Las nefastas consecuencias de no cerrar las aulas durante la pandemia en Nicaragua
Por:
FRANCISCO JAVIER SANCHO MÁS
Domingo 28 de
Marzo 2021
La decisión del Gobierno de mantener las clases presenciales ha tenido un impacto negativo en la calidad de la educación y en la salud de alumnos y docentes, pero la población teme denunciar los fallos del sistema debido a la represión en el país
Nicaragua ha sido el único país de América Latina que tomó la decisión de mantener las aulas abiertas para los 1,2 millones de alumnos de primaria y secundaria en el sistema educativo público del país desde el inicio de la pandemia. Exigió la modalidad presencial y desincentivó las medidas de confinamiento en una población general que supera los seis millones de habitantes. La mayoría depende de la economía informal y el país, además, está sumido en una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde hace dos años.
En el informe Covid-19 y educación, elaborado por la Unesco y la Comisión Económica de América Latina y Caribe (Cepal) en agosto del año pasado, se cifraba en 160 millones de estudiantes los que pueden haber dejado de ir a clases en toda América Latina. Y aún hoy hasta 114 millones siguen sin poder acudir. En teoría, no están incluidos los de Nicaragua, pero en la práctica las cosas fueron distintas, según han constatado para este reportaje varios expertos, docentes y alumnos, muchos de los cuales han pedido ocultar sus nombres.
Empezamos por uno de los protagonistas de esta situación. José Salazar tiene 15 años y vive en el Reparto Schick, uno de los barrios con menos recursos de la capital, Managua. Empezó el año escolar en febrero en un colegio público. A pesar de que en ese centro no se pagaba matrícula, su madre, Luz Guido, tomó la decisión de cambiarlo a uno privado de un barrio aledaño, por “el temor de algunas cosas que he visto y me ha contado él”, según Guido. Hacinamiento en las clases y en los transportes públicos, y falta de medidas higiénicas y preventivas son algunas de esas “cosas” a las que se refiere Guido, y que confirma su hijo: “En mi aula (de cuarto de secundaria), estábamos 39 alumnos. Aunque los profesores nos aconsejaban guardar distancia de seguridad, no se podía porque no había espacio”.
El colegio privado al que ahora asiste Salazar cuesta unos 800 córdobas mensuales (alrededor de 19 euros), y junto a los costes de transporte suman 1.200 córdobas (29 euros), lo que supone una cuarta parte, aproximadamente, de lo que gana Guido trabajando sin contrato, como empleada en varios hogares en los que, dependiendo de las horas, su salario oscila entre 42 y 96 euros mensuales. “Estoy más tranquila con mi hijo en el privado” asegura, a pesar del golpe económico.
La diferencia fundamental más allá del gasto, según explica Salazar, es que en el privado ahora las clases son semipresenciales. “Somos 22 alumnos en total, pero vamos en grupos de 11 y, claro, podemos estar a más distancia unos de otros. Alternamos los días. Por ejemplo, esta semana a mi grupo nos toca ir lunes, miércoles y viernes; la siguiente, iremos martes y jueves”.
Para Josefina Vijil, especialista nicaragüense en Educación, la pandemia ha supuesto una tragedia educativa porque ha retrasado ampliamente el objetivo del acceso universal a la educación pública. “En Nicaragua, muchas madres y padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clase para preservar la vida”.
El Ministerio de Educación no ha facilitado hasta la fecha cifras de afectados por la covid-19 en el alumnado y los docentes. Tampoco se encuentran informes detallados sobre el resultado de la decisión tomada sobre el mantenimiento de las aulas abiertas. Para compensar las deficiencias del progreso educativo del alumnado, se pusieron en marcha unas “teleclases”, impartidas en algunos canales nacionales durante los fines de semana para algunos cursos de primaria y secundaria, pero tienen muchas deficiencias, según los expertos. A efectos de valorar el resultado de las medidas adoptadas, se le consultó al Ministerio en varias ocasiones para este artículo, sin recibir respuesta hasta el momento.
Esperanza (cuyo nombre real solicita ocultar) lleva trabajando más de 20 años en centros públicos. Recuerda los primeros momentos de la pandemia. “Aunque en Nicaragua parecía vivirse todo con normalidad, no dejaba de preocuparnos lo que veíamos en las noticias acerca de lo que sucedía en el resto del mundo. Y por haberlo tomado con normalidad, las medidas no me parecieron adecuadas en el sector educativo público. A los maestros se nos exigió seguir asistiendo diariamente en los turnos de mañana y tarde. No se facilitaron los equipos necesarios. Incluso algunos colegas temían usar mascarillas o guantes por alejarse de las recomendaciones oficiales de seguir con normalidad”.
