Suba de tarifas: Sin más subsidios, el precio del gas podría aumentar entre 17% y 35%
Lunes 15 de
Marzo 2021
La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17 y 35 por ciento.
“En la actualidad entre el 55,7 y el 60 por ciento del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla en la apertura de la audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Energía para tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo.
La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados, por un lado, en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central. Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.
En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla. “De ese modo, agregó, como dijeron el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), las tarifas irán detrás de los salarios y jubilaciones”.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre 110.586 millones y 132.963 millones de pesos. Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde 36.736 millones de pesos hasta los 56.087 millones, según el escenario que se tome.
“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla. La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30 por ciento del total del sistema.
El resto es lo que demanda Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas, un 40 por ciento; otro 25 por ciento va la industria; y un 5 por ciento se destina al GNC. Videla precisó además que la producción nacional representa el 82 por ciento de la oferta total, el gas boliviano 10 por ciento y el GNL importado 8 por ciento.
Recordó luego que la factura incluye el costo del gas (que representa de 40 a 50 por ciento), el transporte, y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas (nacionales, provinciales y locales, principalmente Ingresos Brutos e IVA) que suman un 30 por ciento. La subsecretaria sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del Presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2 por ciento o el 35 por ciento, según sea el escenario.
Esto implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre 42 por ciento y 63 por ciento, es decir, 8,75 pesos el m3 (en vez de 6,17), y 10,15 pesos el m3 (en resto del país), en vez, de 6,22.
En la situación actual la factura promedio de marzo, para un usuario R31, sin impuestos, es de $ 702 en la distribuidora A y pasaría en julio a 2.160 pesos; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría en julio a 2.653 pesos.. Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a 2.396 pesos o a 2.956 pesos..
Los incrementos podrían ubicarse entonces entre 17 y 23 por ciento si se cumple lo establecido en el Presupuesto, o de 26 a 35 por ciento en caso de que se verifiquen las proyecciones del REM. “En los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”, concluyó Videla.
La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados, por un lado, en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central. Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.
En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla. “De ese modo, agregó, como dijeron el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), las tarifas irán detrás de los salarios y jubilaciones”.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre 110.586 millones y 132.963 millones de pesos. Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde 36.736 millones de pesos hasta los 56.087 millones, según el escenario que se tome.
“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla. La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30 por ciento del total del sistema.
El resto es lo que demanda Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas, un 40 por ciento; otro 25 por ciento va la industria; y un 5 por ciento se destina al GNC. Videla precisó además que la producción nacional representa el 82 por ciento de la oferta total, el gas boliviano 10 por ciento y el GNL importado 8 por ciento.
Recordó luego que la factura incluye el costo del gas (que representa de 40 a 50 por ciento), el transporte, y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas (nacionales, provinciales y locales, principalmente Ingresos Brutos e IVA) que suman un 30 por ciento. La subsecretaria sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del Presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2 por ciento o el 35 por ciento, según sea el escenario.
Esto implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre 42 por ciento y 63 por ciento, es decir, 8,75 pesos el m3 (en vez de 6,17), y 10,15 pesos el m3 (en resto del país), en vez, de 6,22.
En la situación actual la factura promedio de marzo, para un usuario R31, sin impuestos, es de $ 702 en la distribuidora A y pasaría en julio a 2.160 pesos; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría en julio a 2.653 pesos.. Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a 2.396 pesos o a 2.956 pesos..
Los incrementos podrían ubicarse entonces entre 17 y 23 por ciento si se cumple lo establecido en el Presupuesto, o de 26 a 35 por ciento en caso de que se verifiquen las proyecciones del REM. “En los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”, concluyó Videla.
Con información de
El Destape Web
