Funes de Rioja (Copal): “Cayeron mal las imputaciones de Comercio Interior”
Jueves 18 de
Febrero 2021
La Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a 11 grandes firmas proveedoras de artículos de consumo masivo por retener volúmenes de producción o falta de entrega, tras encontrar desabastecimientos puntuales en supermercados y comercios.
Las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron imputadas por los motivos aludidos. La acción se realizó “luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior.
En declaraciones a la prensa al término de la reunión del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que si bien el Gobierno apuesta por el diálogo, esa actitud “no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes”.
El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de “desabastecimientos puntuales de algunos productos” en supermercados. “Cuando se requirió por qué no estaba el producto: se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la Secretaría detectó una reducción del volumen de producción” por parte de las empresas proveedoras, explicó.
Según el comunicado oficial, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.
El ministro también señaló que las compañías tienen “posibilidad de descargo”, subrayó que “Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos” y explicó que el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.
En tanto, varias de las firmas imputadas respondieron que todavía no recibieron ningún aviso oficial y evitaron hacer declaraciones. El tono, sin embargo, no era muy positivo y el malestar era evidente. Algunos señalaron que era más una advertencia política que otra cosa.
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que la medida tiene “el objetivo de cuidar el bolsillo de todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores”.
La imputación incluía detalles de cada firma. Por ejemplo, en el caso de Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.
Las imputaciones intiman a las empresas para que “en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.
El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”. El representante empresarial dijo que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento”.
En declaraciones a la prensa al término de la reunión del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que si bien el Gobierno apuesta por el diálogo, esa actitud “no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes”.
El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de “desabastecimientos puntuales de algunos productos” en supermercados. “Cuando se requirió por qué no estaba el producto: se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la Secretaría detectó una reducción del volumen de producción” por parte de las empresas proveedoras, explicó.
Según el comunicado oficial, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.
El ministro también señaló que las compañías tienen “posibilidad de descargo”, subrayó que “Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos” y explicó que el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.
En tanto, varias de las firmas imputadas respondieron que todavía no recibieron ningún aviso oficial y evitaron hacer declaraciones. El tono, sin embargo, no era muy positivo y el malestar era evidente. Algunos señalaron que era más una advertencia política que otra cosa.
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que la medida tiene “el objetivo de cuidar el bolsillo de todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores”.
La imputación incluía detalles de cada firma. Por ejemplo, en el caso de Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.
Las imputaciones intiman a las empresas para que “en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.
El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”. El representante empresarial dijo que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento”.
Con información de
El Economista
