4% mensual).
Que los alimentos corran por delante de los demás rubros puso en alerta a los sindicatos. En medio de la pandemia, tanto la CGT como la gran mayoría de los gremios antepusieron la paz social frente a cualquier reclamo desmedido, que pusiera más tensión en el escenario.
Pero tanto, los empresarios como el Gobierno reconocen que los próximos meses no serán iguales. En la medida que la inflación crezca por culpa de los alimentos y por los aumentos en las tarifas, los reclamos salariales se van a propagar.
Hasta ahora, el Gobierno falló en cada convocatoria pública al diálogo social. La última vez que se mencionó la cuestión fue a raíz de la carta de Cristina Kirchner, que pidió un acuerdo entre todos los sectores políticos y de líderes sectoriales.
Según el promedio de las respuestas, en tanto, las expectativas de inflación bajaron 2,5 puntos porcentuales respecto de la medición de octubre y se ubican en 44,5%, indicó el Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.
En la distribución regional, según la mediana las expectativas de inflación se mantienen en la Capital Federal y bajan tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior del país, precisó un comunicado de la Universidad.
La encuesta mensual, que realiza la consultora Poliarquía y cubre alrededor de 1.200 casos en todo el país, señala que las proyecciones bajan en CABA, al igual que en el conurbano y el interior, de acuerdo con el promedio de respuestas.
A la vez, las expectativas de inflación se mantienen tanto para la población de altos altos y caen para la de ingresos bajos, según la mediana de respuestas.
Por último, si se considera el promedio de los consultados en el sondeo, las expectativas de inflación bajan para ambos estratos de ingresos, concluyó la UTDT.
Dinámica inflacionaria
Hubo dos datos que en la última semana pusieron a Martín Guzmán bajo máxima tensión. Uno vinculado a la dinámica inflacionaria y al impacto sobre el sector económicamente más postergado de la sociedad. El otro, a la dinámica del mercado del dólar.
La suba del 6,6% en el costo de la canasta básica alimentaria encendió las luces rojas en el ministerio de Economía. La aceleración de los precios de los alimentos se analiza con suma preocupación puertas adentro de los despachos. Lo mismo que en la Casa Rosada. En la tarde del viernes, Alberto Fernández mandó a preguntar qué es lo que viene sucediendo con el precio de la comida.
Se sabe: los productos alimenticios vienen liderando la suba de los precios, aun cuando el Gobierno tiene bajo control a los denominados productos industrializados -harina, aceites, arroz, fideos, conservas- bajo el programa de Precios Máximos, que los fabricantes pujan por eliminar y advierten sobre desabastecimiento si la secretaría de Comercio Interior no satisface esas necesidades.
Según los empresarios, existe un atraso que va del 20% al 25% en los precios de venta al público. Están dispuestos a escuchar alternativas para no elevar los precios de un solo golpe, pero lo cierto es que las necesidades del Gobierno van por el sentido contrario a esas expectativas.
Los funcionarios necesitan mantener a flote una de las principales anclas que tiene la economía: la estabilidad de más de 2.000 productos en las góndolas de los supermercados, que se encuentran en el programa de Precios Máximos.
Lo mismo pasa con las tarifas: Alberto Fernández postergó hasta marzo el primer ajuste en las boletas de luz y gas. Ese incremento se había pautado para enero, pero el recalentamiento de la inflación corrió la fecha.
Esta aceleración inflacionaria -temen en el Gobierno- podría quebrar la delicada convivencia con la CGT. Ese vínculo, que se alteró en las últimas semanas tras el anuncio oficial de que se eliminaba el IFE de $10.000, podría volver a tensionarse en las próximas semanas si -como se espera- la inflación de noviembre y diciembre se acerca (o incluso supera el 4% mensual).
Que los alimentos corran por delante de los demás rubros puso en alerta a los sindicatos. En medio de la pandemia, tanto la CGT como la gran mayoría de los gremios antepusieron la paz social frente a cualquier reclamo desmedido, que pusiera más tensión en el escenario.
Pero tanto, los empresarios como el Gobierno reconocen que los próximos meses no serán iguales. En la medida que la inflación crezca por culpa de los alimentos y por los aumentos en las tarifas, los reclamos salariales se van a propagar.
Hasta ahora, el Gobierno falló en cada convocatoria pública al diálogo social. La última vez que se mencionó la cuestión fue a raíz de la carta de Cristina Kirchner, que pidió un acuerdo entre todos los sectores políticos y de líderes sectoriales.
Con información de
Iprofesional
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