La falta de acuerdo político entre el Gobierno y Juntos por el Cambio pone en riesgo la postergación de las PASO
Martes 16 de
Febrero 2021
Por iniciativa de los gobernadores del interior, el Frente de Todos impulsa el debate para modificar el cronograma electoral de 2021 y así suspender o bien postergar la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Sin embargo, cualquier modificación tendrá pocas chances frente a un doble freno judicial y político.
En lo judicial, la Cámara Nacional Electoral recibió los planteos de los 24 jueces a cargo de supervisar los comicios en todo el país. Allí se explicitó el pedido de que el Gobierno destine gastos extraordinarios para la adquisición de materiales de seguridad, readecuación de escuelas y aumento de autoridades de mesa, entre otros recursos. El planteo de fondo es que el personal electoral sea prioritario en la campaña de vacunación. La jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, fue la más tajante: no enviará al personal de su juzgado al armado de las urnas porteñas a menos que estén vacunados, anticipó días atrás Infobae.
Los reclamos de la Justicia Electoral hacia el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, comprenden un desafío logístico. Si bien se espera que en los próximos meses se incrementen las entregas, las vacunas contra el coronavirus están desembarcando en modestas cargas. Mientras tanto, aún no están inmunizados los grupos de la población más expuestos a enfermarse o de contraer una sintomatología grave.
Quienes ya están incluidos en la campaña nacional de vacunación y que formarán parte del operativo electoral es el personal de las fuerzas de seguridad y militares. Hasta el momento, no hay precisiones del Ministerio de Salud de la Nación sobre cuándo serán inmunizados las autoridades de mesa, fiscales partidarios y delegados de los centros de vacunación. La Justicia Electoral aspira a que todas las personas afectadas a los comicios reciban sus dosis contra el coronavirus una vez que arranquen los preparativos de las urnas. En marzo comienza el trabajo abocado a esa tarea.
El presidente Alberto Fernández está dispuesto a habilitar el debate sobre las PASO. Para eso, tienen que estar los votos. La mayoría de los gobernadores del peronismo y los mandatarios de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), plantearon en una primera instancia la suspensión de los comicios por única vez. Los argumentos son económicos y sanitarias. En la misma línea, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, también se pronunció con un guiño hacia la postura federal: “Entre gastar en boletas o vacunas, prefiero gastar en vacunas”.
Al sector del Frente de Todos alineado con Cristina Kirchner y La Cámpora nunca terminó de convencer esa opción. En las últimas elecciones, el kirchnerismo presentó precandidatos propios frente a otros sectores del peronismo, lo que le permitió avanzar en poder territorial. Incluso, las PASO suelen convertirse en un incentivo para cerrar acuerdos intrapartidarios y evitar así una confrontación abierta. Por eso, con el correr de las semanas fue creciendo un mayor consenso en el oficialismo para que sean aplazadas a una fecha cercana a septiembre. Ayer explicitó esa idea el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los mandatarios que había sido entusiasta con la suspensión de las primarias. “Tiene que haber consenso opositor”, aclaró.
La propuesta de postergar las PASO había sido presentada el 14 de diciembre del año pasado por el espacio político del senador radical Martín Lousteau, y firmada por los diputados Carla Carrizo, Dolores Martínez y Emiliano Yacobitti. Como en otras leyes, utilizar un proyecto de la oposición le otorga una patina de transversalidad a la tentativa oficial. La mayoría de los legisladores que integran los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) acatarán lo definido por las cúpulas partidarias, que anticiparon su negativa. En caso de ocurrir una votación, podrían dividirse con algunos pronunciamientos minoritarios. Lousteau adelantó que estará en contra de la iniciativa impulsada por los suyos: “No se cambian las reglas en años electorales”, aseguró en una visita a Mar del Plata.
Según pudo saber Infobae de fuentes parlamentarias, apenas hubo algunos intercambios en los bloques del Frente de Todos. Por el momento no hay fecha para avanzar en un tratamiento, ni una decisión orgánica tomada de conjunto. En el Senado, la agenda de esta semana pasará por el tratamiento del nuevo Consenso Fiscal -que permitirá a las provincias subir impuestos locales-, mientras que la siguiente se abordará la elevación del piso mínimo para el pago del Impuesto a las Ganancias a los sueldos brutos de $150.000.
Una eventual modificación electoral requiere de una mayoría simple de 129 diputados y 37 senadores. Aún no se consigue. Las fuerzas que representan el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, son claves ya que representan el 40% del electorado. Y aún cuando prospere una votación favorable en las Cámaras, las 24 legislaturas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que discutir si someten las elecciones provinciales al cronograma electoral nacional. Un esfuerzo de coordinación con intención sanitaria que podría ser obstaculizado en la micropolítica del poder federal.
