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Reforma educativa para Chile
Martes 25 de
Marzo 2014
Según su vocero, Bachelet se había comprometido con una reforma educacional integral y estructural para que la educación deje de ser un bien de consumo y sea un derecho social, y los proyectos de Piñera iban en sentido contrario.
El ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, informó temprano ayer lo que ya se sabía con antelación: la presidenta Michelle Bachelet borrará del Congreso Nacional tres proyectos educativos que fueron tramitados durante la administración derechista del ahora ciudadano Sebastián Piñera. “Se ha resuelto suspender la tramitación legislativa de tres proyectos de la administración anterior, que no guardan relación con el espíritu de la reforma educacional de la presidenta Bachelet, dijo el vocero, quien detalló que se trata de las iniciativas de financiamiento de la educación superior, superintendencia de educación y la agencia nacional de acreditación de la educación.”
El movimiento estudiantil originado en 2011, a un año de asumir Piñera, fue una piedra en el zapato para su gestión. Tres ministros del área desahuciados, miles de personas en las calles pidiendo el fin del lucro, educación gratis y de calidad y un sinfín de tomas de recintos educativos y manifestaciones fue el resultado de una política que no encontró nunca puentes de entendimiento con las demandas sociales por más que Piñera abandonara el poder con el 50 por ciento de aprobación. “Es que cuando uno va a un funeral, no hay finados malos”, ejemplificó Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, el propio partido del ex presidente, respecto del estado actual de la derecha chilena tras la estrepitosa derrota frente a Bachelet.
Este escenario propició que la actual inquilina principal de La Moneda, tirara al retrete diversas iniciativas que Piñera no pudo hacer realidad.
“La razón para suspender la tramitación de estos proyectos es, básicamente, porque en primer lugar, contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet. En segundo lugar, porque establecen estándares regulatorios insuficientes, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y en tercer lugar, porque están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social”, agregó Elizalde.
En esta línea, recordó que “la presidenta Bachelet se ha comprometido a una reforma educacional integral y estructural, a un nuevo modelo, en donde la educación deje de ser un bien de consumo y sea un derecho social. Una reforma que se base en los principios de calidad, fin a la segregación y fin al lucro y gratuidad”. Y por si quedaba alguna duda, volvió a reiterar a la oposición que “estos proyectos de ley a los cuales se han hecho referencia no expresan el sentido de la reforma comprometida con la ciudadanía y que fue ratificada en las urnas en tres oportunidades: en las primarias presidenciales, en la primera vuelta y en la segunda... El gobierno mantiene lo bueno de la administración anterior, corrige lo malo y lo novedoso que forma parte del programa de gobierno”.
Respecto de este tema, el presidente del Partido Socialista de Chile, el diputado Osvaldo Andrade, afirmó no tenía sentido seguir con un proyecto que no recogía la aspiración del gobierno y de la ciudadanía.
“La decisión política del gobierno es que aquellos proyectos presentados por la administración del ex presidente Piñera que sean contradictorios con la línea programática del gobierno de Bachelet naturalmente tienen que suspender su tramitación. No tiene sentido seguir con un proyecto que no recoge la aspiración del gobierno.”
Lo anterior se suma a la eliminación del proyecto de ley de obtenciones vegetales (Ley Monsanto, que regula la propiedad intelectual de semillas) y devolver a la Comisión de Educación la iniciativa sobre promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal (ley de carrera docente), las primeras muestras del reemplazo de la agenda legislativa heredada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Aparte de las propuestas mencionadas, el gobierno de Bachelet eliminará iniciativas como el control preventivo de identidad y la que aumenta protecciones legales a policías (apodada “ley mi cabo”). En Salud, se pretende rehacer las reforma a la Ley de Isapres y presentar una reforma a la ley de medicamentos. Respecto de asuntos laborales, se presentará una enmienda al proyecto que busca regular el multirut de las empresas que tienen un mismo controlador, entre otras.
En tanto, desde la Alianza opositora, criticaron la determinación de Bachelet. El jefe de la bancada RN, Leopoldo Pérez, afirmó que con esto, “hay un desprecio de la actividad legislativa y en ese sentido, no vamos a claudicar, a objeto de defender lo que creemos mejor para Chile”. A su vez, la diputada María José Hoffmann (UDI) calificó lo sucedido de “sumamente grave e irresponsable”. Argumentó que “estos proyectos resultaban esenciales para generar políticas de Estado que resguarden la calidad de la educación en nuestro país”.
