La ONU recibió nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y pidió cesar la persecución a ONGs en Venezuela
Jueves 11 de
Marzo 2021
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, brindó este jueves un discurso dedicado a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad”, denunció la ex presidente de Chile.
“A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, continuó.
Luego subrayó que, “desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria”.
Pese a contar con sólo tres minutos, como ella mismo dijo al comienzo de su intervención, igualmente hizo un repaso por la situación de la economía en la nación petrolera. “Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, explicó.
Y puso el ejemplo de aquellos que debieron abandonar el país y murieron: “La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas”, recordó.
Luego saludó “las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”. Sin embargo, enfatizó en que le “preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial”.
La Alta Comisionada sostuvo que, en este contexto, “la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos. Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, documentó.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares. Tan sólo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”, detalló.
Al respecto, dijo que todo esto “no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.
Por último, se refirió al acto eleccionario de diciembre y dijo que su oficina documentó “al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto. De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones”.
“Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito”, concluyó.
El informe de la ONU
Una misión de la ONU, que denunció el año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, adelantó este miércoles que en el país caribeño se siguen reportando “detenciones arbitrarias”, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.
Marta Valiñas, presidenta de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en la nación sudamericana.
La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, quien espera presentar nuevas “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.
Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.
La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega (que hoy mencionó Bachelet), “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.
El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indica un párrafo de la declaración.
Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.
“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.
Valiñas dijo que su equipo también investigará “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.
“A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, continuó.
Luego subrayó que, “desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria”.
Pese a contar con sólo tres minutos, como ella mismo dijo al comienzo de su intervención, igualmente hizo un repaso por la situación de la economía en la nación petrolera. “Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, explicó.
Y puso el ejemplo de aquellos que debieron abandonar el país y murieron: “La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas”, recordó.
Luego saludó “las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”. Sin embargo, enfatizó en que le “preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial”.
La Alta Comisionada sostuvo que, en este contexto, “la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos. Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, documentó.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares. Tan sólo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”, detalló.
Al respecto, dijo que todo esto “no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.
Por último, se refirió al acto eleccionario de diciembre y dijo que su oficina documentó “al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto. De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones”.
“Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito”, concluyó.
El informe de la ONU
Una misión de la ONU, que denunció el año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, adelantó este miércoles que en el país caribeño se siguen reportando “detenciones arbitrarias”, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.
Marta Valiñas, presidenta de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en la nación sudamericana.
La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, quien espera presentar nuevas “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.
Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.
La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega (que hoy mencionó Bachelet), “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agentes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.
El informe también puso el foco sobre la situación de las detenciones arbitrarias: “Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indica un párrafo de la declaración.
Sin embargo, apuntó, la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”. En esa línea, alertó por “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.
“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.
Valiñas dijo que su equipo también investigará “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.
Con información de
Infobae