En lo judicial, la Cámara Nacional Electoral recibió los planteos de los 24 jueces a cargo de supervisar los comicios en todo el país. Allí se explicitó el pedido de que el Gobierno destine gastos extraordinarios para la adquisición de materiales de seguridad, readecuación de escuelas y aumento de autoridades de mesa, entre otros recursos. El planteo de fondo es que el personal electoral sea prioritario en la campaña de vacunación. La jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, fue la más tajante: no enviará al personal de su juzgado al armado de las urnas porteñas a menos que estén vacunados, anticipó días atrás Infobae.
Los reclamos de la Justicia Electoral hacia el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, comprenden un desafío logístico. Si bien se espera que en los próximos meses se incrementen las entregas, las vacunas contra el coronavirus están desembarcando en modestas cargas. Mientras tanto, aún no están inmunizados los grupos de la población más expuestos a enfermarse o de contraer una sintomatología grave.
Quienes ya están incluidos en la campaña nacional de vacunación y que formarán parte del operativo electoral es el personal de las fuerzas de seguridad y militares. Hasta el momento, no hay precisiones del Ministerio de Salud de la Nación sobre cuándo serán inmunizados las autoridades de mesa, fiscales partidarios y delegados de los centros de vacunación. La Justicia Electoral aspira a que todas las personas afectadas a los comicios reciban sus dosis contra el coronavirus una vez que arranquen los preparativos de las urnas. En marzo comienza el trabajo abocado a esa tarea.
El presidente Alberto Fernández está dispuesto a habilitar el debate sobre las PASO. Para eso, tienen que estar los votos. La mayoría de los gobernadores del peronismo y los mandatarios de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), plantearon en una primera instancia la suspensión de los comicios por única vez. Los argumentos son económicos y sanitarias. En la misma línea, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, también se pronunció con un guiño hacia la postura federal: “Entre gastar en boletas o vacunas, prefiero gastar en vacunas”.
Al sector del Frente de Todos alineado con Cristina Kirchner y La Cámpora nunca terminó de convencer esa opción. En las últimas elecciones, el kirchnerismo presentó precandidatos propios frente a otros sectores del peronismo, lo que le permitió avanzar en poder territorial. Incluso, las PASO suelen convertirse en un incentivo para cerrar acuerdos intrapartidarios y evitar así una confrontación abierta. Por eso, con el correr de las semanas fue creciendo un mayor consenso en el oficialismo para que sean aplazadas a una fecha cercana a septiembre. Ayer explicitó esa idea el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los mandatarios que había sido entusiasta con la suspensión de las primarias. “Tiene que haber consenso opositor”, aclaró.
La propuesta de postergar las PASO había sido presentada el 14 de diciembre del año pasado por el espacio político del senador radical Martín Lousteau, y firmada por los diputados Carla Carrizo, Dolores Martínez y Emiliano Yacobitti. Como en otras leyes, utilizar un proyecto de la oposición le otorga una patina de transversalidad a la tentativa oficial. La mayoría de los legisladores que integran los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) acatarán lo definido por las cúpulas partidarias, que anticiparon su negativa. En caso de ocurrir una votación, podrían dividirse con algunos pronunciamientos minoritarios. Lousteau adelantó que estará en contra de la iniciativa impulsada por los suyos: “No se cambian las reglas en años electorales”, aseguró en una visita a Mar del Plata.
Según pudo saber Infobae de fuentes parlamentarias, apenas hubo algunos intercambios en los bloques del Frente de Todos. Por el momento no hay fecha para avanzar en un tratamiento, ni una decisión orgánica tomada de conjunto. En el Senado, la agenda de esta semana pasará por el tratamiento del nuevo Consenso Fiscal -que permitirá a las provincias subir impuestos locales-, mientras que la siguiente se abordará la elevación del piso mínimo para el pago del Impuesto a las Ganancias a los sueldos brutos de $150.000.
Una eventual modificación electoral requiere de una mayoría simple de 129 diputados y 37 senadores. Aún no se consigue. Las fuerzas que representan el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, son claves ya que representan el 40% del electorado. Y aún cuando prospere una votación favorable en las Cámaras, las 24 legislaturas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que discutir si someten las elecciones provinciales al cronograma electoral nacional. Un esfuerzo de coordinación con intención sanitaria que podría ser obstaculizado en la micropolítica del poder federal.
Con información de
Infobae
