Córdoba
Procesan a policías por datos de sábanas teléfonicas de personas no investigadas
Martes 25 de
Marzo 2014
El Juzgado federal Nº3 de Córdoba procesó al jefe de Delitos Complejos de la Policía, Ariel Ávila, y a otro policía por enviar oficios falsos a empresas de telefonía para obtener información sobre personas que no eran investigadas. De todos modos, no hay ninguna mención en la resolución judicial al objetivo que buscaban los investigados al pedir detalles de sábanas telefónicas a las empresas. En un principio, la sospecha era que supuestamente vendían esa información a investigadores privados o empresas, pero sobre ese punto no hay ningún pronunciamiento.
Sábanas telefónicas
Ávila y Rubén Adrián López fueron procesados por "falsedad ideológica" al considerar que utilizaron oficios de la Justicia, cambiándole datos, aunque no se aclara en la resolución judicial para quiénes obtenían esa información.
En total se computan 48 hechos entre 2008 y 2009, cuando Ariel Ángel Avila era jefe de la División de Análisis e Investigación en las comunicaciones de la Policía (DAIC) y a Rubén Adrián López era adscripto a esa área.
Por los hechos que están procesados, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes entiende que Ávila y López enviaban por su cuenta fax a las empresas telefónicas con pedidos de informes sobre personas o números, mientiendo supuestamente que tenían oficios judiciales que los respaldaban.
Es por eso que están procesados por el delito de falsedad ideológica, que contempla penas de prisión de uno a seis años.
Además, figuran en la causa 14 hechos en que los policías enviaban por fax falsas copias de oficios judiciales que en realidad no existían. Por eso, la fiscal Graciela López de Filoñuk les había imputado el delito de falsificación de instrumento público, pero fueron sobreseídos, porque el juez consideró que la descripción de los hechos no es compatible con ese tipo penal.
La fiscal López ya apeló la resolución y la causa será analizada en el futuro por la Cámara Federal de Apelaciones.
El método
Según el procesamiento, "violando su deber, Ávila y López, insertaron declaraciones falsas en los requerimientos dirigidos a las empresas telefónicas, mediante los cuales obtenían información de acceso restringido de estas empresas, las que sólo respondían a tales requerimientos, en la absoluta creencia de que las órdenes judiciales declaradas en los requerimientos realmente existían".
Además, se agrega, "es dable resaltar que los mismos encartados solicitaban a las empresas de telecomunicaciones, que la respuesta de la información requerida, les fuera enviada via e-mail a sus respectivos correos electrónicos, a los cuales (...) sólo ellos tenían acceso".
"De lo que se desprende claramente que los encartados obraban de manera dolosa, es decir, sabiendo de la falsedad contenida en los oficios que confeccionaban, pretendían mantener dentro de su ámbito de custodia (sus correos electrónicos) la información ilegalmente conseguida", se señala.
En esa época, el jefe de Policía era Alejo Paredes y el titular de Investigaciones Criminales, área de la que dependía Análisis e Investigación, era Sergio Comugnaro.
En noviembre de 2009, la fiscal federal Nº3 Graciela López de Filoñuk había liderado un allanamiento en la Jefatura de la Policía y la casa de López.
La sospecha inicial era que los policías supuestamente solicitaban esos detalles de las sábanas telefónicas para luego vendérselo a expolicías que tienen agencias de seguridad dedicadas a investigar infidelidades o temas relacionados a espionaje empresarial.
En el procesamiento no se consigna para qué supuestamente los policías obtenían los informes telefónicos.
El juez Sánchez Freytes dispuso que se Ávila y López sean embargados cada uno por mil pesos.
Ávila y Rubén Adrián López fueron procesados por "falsedad ideológica" al considerar que utilizaron oficios de la Justicia, cambiándole datos, aunque no se aclara en la resolución judicial para quiénes obtenían esa información.
En total se computan 48 hechos entre 2008 y 2009, cuando Ariel Ángel Avila era jefe de la División de Análisis e Investigación en las comunicaciones de la Policía (DAIC) y a Rubén Adrián López era adscripto a esa área.
Por los hechos que están procesados, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes entiende que Ávila y López enviaban por su cuenta fax a las empresas telefónicas con pedidos de informes sobre personas o números, mientiendo supuestamente que tenían oficios judiciales que los respaldaban.
Es por eso que están procesados por el delito de falsedad ideológica, que contempla penas de prisión de uno a seis años.
Además, figuran en la causa 14 hechos en que los policías enviaban por fax falsas copias de oficios judiciales que en realidad no existían. Por eso, la fiscal Graciela López de Filoñuk les había imputado el delito de falsificación de instrumento público, pero fueron sobreseídos, porque el juez consideró que la descripción de los hechos no es compatible con ese tipo penal.
La fiscal López ya apeló la resolución y la causa será analizada en el futuro por la Cámara Federal de Apelaciones.
El método
Según el procesamiento, "violando su deber, Ávila y López, insertaron declaraciones falsas en los requerimientos dirigidos a las empresas telefónicas, mediante los cuales obtenían información de acceso restringido de estas empresas, las que sólo respondían a tales requerimientos, en la absoluta creencia de que las órdenes judiciales declaradas en los requerimientos realmente existían".
Además, se agrega, "es dable resaltar que los mismos encartados solicitaban a las empresas de telecomunicaciones, que la respuesta de la información requerida, les fuera enviada via e-mail a sus respectivos correos electrónicos, a los cuales (...) sólo ellos tenían acceso".
"De lo que se desprende claramente que los encartados obraban de manera dolosa, es decir, sabiendo de la falsedad contenida en los oficios que confeccionaban, pretendían mantener dentro de su ámbito de custodia (sus correos electrónicos) la información ilegalmente conseguida", se señala.
En esa época, el jefe de Policía era Alejo Paredes y el titular de Investigaciones Criminales, área de la que dependía Análisis e Investigación, era Sergio Comugnaro.
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En el procesamiento no se consigna para qué supuestamente los policías obtenían los informes telefónicos.
El juez Sánchez Freytes dispuso que se Ávila y López sean embargados cada uno por mil pesos.
Con información de
La Voz
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