Michelle Bachelet confirmó que el régimen de Nicolás Maduro presionó a los venezolanos para que fueran a votar
Miércoles 09 de
Diciembre 2020
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señaló que el chavismo amenazó con quitarle los planes sociales a la población si no iba a votar el domingo. Argentina se mantiene en silencio.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, aseguró que hubo "presiones e intimidaciones" por parte del régimen de Nicolás Maduro a la población de Venezuela para que fuera a votar el domingo, en unas elecciones que fueron calificadas como "fraudulentas" por 16 países americanos mientras la Argentina se mantiene en silencio.
"Hubo informes de periodistas que fueron intimidados cuando estaban cubriendo las elecciones el domingo por las guardia nacional bolivariana. Por supuesto que también nos preocupó ver ciertos comentarios de que las personas que no iban a votar no iban a tener acceso a programas sociales, de alguna manera presionando a las personas a que fueran a votar", señaló la ex presidenta chilena.
Si bien Bachelet resaltó que las elecciones fueron "pacíficas" y que no hubo problemas de seguridad, instó a la sociedad civil a "jugar su rol en promover un contexto pacifico y que las libertades de las personas puedan ser cumplidas".
En este contexto, el Grupo de Contacto Internacional emitió un comunicado para rechazar las elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura de Maduro, con excepción de la Argentina, que se negó a firmar la declaración a solo cuatro meses de sumarse al organismo.
Las elecciones fueron consideradas "fraudulentas" por la oposición venezolana y desconocidas por 16 países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Uruguay, Chile, más otros de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Además de pedir al régimen por comicios libres y transparentes, el GCI explicó que "no pueden reconocer los resultados de este proceso electoral como legítimos o representativos de la voluntad del pueblo venezolano".
Mientras los funcionarios de Casa Rosada y de Cancillería seguían el martes sin hacer declaraciones sobre las elecciones de Maduro, persiste el rumor de que Argentina busca consensuar una posición común con Andrés Manuel López Obrador, de México, y Luis Arce, de Bolivia, que acaba de reabrir la embajada boliviana en Caracas con la presencia de Evo Morales. Otra posibilidad es que, aprovechando el feriado largo, Alberto Fernández haya decidido no hablar del tema y que pasen los días.
Lo curioso de la posición argentina es que el Gobierno se había adherido al GCI como una vía alternativa para abordar la crisis de Venezuela al disentir por completo con el Grupo de Lima, al que entró por la administración de Mauricio Macri y cuyos miembros rechazaron las elecciones venezolanas.
En estas elecciones participó un 30% del electorado según el oficialismo y el 20% de acuerdo con la oposición. El chavismo se quedó con el control de la Asamblea Nacional. Reconocen los comicios Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Turquía e Irán, entre otros. El Gobierno no se salió del Grupo de Lima pero al asumir, en diciembre pasado, dejó de avalar sus comunicados. Ahora hizo lo mismo con el GCI también.
Ni la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea ni Estados Unidos reconocieron los resultados. Ahora se abre una nueva fase en la que queda por definir el futuro de Juan Guaidó, presidente de la anterior Asamblea y presidente encargado, más allá del 5 de enero, cuando expira su mandato.
"Hubo informes de periodistas que fueron intimidados cuando estaban cubriendo las elecciones el domingo por las guardia nacional bolivariana. Por supuesto que también nos preocupó ver ciertos comentarios de que las personas que no iban a votar no iban a tener acceso a programas sociales, de alguna manera presionando a las personas a que fueran a votar", señaló la ex presidenta chilena.
Si bien Bachelet resaltó que las elecciones fueron "pacíficas" y que no hubo problemas de seguridad, instó a la sociedad civil a "jugar su rol en promover un contexto pacifico y que las libertades de las personas puedan ser cumplidas".
En este contexto, el Grupo de Contacto Internacional emitió un comunicado para rechazar las elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura de Maduro, con excepción de la Argentina, que se negó a firmar la declaración a solo cuatro meses de sumarse al organismo.
Las elecciones fueron consideradas "fraudulentas" por la oposición venezolana y desconocidas por 16 países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Uruguay, Chile, más otros de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Además de pedir al régimen por comicios libres y transparentes, el GCI explicó que "no pueden reconocer los resultados de este proceso electoral como legítimos o representativos de la voluntad del pueblo venezolano".
Mientras los funcionarios de Casa Rosada y de Cancillería seguían el martes sin hacer declaraciones sobre las elecciones de Maduro, persiste el rumor de que Argentina busca consensuar una posición común con Andrés Manuel López Obrador, de México, y Luis Arce, de Bolivia, que acaba de reabrir la embajada boliviana en Caracas con la presencia de Evo Morales. Otra posibilidad es que, aprovechando el feriado largo, Alberto Fernández haya decidido no hablar del tema y que pasen los días.
Lo curioso de la posición argentina es que el Gobierno se había adherido al GCI como una vía alternativa para abordar la crisis de Venezuela al disentir por completo con el Grupo de Lima, al que entró por la administración de Mauricio Macri y cuyos miembros rechazaron las elecciones venezolanas.
En estas elecciones participó un 30% del electorado según el oficialismo y el 20% de acuerdo con la oposición. El chavismo se quedó con el control de la Asamblea Nacional. Reconocen los comicios Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Turquía e Irán, entre otros. El Gobierno no se salió del Grupo de Lima pero al asumir, en diciembre pasado, dejó de avalar sus comunicados. Ahora hizo lo mismo con el GCI también.
Ni la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea ni Estados Unidos reconocieron los resultados. Ahora se abre una nueva fase en la que queda por definir el futuro de Juan Guaidó, presidente de la anterior Asamblea y presidente encargado, más allá del 5 de enero, cuando expira su mandato.
Con información de
Clarín