Esperanza oculta su nombre “por el temor a recibir represalias como ya ha sucedido con los médicos del sistema de salud”, decenas de los cuales fueron despedidos tras expresar sus críticas con la falta de medidas adoptadas por el Gobierno durante los meses más duros de pandemia en el país. “Gracias a Dios, la mayoría de los padres fueron precavidos y no enviaron a sus hijos al colegio. En las clases que yo imparto, de noveno y décimo grado, el número de alumnos varía entre 30 y 60 por aula. Durante los primeros meses de la pandemia solo asistió un 25%, aproximadamente. Pero los docentes teníamos que venir al 100%. Por ello, las maestras y maestros nos preocupamos y tratamos de cumplir con un protocolo de seguridad y prevención que nosotras mismas elaboramos”. Ella, incluso, convivió con personas afectadas de coronavirus en su hogar y no pudo aislarse por temor a las represalias.
Con el tiempo, según afirma Esperanza, el Gobierno reconoció un poco el problema e hizo más hincapié en el lavado de manos. “En teoría, existen recomendaciones sanitarias para docentes y alumnos, pero ¿cómo se van a cumplir cuando se permite que en un aula entren, en muchos casos, hasta 60 o más alumnos?”.
En su análisis sobre las consecuencias del cierre de escuelas, la Unesco alerta de numerosos aspectos negativos que van desde el retraso en el desarrollo educativo a efectos nutricionales y hasta el aumento de violencia sexual en el hogar, algo muy a tener en cuenta en contextos tan empobrecidos como el de Nicaragua. Pero la modalidad presencial, en medio de una pandemia, se enfrenta en Nicaragua a escuelas que no cuentan con los medios adecuados para mantener un mínimo de seguridad e higiene. Es difícil “cuando el 45% de las escuelas no tienen ni servicio de agua potable, y en el otro 55% es un sistema deficiente”, declara Jorge Mendoza, que es director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, y actualmente está al frente de la coordinadora de organizaciones que trabajan con la niñez en Nicaragua (Codeni).
Según datos que recibió Mendoza, las autoridades reconocieron, en agosto del año pasado, que la asistencia a clases del sistema público se había reducido un 60%, a pesar de la política seguida por el propio Gobierno de mantener las clases abiertas.
Para Pablo C. (nombre ficticio por las mismas razones antes expresadas), docente de secundaria en un centro público de la capital, Managua, la experiencia de dar clases durante la pandemia fue “estresante”, no solo por el miedo al contagio, sino por cómo recomendar a las alumnas y alumnos que no asistieran a clase, con mensajes subliminales, que no pareciesen contrarios a las directrices gubernamentales. “Un alto porcentaje del alumnado captó el mensaje. En los días de pico, en mi clase, acudieron cinco estudiantes de un total de 35. Y eso, a pesar de que el Ministerio nos impulsaba a llamarlos a todos a clase”.
Durante ese tiempo, continúa Pablo, “hicimos guías de apoyo. No eran clases virtuales. Solo podíamos responder dudas y preguntas por WhatsApp, algo que no estaba dentro de las directrices del Ministerio, pero es lo que hicimos”. Actualmente, según observa el profesor, las medidas de prevención se han relajado bastante. “Las decisiones de las autoridades están muy politizadas, por lo que es difícil valorar imparcialmente las medidas adoptadas en el sistema educativo. La estrategia de las autoridades en minimizar el riesgo o apostar, como decían algunos colegas con posturas más afines al Gobierno, por la autoinmunización me pareció un error. Y para defender esa idea, algunos iban sin mascarilla”.
¿Y cuántos infectados y muertos por covid-19 hay en el país? La disparidad de datos entre las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y la de fuentes independientes es muy grande. Tras un año de pandemia, el Minsa informa de algo más de 6.500 contagios, mientras que el Observatorio Ciudadano de Covid-19, en el que colaboran expertos e investigadores independientes, publica una cifra que es más del doble de la oficial. En el caso de fallecidos, las autoridades los cifra en poco más de 175 y el Observatorio publica más de 3.000. En cuanto a maestros, algunas estimaciones varían entre cerca de 50, según informes internos del Ministerio –que no da datos– y más de 300 muertos que estiman las uniones sindicales del gremio.
