Por el congelamiento de las tarifas, el Gobierno duplicó este año el gasto en subsidios
Por:
Mariano Boettner
Lunes 28 de
Diciembre 2020
El congelamiento de tarifas que sostuvo a lo largo del año el Gobierno nacional lo obligó a duplicar en 2020 los fondos destinados a cubrir parte del costo de las tarifas para los usuarios, en comparación con el año anterior.
La velocidad a la que el Poder Ejecutivo pueda iniciar un proceso de recomposición de precios de los servicios públicos será clave para determinar cuánto podrá Martín Guzmán reducir el déficit fiscal en 2021.
De acuerdo a datos fiscales oficiales hasta noviembre, en los primeros once meses del año el Gobierno gastó en subsidios económicos unos $615.000 millones, es decir un 101% más en términos nominales en relación a los $305.000 millones que el Estado había desembolsado a esa altura del año anterior. En términos reales implicó un aumento del peso en el Producto Bruto de 1,6% a 2,6%, según estimó la consultora Ecolatina.
En esa partida presupuestaria se encuentran las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo no solo a la energía eléctrica sino también al costo del transporte público, que también se mantuvo fijo durante 2020 por decisión del presidente Alberto Fernández como una de las medidas destinadas a evitar un impacto mayor en el bolsillo en medio de la crisis sanitaria.
El Gobierno gastó en subsidios económicos unos $615.000 millones, es decir un 101% más en términos nominales en relación a los $305.000 millones que había desembolsado el año anterior.
El congelamiento de tarifas implica que el Estado pasa a hacerse cargo de una porción mayor del costo de la energía. Si el precio que pagan los usuarios no cambia, los aumentos en el valor de producción y distribución del gas o la luz -por ejemplo, por una devaluación- deben ser cubiertos con subsidios, que se canalizan por distintas vías.
En el caso de la energía eléctrica, la mayor parte de los subsidios son dirigidos a Cammesa, la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones.
Para el gas no existe un Cammesa que actúe de intermediario entre productoras y distribuidoras y, por ende, que pueda ser objeto de subsidios oficiales. Según un informe de la consultora Econométrica, el volumen de las deudas que las nueve distribuidoras de gas mantienen con productores asciende a $57.436 millones.
En enero, por ejemplo, el Estado precisó $18.400 millones para subvenciones a la energía. Hacia septiembre ya se había cuadruplicado y el insumieron al Tesoro $74.000 millones.
El ritmo al que el Poder Ejecutivo necesitó cubrir los costos extra que generó el congelamiento de tarifas fue en aumento a lo largo del año. En enero, por ejemplo, precisó $18.400 millones para subvenciones a la energía. Hacia septiembre ya se había cuadruplicado y el insumieron al Tesoro $74.000 millones.
Según Ecolatina, en términos generales los precios treparon en torno al 3% promedio mensual desde el primer semestre de 2019 (cuando comenzó el congelamiento de tarifas durante el Gobierno de Mauricio Macri), por lo que acumularon una suba del 80%. “En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%”, estimaron.
Congelamiento: problemas en las empresas
El esquema de tarifas congelados supone no solo un obstáculo fiscal para el Gobierno sino problemas para las empresas del sector. De acuerdo a un informe de Ieral, la facturación de las compañías distribuidoras de gas y de energía eléctrica cayó en términos nominales en el tercer trimestre, según información presentada a sus inversores.
“En el caso de la distribución de gas, la facturación del tercer trimestre del año retrocedió 1,2% interanual (un movimiento inédito para la serie desde 2014), dato que compara con el incremento de 100,6% interanual observado durante idéntico periodo de 2019″, explicó Ieral. Al mismo tiempo, hubo un retroceso en los costos de venta de 26%.
De todas formas,” la rentabilidad neta, medida en términos de la facturación, pasó a terreno positivo a partir de 2016, hizo un pico de 17,6% en 2017, para luego perder terreno hasta 5,1% de la facturación este año”, concluyó Ieral.
