Gildo Insfrán desobedeció un decreto presidencial y anunció que no cambiará su esquema sanitario frente al COVID-19
Por:
Diego Maodery
Lunes 15 de
Marzo 2021
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que no cambiará nada del esquema sanitario provincial a pesar de lo establecido por un decreto nacional que estableció límites a las acciones que pueden emprender los gobiernos de las provincias.
Si bien casi no hay cambios con respecto a las anteriores prórrogas de la DISPO, en esta oportunidad se limitó el poder que tenían los gobernadores para dictar medidas propias para enfrentar el COVID en cada uno de sus distritos. Esta decisión apuntaría especialmente a Formosa, luego de semanas de polémica en torno al trato de la administración de Gildo Insfrán con los formoseños.
Se mantuvo la idea de que los mandatarios provinciales podrán establecer “normas para limitar la circulación por horarios o por zonas”, pero se remarcó que “estas medidas deberán ser temporarias y fundadas, y deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria jurisdiccional”.
Además, el Poder Ejecutivo Nacional aclaró que los gobernadores podrán ordenar el aislamiento de las personas que ingresen a sus territorios provenientes de otras partes del país, solamente “cuando las mismas revistan la condición de ‘caso sospechoso’, la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19 o cuando presenten síntomas de COVID-19 o sean contacto estrecho de quienes padecen la enfermedad”.
En ese sentido, la información dada a conocer por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en conferencia de prensa, en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 del Poder Ejecutivo, sostiene que “teniendo en cuenta los brotes de contagios verificados en la Provincia de Formosa, el contexto crítico de la región geográfica en la que nos encontramos y las competencias propias de la provincia en materia sanitaria, se ratifica la vigencia de todas las medidas y protocolos dispuestos hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña”.
Eso incluye el solicitar una autorización al gobierno para ingresar a suelo formoseño y viajar a la provincia con un PCR negativo. Luego, la persona debe someterse a otro análisis de COVID en instalaciones sanitarias del Estado para luego ser alojado de manera preventiva en un centro de aislamiento por un plazo que varía según el caso entre 2 y 14 días.
También continúan vigentes en Formosa los centros de aislamientos, tanto sanitarios como preventivos, dispuestos a lo largo y ancho de toda la provincia y que fueran cuestionados por alojar muchas veces a personas sin la enfermedad con otros con COVID positivo.
Desde la oposición ya adelantaron que recurrirán a la justicia para hacer cumplir lo establecido por el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, lo que abre un nuevo frente judicial entre los que representan a las personas aisladas o que quieren ingresar a Formosa y el gobierno de Insfrán.
En la noche del domingo las calles del microcentro formoseño fueron ocupadas por miles de vecinos que reclaman “poder trabajar” y el levantamiento de la Fase 1 en la Capital y Clorinda, algo que la administración de Insfrán no está dispuesto a realizar argumentando el aumento de casos positivos de los últimos días.
Actualmente, en la ciudad de Formosa hay 170 casos activos sobre una población de más de 250 mil habitantes.
Fuentes del Gobierno dejaro trascender que el presidente Alberto Fernández le había hecho saber a Insfrán, por vía indirecta, que la imagen del conflicto por la restricciones extremas frente al coronavirus perjudicaba la imagen del Gobierno y la de la propia campaña oficial, en los arranques de la vacunación. También, aún con cierto eufemismo en las versiones, habría indicado la inquietud por las prácticas de “violencia institucional”, en alusión a un cuadro más grave sobre violación de los derechos humanos.
La capital provincial fue el inicio y epicentro de las protestas, que fueron escalando contra el gobernador Insfrán, que está en su quinto periodo de gobierno después de otros dos como vicegobernador.
La represión policial de las protestas no solo generó más movilizaciones sino que también llevó a líderes relevantes de la oposición a hacerse presentes en la provincia para apoyar los reclamos en las calles.
Se mantuvo la idea de que los mandatarios provinciales podrán establecer “normas para limitar la circulación por horarios o por zonas”, pero se remarcó que “estas medidas deberán ser temporarias y fundadas, y deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria jurisdiccional”.
Además, el Poder Ejecutivo Nacional aclaró que los gobernadores podrán ordenar el aislamiento de las personas que ingresen a sus territorios provenientes de otras partes del país, solamente “cuando las mismas revistan la condición de ‘caso sospechoso’, la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19 o cuando presenten síntomas de COVID-19 o sean contacto estrecho de quienes padecen la enfermedad”.
En ese sentido, la información dada a conocer por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en conferencia de prensa, en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 del Poder Ejecutivo, sostiene que “teniendo en cuenta los brotes de contagios verificados en la Provincia de Formosa, el contexto crítico de la región geográfica en la que nos encontramos y las competencias propias de la provincia en materia sanitaria, se ratifica la vigencia de todas las medidas y protocolos dispuestos hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña”.
Eso incluye el solicitar una autorización al gobierno para ingresar a suelo formoseño y viajar a la provincia con un PCR negativo. Luego, la persona debe someterse a otro análisis de COVID en instalaciones sanitarias del Estado para luego ser alojado de manera preventiva en un centro de aislamiento por un plazo que varía según el caso entre 2 y 14 días.
También continúan vigentes en Formosa los centros de aislamientos, tanto sanitarios como preventivos, dispuestos a lo largo y ancho de toda la provincia y que fueran cuestionados por alojar muchas veces a personas sin la enfermedad con otros con COVID positivo.
Desde la oposición ya adelantaron que recurrirán a la justicia para hacer cumplir lo establecido por el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, lo que abre un nuevo frente judicial entre los que representan a las personas aisladas o que quieren ingresar a Formosa y el gobierno de Insfrán.
En la noche del domingo las calles del microcentro formoseño fueron ocupadas por miles de vecinos que reclaman “poder trabajar” y el levantamiento de la Fase 1 en la Capital y Clorinda, algo que la administración de Insfrán no está dispuesto a realizar argumentando el aumento de casos positivos de los últimos días.
Actualmente, en la ciudad de Formosa hay 170 casos activos sobre una población de más de 250 mil habitantes.
Fuentes del Gobierno dejaro trascender que el presidente Alberto Fernández le había hecho saber a Insfrán, por vía indirecta, que la imagen del conflicto por la restricciones extremas frente al coronavirus perjudicaba la imagen del Gobierno y la de la propia campaña oficial, en los arranques de la vacunación. También, aún con cierto eufemismo en las versiones, habría indicado la inquietud por las prácticas de “violencia institucional”, en alusión a un cuadro más grave sobre violación de los derechos humanos.
La capital provincial fue el inicio y epicentro de las protestas, que fueron escalando contra el gobernador Insfrán, que está en su quinto periodo de gobierno después de otros dos como vicegobernador.
La represión policial de las protestas no solo generó más movilizaciones sino que también llevó a líderes relevantes de la oposición a hacerse presentes en la provincia para apoyar los reclamos en las calles.
Con información de
Infobae