Sobre el enfoque del sistema educativo nicaragüense frente al coronavirus, Josefina Vijil estima que “cuando no se reconoce la gravedad del problema, o se minimiza, no se ponen soluciones que permitan la adecuación y la adaptación de la enseñanza a los niveles de los alumnos. El Gobierno no ofreció respaldo ante la realidad de muchísimos niños que quedaron fuera del sistema público. Pero ante la falta de recursos, la mayoría de los padres lo tuvo claro: lo primero fue preservar la vida”.
En el informe Covid-19 y educación, elaborado por la Unesco y la Comisión Económica de América Latina y Caribe (Cepal) en agosto del año pasado, se cifraba en 160 millones de estudiantes los que pueden haber dejado de ir a clases en toda América Latina. Y aún hoy hasta 114 millones siguen sin poder acudir. En teoría, no están incluidos los de Nicaragua, pero en la práctica las cosas fueron distintas, según han constatado para este reportaje varios expertos, docentes y alumnos, muchos de los cuales han pedido ocultar sus nombres.
Empezamos por uno de los protagonistas de esta situación. José Salazar tiene 15 años y vive en el Reparto Schick, uno de los barrios con menos recursos de la capital, Managua. Empezó el año escolar en febrero en un colegio público. A pesar de que en ese centro no se pagaba matrícula, su madre, Luz Guido, tomó la decisión de cambiarlo a uno privado de un barrio aledaño, por “el temor de algunas cosas que he visto y me ha contado él”, según Guido. Hacinamiento en las clases y en los transportes públicos, y falta de medidas higiénicas y preventivas son algunas de esas “cosas” a las que se refiere Guido, y que confirma su hijo: “En mi aula (de cuarto de secundaria), estábamos 39 alumnos. Aunque los profesores nos aconsejaban guardar distancia de seguridad, no se podía porque no había espacio”.
El colegio privado al que ahora asiste Salazar cuesta unos 800 córdobas mensuales (alrededor de 19 euros), y junto a los costes de transporte suman 1.200 córdobas (29 euros), lo que supone una cuarta parte, aproximadamente, de lo que gana Guido trabajando sin contrato, como empleada en varios hogares en los que, dependiendo de las horas, su salario oscila entre 42 y 96 euros mensuales. “Estoy más tranquila con mi hijo en el privado” asegura, a pesar del golpe económico.
La diferencia fundamental más allá del gasto, según explica Salazar, es que en el privado ahora las clases son semipresenciales. “Somos 22 alumnos en total, pero vamos en grupos de 11 y, claro, podemos estar a más distancia unos de otros. Alternamos los días. Por ejemplo, esta semana a mi grupo nos toca ir lunes, miércoles y viernes; la siguiente, iremos martes y jueves”.
Para Josefina Vijil, especialista nicaragüense en Educación, la pandemia ha supuesto una tragedia educativa porque ha retrasado ampliamente el objetivo del acceso universal a la educación pública. “En Nicaragua, muchas madres y padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clase para preservar la vida”.
El Ministerio de Educación no ha facilitado hasta la fecha cifras de afectados por la covid-19 en el alumnado y los docentes. Tampoco se encuentran informes detallados sobre el resultado de la decisión tomada sobre el mantenimiento de las aulas abiertas. Para compensar las deficiencias del progreso educativo del alumnado, se pusieron en marcha unas “teleclases”, impartidas en algunos canales nacionales durante los fines de semana para algunos cursos de primaria y secundaria, pero tienen muchas deficiencias, según los expertos. A efectos de valorar el resultado de las medidas adoptadas, se le consultó al Ministerio en varias ocasiones para este artículo, sin recibir respuesta hasta el momento.
Esperanza (cuyo nombre real solicita ocultar) lleva trabajando más de 20 años en centros públicos. Recuerda los primeros momentos de la pandemia. “Aunque en Nicaragua parecía vivirse todo con normalidad, no dejaba de preocuparnos lo que veíamos en las noticias acerca de lo que sucedía en el resto del mundo. Y por haberlo tomado con normalidad, las medidas no me parecieron adecuadas en el sector educativo público. A los maestros se nos exigió seguir asistiendo diariamente en los turnos de mañana y tarde. No se facilitaron los equipos necesarios. Incluso algunos colegas temían usar mascarillas o guantes por alejarse de las recomendaciones oficiales de seguir con normalidad”.