En cambio, la diputada comunista, Camila Vallejo, aliada del gobierno, respaldó la decisión del gobierno de retirar tres iniciativas legales sobre educación, impulsadas por la administración de Sebastián Piñera. A juicio de la parlamentaria, “estos proyectos, más que ser insuficientes, iban en una dirección contraria al sentido profundo de lo que se plantea en el programa de la Nueva Mayoría”. A modo de ejemplo, la diputada por La Florida explicó que la ley de financiamiento de la educación superior “apostaba a profundizar la lógica de endeudamiento y estaba muy lejos de garantizar la gratuidad”.
Este escenario propició que la actual inquilina principal de La Moneda, tirara al retrete diversas iniciativas que Piñera no pudo hacer realidad.
“La razón para suspender la tramitación de estos proyectos es, básicamente, porque en primer lugar, contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la presidenta Bachelet. En segundo lugar, porque establecen estándares regulatorios insuficientes, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y en tercer lugar, porque están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social”, agregó Elizalde.
En esta línea, recordó que “la presidenta Bachelet se ha comprometido a una reforma educacional integral y estructural, a un nuevo modelo, en donde la educación deje de ser un bien de consumo y sea un derecho social. Una reforma que se base en los principios de calidad, fin a la segregación y fin al lucro y gratuidad”. Y por si quedaba alguna duda, volvió a reiterar a la oposición que “estos proyectos de ley a los cuales se han hecho referencia no expresan el sentido de la reforma comprometida con la ciudadanía y que fue ratificada en las urnas en tres oportunidades: en las primarias presidenciales, en la primera vuelta y en la segunda... El gobierno mantiene lo bueno de la administración anterior, corrige lo malo y lo novedoso que forma parte del programa de gobierno”.
Respecto de este tema, el presidente del Partido Socialista de Chile, el diputado Osvaldo Andrade, afirmó no tenía sentido seguir con un proyecto que no recogía la aspiración del gobierno y de la ciudadanía.
“La decisión política del gobierno es que aquellos proyectos presentados por la administración del ex presidente Piñera que sean contradictorios con la línea programática del gobierno de Bachelet naturalmente tienen que suspender su tramitación. No tiene sentido seguir con un proyecto que no recoge la aspiración del gobierno.”
Lo anterior se suma a la eliminación del proyecto de ley de obtenciones vegetales (Ley Monsanto, que regula la propiedad intelectual de semillas) y devolver a la Comisión de Educación la iniciativa sobre promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal (ley de carrera docente), las primeras muestras del reemplazo de la agenda legislativa heredada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Aparte de las propuestas mencionadas, el gobierno de Bachelet eliminará iniciativas como el control preventivo de identidad y la que aumenta protecciones legales a policías (apodada “ley mi cabo”). En Salud, se pretende rehacer las reforma a la Ley de Isapres y presentar una reforma a la ley de medicamentos. Respecto de asuntos laborales, se presentará una enmienda al proyecto que busca regular el multirut de las empresas que tienen un mismo controlador, entre otras.
En tanto, desde la Alianza opositora, criticaron la determinación de Bachelet. El jefe de la bancada RN, Leopoldo Pérez, afirmó que con esto, “hay un desprecio de la actividad legislativa y en ese sentido, no vamos a claudicar, a objeto de defender lo que creemos mejor para Chile”. A su vez, la diputada María José Hoffmann (UDI) calificó lo sucedido de “sumamente grave e irresponsable”. Argumentó que “estos proyectos resultaban esenciales para generar políticas de Estado que resguarden la calidad de la educación en nuestro país”.
En cambio, la diputada comunista, Camila Vallejo, aliada del gobierno, respaldó la decisión del gobierno de retirar tres iniciativas legales sobre educación, impulsadas por la administración de Sebastián Piñera. A juicio de la parlamentaria, “estos proyectos, más que ser insuficientes, iban en una dirección contraria al sentido profundo de lo que se plantea en el programa de la Nueva Mayoría”. A modo de ejemplo, la diputada por La Florida explicó que la ley de financiamiento de la educación superior “apostaba a profundizar la lógica de endeudamiento y estaba muy lejos de garantizar la gratuidad”.
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