Para el caso de la distribuidoras de luz, “la facturación cayó 6,9% interanual en el tercer trimestre; luego de crecer 98,6% en idéntico trimestre de 2019. En este caso también, los costos de venta cayeron más profundamente en el tercer trimestre: 96,3%”, reportó.
En el caso de la distribución de gas, la facturación del tercer trimestre del año retrocedió 1,2% interanual contra el aumento de 100% en 2019.
“A pesar de la baja en la incidencia de costos, los márgenes en términos de la facturación se han prácticamente extinguido. En efecto, luego de haber logrado una mejora sustancial a partir de 2016 mediante una recomposición tarifaria, ahora tienden a cero”, concluyó Ieral.
La acumulación de deudas de las empresas distribuidoras puede suponer un problema a futuro, según Econométrica. “En ambos casos (Edesur y Metrogas) enfrentan una delicada situación económico-financiera y queda claro que cada mes que permanece el congelamiento tarifario aumentan las deudas, aumentan las pérdidas y se reduce la capacidad de atender las inversiones necesarias a fin de mantener el servicio. En síntesis, el sistema se encamina a la cesación de pagos”, explicaron.
Parte de la solución para los balances de las empresas podría llegar en el Presupuesto 2021. “Los Artículos 87 y 88 del Presupuesto recientemente aprobado implican la posible condonación de gran parte de las deudas que las distribuidoras mantienen con Cammesa y que parte de las deudas que Cammesa mantiene con generadores sean asumidas por el Tesoro Nacional”, publicaron los economistas expertos en energía Julián Rojo y Alejandro Einstoss.
Las tarifas en 2021: la puja política y la necesidad fiscal
El Gobierno afrontará el año de elecciones legislativas con una cuenta de subsidios a los servicios público cada vez mayor, que terminarán por acumular un atraso de 80%, según estimaciones privadas. El timming para recomponer tarifas -lo que implicaría un impacto a la economía de los hogares y además un recalentamiento de la inflación- quedará en el medio de la puja entre las dos necesidades: la fiscal y la política.
Más allá de eso, el Gobierno dio el primer paso administrativo para iniciar el descongelamiento. A través del Decreto 1020/2020, publicado hace diez días en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.
Los dos entes estarán al frente del proceso, y tendrán para eso un plazo que no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.
Días antes, el secretario de Energía Darío Martínez había asegurado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera”, explicó.
El aumento de tarifas de servicios públicos debería ubicarse en torno al 40% para estabilizar el gasto en subsidios en relación al PBI, según Ecolatina.
“El presidente Alberto Fernández nos pidió trabajar por una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Pero sobre todo nos pidió hacer del servicio público de gas por redes, no un bien de lujo como se convirtió con (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren, sino un derecho social, un servicio público esencial que además guarda estrecha relación con el derecho a una vivienda digna, tal y como consagra la Constitución Nacional. Este es el norte de lo que habrá de suceder de ahora en más”, había asegurado ante Infobae el interventor de Enargas, Federico Bernal.
Ahora bien, si el objetivo de máxima del Gobierno fuera mantener en términos reales el gasto en subsidios, ¿cuánto deberían aumentar las tarifas en 2021? Según un ejercicio realizado por Ecolatina, “la dificultad radica en encontrar un monto (de aumento) que no agregue presiones adicionales sobre la inflación, pero que frene el avance de los subsidios económicos. El aumento debería ubicarse en torno al 40% para estabilizar el gasto en subsidios en relación al PBI, una magnitud nada despreciable”, calculó.
“De todos modos, el gobierno parece demorar las decisiones para evaluar cómo inicia en 2021 la dinámica inflacionaria y, fundamentalmente, la velocidad de recuperación de la actividad. Esto también determinará el espacio que tendrán los ingresos laborales para solventar la suba de las tarifas y la capacidad que tenga el gobierno de focalizar los aumentos manteniendo la tarifa social para los sectores más postergados”, concluyó Ecolatina.