Esperanza oculta su nombre “por el temor a recibir represalias como ya ha sucedido con los médicos del sistema de salud”, decenas de los cuales fueron despedidos tras expresar sus críticas con la falta de medidas adoptadas por el Gobierno durante los meses más duros de pandemia en el país. “Gracias a Dios, la mayoría de los padres fueron precavidos y no enviaron a sus hijos al colegio. En las clases que yo imparto, de noveno y décimo grado, el número de alumnos varía entre 30 y 60 por aula. Durante los primeros meses de la pandemia solo asistió un 25%, aproximadamente. Pero los docentes teníamos que venir al 100%. Por ello, las maestras y maestros nos preocupamos y tratamos de cumplir con un protocolo de seguridad y prevención que nosotras mismas elaboramos”. Ella, incluso, convivió con personas afectadas de coronavirus en su hogar y no pudo aislarse por temor a las represalias.
Con el tiempo, según afirma Esperanza, el Gobierno reconoció un poco el problema e hizo más hincapié en el lavado de manos. “En teoría, existen recomendaciones sanitarias para docentes y alumnos, pero ¿cómo se van a cumplir cuando se permite que en un aula entren, en muchos casos, hasta 60 o más alumnos?”.
En su análisis sobre las consecuencias del cierre de escuelas, la Unesco alerta de numerosos aspectos negativos que van desde el retraso en el desarrollo educativo a efectos nutricionales y hasta el aumento de violencia sexual en el hogar, algo muy a tener en cuenta en contextos tan empobrecidos como el de Nicaragua. Pero la modalidad presencial, en medio de una pandemia, se enfrenta en Nicaragua a escuelas que no cuentan con los medios adecuados para mantener un mínimo de seguridad e higiene. Es difícil “cuando el 45% de las escuelas no tienen ni servicio de agua potable, y en el otro 55% es un sistema deficiente”, declara Jorge Mendoza, que es director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, y actualmente está al frente de la coordinadora de organizaciones que trabajan con la niñez en Nicaragua (Codeni).
Según datos que recibió Mendoza, las autoridades reconocieron, en agosto del año pasado, que la asistencia a clases del sistema público se había reducido un 60%, a pesar de la política seguida por el propio Gobierno de mantener las clases abiertas.
Para Pablo C. (nombre ficticio por las mismas razones antes expresadas), docente de secundaria en un centro público de la capital, Managua, la experiencia de dar clases durante la pandemia fue “estresante”, no solo por el miedo al contagio, sino por cómo recomendar a las alumnas y alumnos que no asistieran a clase, con mensajes subliminales, que no pareciesen contrarios a las directrices gubernamentales. “Un alto porcentaje del alumnado captó el mensaje. En los días de pico, en mi clase, acudieron cinco estudiantes de un total de 35. Y eso, a pesar de que el Ministerio nos impulsaba a llamarlos a todos a clase”.
Durante ese tiempo, continúa Pablo, “hicimos guías de apoyo. No eran clases virtuales. Solo podíamos responder dudas y preguntas por WhatsApp, algo que no estaba dentro de las directrices del Ministerio, pero es lo que hicimos”. Actualmente, según observa el profesor, las medidas de prevención se han relajado bastante. “Las decisiones de las autoridades están muy politizadas, por lo que es difícil valorar imparcialmente las medidas adoptadas en el sistema educativo. La estrategia de las autoridades en minimizar el riesgo o apostar, como decían algunos colegas con posturas más afines al Gobierno, por la autoinmunización me pareció un error. Y para defender esa idea, algunos iban sin mascarilla”.
¿Y cuántos infectados y muertos por covid-19 hay en el país? La disparidad de datos entre las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y la de fuentes independientes es muy grande. Tras un año de pandemia, el Minsa informa de algo más de 6.500 contagios, mientras que el Observatorio Ciudadano de Covid-19, en el que colaboran expertos e investigadores independientes, publica una cifra que es más del doble de la oficial. En el caso de fallecidos, las autoridades los cifra en poco más de 175 y el Observatorio publica más de 3.000. En cuanto a maestros, algunas estimaciones varían entre cerca de 50, según informes internos del Ministerio –que no da datos– y más de 300 muertos que estiman las uniones sindicales del gremio.
Sobre el enfoque del sistema educativo nicaragüense frente al coronavirus, Josefina Vijil estima que “cuando no se reconoce la gravedad del problema, o se minimiza, no se ponen soluciones que permitan la adecuación y la adaptación de la enseñanza a los niveles de los alumnos. El Gobierno no ofreció respaldo ante la realidad de muchísimos niños que quedaron fuera del sistema público. Pero ante la falta de recursos, la mayoría de los padres lo tuvo claro: lo primero fue preservar la vida”.
Con información de
EL PAÍS
