Alberto Fernández no descarta que se trate en sesiones extraordinarias la designación de Daniel Rafecas como Procurador
Por:
Román Lejtman
Viernes 15 de
Enero 2021
Alberto Fernández no descarta que se trate la designación de Daniel Rafecas como Procurador General durante las sesiones extraordinarias del Senado.
El Presidente y Rafecas son amigos personales, comparten la enseñanza en la facultad de Derecho de Buenos Aires, y sufren la misma adversidad política: Cristina Fernández de Kirchner, la bancada oficialista y el bloque de Juntos por el Cambio no han encontrado un eje de negociación común que permita aprobar ese propuesta oficial que la Casa Rosada envió el 11 de marzo de 2020 a la Cámara Alta.
Junto a la aprobación del pliego de Rafecas, Alberto Fernández pretende que los proyectos de Reforma Judicial y de la Procuración General sean sancionados en Diputados antes que concluya febrero. Estas iniciativas fueron empujadas por CFK y la bancada oficialista del Senado, que habitualmente tienen una agenda política que no coincide con la perspectiva institucional de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Losardo es una ministra valorada por el Presidente y muchas veces debe litigar con senadores oficialistas como Oscar Parrilli, Juan Pais y Claudio Doñate que protagonizan una hoja de ruta parlamentaria diseñada en el Instituto Patria. Así ocurrió con la Reforma Judicial enviada por Balcarce 50-que fue desfigurada en el Senado- y con las modificaciones a la ley de la Procuración que responde a la propia agenda política de Cristina.
Balcarce 50 nunca aprobó que se estableciera una enmienda para investigar a los medios en el Consejo de la Magistratura -una idea que intentó incluir Parrilli en la Reforma Judicial- y menos todavía cambiar las reglas de juego para designar al Procurador General.
Rafecas desea llegar a la Procuración con un amplio consenso de la oposición -al margen de la mayoría especial que debe tener en el Senado- y aún duda en aceptar un cargo clave en la administración de justicia sólo con los votos del kirchnerismo duro y sus eventuales aliados políticos que habitualmente responden a la máxima latina quid pro quo.
La maniobra de CFK y el kirchnerismo parlamentario es fácil de entrever. Apuntan a sancionar la ley de la Procuración en Diputados (que reduce la cantidad de votos necesarios para designar al Procurador), eyectar a Rafecas pese al respaldo de Alberto Fernández, y colocar en ese resorte de poder a un candidato propio que oiga al Presidente y escuche a la Vicepresidente.
Alberto Fernández conoce la estrategia del kirchnerismo duro y la posición institucional de Juntos por el Cambio. Aún no inició conversaciones políticas, pero asume que son indispensables para coronar sus intenciones en las sesiones extraordinarias.
Sin acuerdo con la oposición, el Presidente no tiene agenda parlamentaria vinculada al Poder Judicial. Juntos por el Cambio controla los votos necesarios en la Cámara Alta y en Diputados para aprobar el pliego de Rafecas, la Reforma Judicial y las modificaciones a la Ley de la Procuración.
Rafecas es leal a Alberto Fernández, y aún preserva su compromiso personal con el jefe de Estado. Sin embargo, el actual juez federal ya adelantó en Gobierno que sólo aceptará la Procuración General con un fuerte respaldo común del oficialismo y la oposición.
Se trata de un compromiso político que Alberto Fernández todavía no puede cumplir. Juntos por el Cambio no funciona en bloque respecto a Rafecas, ya que coexisten distintas miradas en el PRO y la UCR. Mauricio Macri cree que hay que apoyar la propuesta presidencial, mientras que Alfredo Cornejo opina lo contrario.
Y estas diferencias internas en líderes importantes de la oposición, que el oficialismo no pudo enmendar durante 2020, opacan las expectativas del jefe de Estado. Alberto Fernández necesita lograr la adhesión de CFK y cerrar un acuerdo parlamentario con Juntos por el Cambio. Una faena política con final incierto.
Junto a la aprobación del pliego de Rafecas, Alberto Fernández pretende que los proyectos de Reforma Judicial y de la Procuración General sean sancionados en Diputados antes que concluya febrero. Estas iniciativas fueron empujadas por CFK y la bancada oficialista del Senado, que habitualmente tienen una agenda política que no coincide con la perspectiva institucional de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Losardo es una ministra valorada por el Presidente y muchas veces debe litigar con senadores oficialistas como Oscar Parrilli, Juan Pais y Claudio Doñate que protagonizan una hoja de ruta parlamentaria diseñada en el Instituto Patria. Así ocurrió con la Reforma Judicial enviada por Balcarce 50-que fue desfigurada en el Senado- y con las modificaciones a la ley de la Procuración que responde a la propia agenda política de Cristina.
Balcarce 50 nunca aprobó que se estableciera una enmienda para investigar a los medios en el Consejo de la Magistratura -una idea que intentó incluir Parrilli en la Reforma Judicial- y menos todavía cambiar las reglas de juego para designar al Procurador General.
Rafecas desea llegar a la Procuración con un amplio consenso de la oposición -al margen de la mayoría especial que debe tener en el Senado- y aún duda en aceptar un cargo clave en la administración de justicia sólo con los votos del kirchnerismo duro y sus eventuales aliados políticos que habitualmente responden a la máxima latina quid pro quo.
La maniobra de CFK y el kirchnerismo parlamentario es fácil de entrever. Apuntan a sancionar la ley de la Procuración en Diputados (que reduce la cantidad de votos necesarios para designar al Procurador), eyectar a Rafecas pese al respaldo de Alberto Fernández, y colocar en ese resorte de poder a un candidato propio que oiga al Presidente y escuche a la Vicepresidente.
Alberto Fernández conoce la estrategia del kirchnerismo duro y la posición institucional de Juntos por el Cambio. Aún no inició conversaciones políticas, pero asume que son indispensables para coronar sus intenciones en las sesiones extraordinarias.
Sin acuerdo con la oposición, el Presidente no tiene agenda parlamentaria vinculada al Poder Judicial. Juntos por el Cambio controla los votos necesarios en la Cámara Alta y en Diputados para aprobar el pliego de Rafecas, la Reforma Judicial y las modificaciones a la Ley de la Procuración.
Rafecas es leal a Alberto Fernández, y aún preserva su compromiso personal con el jefe de Estado. Sin embargo, el actual juez federal ya adelantó en Gobierno que sólo aceptará la Procuración General con un fuerte respaldo común del oficialismo y la oposición.
Se trata de un compromiso político que Alberto Fernández todavía no puede cumplir. Juntos por el Cambio no funciona en bloque respecto a Rafecas, ya que coexisten distintas miradas en el PRO y la UCR. Mauricio Macri cree que hay que apoyar la propuesta presidencial, mientras que Alfredo Cornejo opina lo contrario.
Y estas diferencias internas en líderes importantes de la oposición, que el oficialismo no pudo enmendar durante 2020, opacan las expectativas del jefe de Estado. Alberto Fernández necesita lograr la adhesión de CFK y cerrar un acuerdo parlamentario con Juntos por el Cambio. Una faena política con final incierto.
Con información de
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