Por último, para Econométrica, “la idea de conservar el peso de los subsidios en términos de PBI implica aumentos de tarifas de al menos un 60% gas natural y del 40% en promedio en la energía eléctrica que, como informa el gobierno se aplicarían de manera segmentada y según capacidad de pago, por lo tanto, los aumentos pegarán fuerte en sectores medios, algo difícil en un año electoral”.
De acuerdo a datos fiscales oficiales hasta noviembre, en los primeros once meses del año el Gobierno gastó en subsidios económicos unos $615.000 millones, es decir un 101% más en términos nominales en relación a los $305.000 millones que el Estado había desembolsado a esa altura del año anterior. En términos reales implicó un aumento del peso en el Producto Bruto de 1,6% a 2,6%, según estimó la consultora Ecolatina.
En esa partida presupuestaria se encuentran las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo no solo a la energía eléctrica sino también al costo del transporte público, que también se mantuvo fijo durante 2020 por decisión del presidente Alberto Fernández como una de las medidas destinadas a evitar un impacto mayor en el bolsillo en medio de la crisis sanitaria.
El Gobierno gastó en subsidios económicos unos $615.000 millones, es decir un 101% más en términos nominales en relación a los $305.000 millones que había desembolsado el año anterior.
El congelamiento de tarifas implica que el Estado pasa a hacerse cargo de una porción mayor del costo de la energía. Si el precio que pagan los usuarios no cambia, los aumentos en el valor de producción y distribución del gas o la luz -por ejemplo, por una devaluación- deben ser cubiertos con subsidios, que se canalizan por distintas vías.
En el caso de la energía eléctrica, la mayor parte de los subsidios son dirigidos a Cammesa, la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones.
Para el gas no existe un Cammesa que actúe de intermediario entre productoras y distribuidoras y, por ende, que pueda ser objeto de subsidios oficiales. Según un informe de la consultora Econométrica, el volumen de las deudas que las nueve distribuidoras de gas mantienen con productores asciende a $57.436 millones.
En enero, por ejemplo, el Estado precisó $18.400 millones para subvenciones a la energía. Hacia septiembre ya se había cuadruplicado y el insumieron al Tesoro $74.000 millones.
El ritmo al que el Poder Ejecutivo necesitó cubrir los costos extra que generó el congelamiento de tarifas fue en aumento a lo largo del año. En enero, por ejemplo, precisó $18.400 millones para subvenciones a la energía. Hacia septiembre ya se había cuadruplicado y el insumieron al Tesoro $74.000 millones.
Según Ecolatina, en términos generales los precios treparon en torno al 3% promedio mensual desde el primer semestre de 2019 (cuando comenzó el congelamiento de tarifas durante el Gobierno de Mauricio Macri), por lo que acumularon una suba del 80%. “En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%”, estimaron.
Congelamiento: problemas en las empresas
El esquema de tarifas congelados supone no solo un obstáculo fiscal para el Gobierno sino problemas para las empresas del sector. De acuerdo a un informe de Ieral, la facturación de las compañías distribuidoras de gas y de energía eléctrica cayó en términos nominales en el tercer trimestre, según información presentada a sus inversores.
“En el caso de la distribución de gas, la facturación del tercer trimestre del año retrocedió 1,2% interanual (un movimiento inédito para la serie desde 2014), dato que compara con el incremento de 100,6% interanual observado durante idéntico periodo de 2019″, explicó Ieral. Al mismo tiempo, hubo un retroceso en los costos de venta de 26%.
De todas formas,” la rentabilidad neta, medida en términos de la facturación, pasó a terreno positivo a partir de 2016, hizo un pico de 17,6% en 2017, para luego perder terreno hasta 5,1% de la facturación este año”, concluyó Ieral.
Para el caso de la distribuidoras de luz, “la facturación cayó 6,9% interanual en el tercer trimestre; luego de crecer 98,6% en idéntico trimestre de 2019. En este caso también, los costos de venta cayeron más profundamente en el tercer trimestre: 96,3%”, reportó.
En el caso de la distribución de gas, la facturación del tercer trimestre del año retrocedió 1,2% interanual contra el aumento de 100% en 2019.
