Arranca el período de sesiones extraordinarias: cuáles son los temas en agenda
Lunes 04 de
Enero 2021
Desde la reforma judicial hasta la ley de sostenibilidad de la deuda, pasando por los proyectos de etiquetado de alimentos y financiamiento de la ciencia y tecnología, el Congreso tiene numerosos temas pendientes para abordar durante el verano. La actividad se retomaría a fines de enero.
El Congreso ingresó este lunes en el período extraordinario de sesiones con numerosos temas en agenda, entre los que se encuentran la reforma judicial, las modificaciones en el Ministerio Público y una ley para fortalecer el rol del Congreso en la negociación de la deuda externa. La actividad podría retomarse a fines de enero, virtualidad mediante, para empezar a abordar el extenso temario elaborado por el presidente Alberto Fernández.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del período ordinario hasta el 3 de enero y la apertura de extraordinarias a partir del 4, a través del decreto 964/20, donde se enumeraron nada menos que 25 temas. Luego, a través de otro decreto -el 967/20- el presidente amplió el temario original con otros dos proyectos.
Durante la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó siete leyes de ese temario: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante 2021.
Sin embargo, quedaron varios temas pendientes -algunos, de especial interés para el Gobierno- y es por eso que el Congreso no tardará en volver a la actividad antes del próximo 1ro. de marzo, en medio de la incertidumbre por el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en el país.
La agenda económica
El año saliente tuvo como una de las prioridades económicas del Gobierno la negociación de la deuda externa y, mientras el ministro Martín Guzmán trabaja para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, espera que el Congreso sancione una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario y busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el FMI, algo que no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.
El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.
Otro tema de particular interés para el Gobierno nacional y las provincias es el Consenso Fiscal 2021, firmado hace exactamente un mes por el presidente y 21 de los 24 gobernadores, en medio de una tensión creciente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación que recibe la Ciudad.
Justamente, uno de los ítems del Consenso Fiscal es que la reasignación de recursos por la transferencia de competencias -como el caso de la Policía de la Nación a la Ciudad- se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal. Además, las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas.
El nuevo Consenso Fiscal también prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la reducción progresiva de impuestos que se había dispuesto en el primer acuerdo, firmado en 2017 durante la gestión de Macri y suspendido días después de la asunción de Fernández.
La agenda judicial
El otro gran tema que se viene es el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial, formalmente llamada “ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la CABA”. El texto fue aprobado el 28 de agosto en el Senado y, entre otras cosas, crea un nuevo fuero Penal Federal, a través de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48. También se acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.
En la convocatoria a extraordinarias también hay acuerdos para designar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque no se especifica cuáles.
Otros temas
El temario elaborado por el Ejecutivo incluye la ley de etiquetado frontal de alimentos, que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El texto, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 30 de octubre, fue evaluado con especialistas en cuatro comisiones – Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- y solo falta la firma del dictamen para poder votarlo en el recinto, aunque no se descarta que la redacción reciba cambios.
También quedó para extraordinarias una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión ordinaria de Diputados, pero dado que se extendió durante largas horas, hubo acuerdo para posponer su tratamiento.
A su vez, está pendiente el tratamiento de un marco legal para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de productos fitosanitarios y agroquímicos utilizados en cultivos; y de un proyecto que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
La lista continúa con un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de las causales de caducidad de los partidos políticos de todo el país, a raíz de las dificultades para el cumplimiento de la ley por la pandemia del coronavirus.
Otros proyectos buscan otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; modificar diversos artículos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; y suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En la ampliación del temario original, el presidente incluyó además un “régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, y una ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados.
Por último, se tratarán acuerdos para designar Personal del Servicio Exterior de la Nación y promover al Personal Superior de las Fuerzas Armadas.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del período ordinario hasta el 3 de enero y la apertura de extraordinarias a partir del 4, a través del decreto 964/20, donde se enumeraron nada menos que 25 temas. Luego, a través de otro decreto -el 967/20- el presidente amplió el temario original con otros dos proyectos.
Durante la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó siete leyes de ese temario: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante 2021.
Sin embargo, quedaron varios temas pendientes -algunos, de especial interés para el Gobierno- y es por eso que el Congreso no tardará en volver a la actividad antes del próximo 1ro. de marzo, en medio de la incertidumbre por el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en el país.
La agenda económica
El año saliente tuvo como una de las prioridades económicas del Gobierno la negociación de la deuda externa y, mientras el ministro Martín Guzmán trabaja para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, espera que el Congreso sancione una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario y busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el FMI, algo que no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.
El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.
Otro tema de particular interés para el Gobierno nacional y las provincias es el Consenso Fiscal 2021, firmado hace exactamente un mes por el presidente y 21 de los 24 gobernadores, en medio de una tensión creciente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación que recibe la Ciudad.
Justamente, uno de los ítems del Consenso Fiscal es que la reasignación de recursos por la transferencia de competencias -como el caso de la Policía de la Nación a la Ciudad- se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal. Además, las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas.
El nuevo Consenso Fiscal también prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la reducción progresiva de impuestos que se había dispuesto en el primer acuerdo, firmado en 2017 durante la gestión de Macri y suspendido días después de la asunción de Fernández.
La agenda judicial
El otro gran tema que se viene es el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial, formalmente llamada “ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la CABA”. El texto fue aprobado el 28 de agosto en el Senado y, entre otras cosas, crea un nuevo fuero Penal Federal, a través de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48. También se acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.
En la convocatoria a extraordinarias también hay acuerdos para designar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque no se especifica cuáles.
Otros temas
El temario elaborado por el Ejecutivo incluye la ley de etiquetado frontal de alimentos, que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El texto, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 30 de octubre, fue evaluado con especialistas en cuatro comisiones – Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- y solo falta la firma del dictamen para poder votarlo en el recinto, aunque no se descarta que la redacción reciba cambios.
También quedó para extraordinarias una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión ordinaria de Diputados, pero dado que se extendió durante largas horas, hubo acuerdo para posponer su tratamiento.
A su vez, está pendiente el tratamiento de un marco legal para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de productos fitosanitarios y agroquímicos utilizados en cultivos; y de un proyecto que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
La lista continúa con un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de las causales de caducidad de los partidos políticos de todo el país, a raíz de las dificultades para el cumplimiento de la ley por la pandemia del coronavirus.
Otros proyectos buscan otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; modificar diversos artículos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; y suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En la ampliación del temario original, el presidente incluyó además un “régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, y una ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados.
Por último, se tratarán acuerdos para designar Personal del Servicio Exterior de la Nación y promover al Personal Superior de las Fuerzas Armadas.
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