“A pesar de la baja en la incidencia de costos, los márgenes en términos de la facturación se han prácticamente extinguido. En efecto, luego de haber logrado una mejora sustancial a partir de 2016 mediante una recomposición tarifaria, ahora tienden a cero”, concluyó Ieral.
La acumulación de deudas de las empresas distribuidoras puede suponer un problema a futuro, según Econométrica. “En ambos casos (Edesur y Metrogas) enfrentan una delicada situación económico-financiera y queda claro que cada mes que permanece el congelamiento tarifario aumentan las deudas, aumentan las pérdidas y se reduce la capacidad de atender las inversiones necesarias a fin de mantener el servicio. En síntesis, el sistema se encamina a la cesación de pagos”, explicaron.
Parte de la solución para los balances de las empresas podría llegar en el Presupuesto 2021. “Los Artículos 87 y 88 del Presupuesto recientemente aprobado implican la posible condonación de gran parte de las deudas que las distribuidoras mantienen con Cammesa y que parte de las deudas que Cammesa mantiene con generadores sean asumidas por el Tesoro Nacional”, publicaron los economistas expertos en energía Julián Rojo y Alejandro Einstoss.
Las tarifas en 2021: la puja política y la necesidad fiscal
El Gobierno afrontará el año de elecciones legislativas con una cuenta de subsidios a los servicios público cada vez mayor, que terminarán por acumular un atraso de 80%, según estimaciones privadas. El timming para recomponer tarifas -lo que implicaría un impacto a la economía de los hogares y además un recalentamiento de la inflación- quedará en el medio de la puja entre las dos necesidades: la fiscal y la política.
Más allá de eso, el Gobierno dio el primer paso administrativo para iniciar el descongelamiento. A través del Decreto 1020/2020, publicado hace diez días en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.
Los dos entes estarán al frente del proceso, y tendrán para eso un plazo que no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.
Días antes, el secretario de Energía Darío Martínez había asegurado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera”, explicó.
El aumento de tarifas de servicios públicos debería ubicarse en torno al 40% para estabilizar el gasto en subsidios en relación al PBI, según Ecolatina.
“El presidente Alberto Fernández nos pidió trabajar por una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Pero sobre todo nos pidió hacer del servicio público de gas por redes, no un bien de lujo como se convirtió con (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren, sino un derecho social, un servicio público esencial que además guarda estrecha relación con el derecho a una vivienda digna, tal y como consagra la Constitución Nacional. Este es el norte de lo que habrá de suceder de ahora en más”, había asegurado ante Infobae el interventor de Enargas, Federico Bernal.
Ahora bien, si el objetivo de máxima del Gobierno fuera mantener en términos reales el gasto en subsidios, ¿cuánto deberían aumentar las tarifas en 2021? Según un ejercicio realizado por Ecolatina, “la dificultad radica en encontrar un monto (de aumento) que no agregue presiones adicionales sobre la inflación, pero que frene el avance de los subsidios económicos. El aumento debería ubicarse en torno al 40% para estabilizar el gasto en subsidios en relación al PBI, una magnitud nada despreciable”, calculó.
“De todos modos, el gobierno parece demorar las decisiones para evaluar cómo inicia en 2021 la dinámica inflacionaria y, fundamentalmente, la velocidad de recuperación de la actividad. Esto también determinará el espacio que tendrán los ingresos laborales para solventar la suba de las tarifas y la capacidad que tenga el gobierno de focalizar los aumentos manteniendo la tarifa social para los sectores más postergados”, concluyó Ecolatina.
Por último, para Econométrica, “la idea de conservar el peso de los subsidios en términos de PBI implica aumentos de tarifas de al menos un 60% gas natural y del 40% en promedio en la energía eléctrica que, como informa el gobierno se aplicarían de manera segmentada y según capacidad de pago, por lo tanto, los aumentos pegarán fuerte en sectores medios, algo difícil en un año electoral”.
Con información de
Infobae
